La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha solicitado formalmente al alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa que los recientes cambios en las concejalías se traduzcan en una gestión urbanística más transparente y orientada al interés general.
En un comunicado remitido a los medios, la plataforma ‘Tarifa No se vende’ expone una serie de actuaciones que, a su juicio, han marcado negativamente la etapa del grupo Nuevos Aires al frente del área de Urbanismo. Entre los principales reproches destacan la falta de acceso a expedientes, la escasa publicación de licencias y proyectos, y la necesidad de que ciudadanos hayan tenido que acudir al Consejo de Transparencia de Andalucía para obtener información pública que consideran debería ser accesible.
Asimismo, critican el fallido intento de adjudicar suelo público a una empresa sin trayectoria conocida en el polémico proyecto conocido como “Gran Parcela”, finalmente paralizado tras una fuerte contestación social y la intervención de la Junta de Andalucía.
La plataforma también denuncia el incumplimiento de la promesa de construir 400 viviendas de protección oficial (VPO), así como un creciente malestar dentro del propio Ayuntamiento, motivado —según indican— por declaraciones inadecuadas hacia el personal funcionario que habrían contribuido a un deterioro del clima laboral.
Otros aspectos señalados por el colectivo incluyen la falta de avances en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), la reducción del carril bici y el agravamiento del problema del aparcamiento, medidas que consideran contrarias a los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno.
Exigen un nuevo rumbo
Ante este panorama, Tarifa No Se Vende propone un giro en la política urbanística del municipio y presenta una batería de medidas con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y garantizar un modelo de desarrollo más sostenible y justo.
Entre las demandas figuran la transparencia total en Urbanismo, la publicación íntegra de licencias de obras en la web municipal, el cumplimiento efectivo de los porcentajes de vivienda protegida, la protección de zonas verdes y del patrimonio arqueológico —incluyendo la incorporación de un arqueólogo municipal—, y el rechazo a cualquier intento de privatizar la gestión urbanística.
Además, reclaman la aceleración del PGOM, una moratoria temporal a nuevas licencias turísticas hasta que se regule su impacto, así como la elaboración de un inventario actualizado de viviendas turísticas en el término municipal.
Finalmente, instan al Ayuntamiento a aprobar y ejecutar sin más demora el Plan Municipal contra el Cambio Climático, en cumplimiento de la legislación andaluza vigente.
Urbanismo con visión de futuro
“Tarifa necesita una política urbanística justa, transparente y participativa, que esté alineada con los retos sociales y medioambientales que enfrentamos como municipio”, concluye el comunicado de la plataforma, que apela al alcalde a ejercer una gestión al servicio del bien común, alejada -según sus palabras- de “intereses particulares”.