La Plataforma Ciudadana Tarifa No Se Vende ha emitido un nuevo comunicado en el que se reafirma en sus denuncias sobre el procedimiento seguido en la retirada de amianto durante las obras de demolición de las antiguas naves y la casa de almadraberos de la fábrica conservera, y reclama que no vuelvan a repetirse presuntas irregularidades en intervenciones de este tipo.
Bajo el lema “El cumplimiento de la Ley no es opcional y la Administración debe velar por ello”, el colectivo sostiene que su actuación responde a un ejercicio de civismo orientado a la defensa de la salud pública, especialmente tras considerar que se han evidenciado carencias en el proceso desarrollado en la parcela del frente litoral.
La asociación ratifica íntegramente la nota pública difundida días atrás y subraya que la labor de la administración local no debe limitarse a la concesión de licencias urbanísticas, sino que ha de implicar una vigilancia activa y rigurosa para garantizar el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad, sobre todo en actuaciones que implican materiales altamente peligrosos como el amianto.
En este sentido, la plataforma recuerda que la proximidad de la obra a dos centros educativos exige una presunción de riesgo extremo, tal y como establece la normativa vigente. Según indica el colectivo, se habría omitido la obligación de informar a las direcciones de ambos centros sobre el calendario de trabajos y las medidas de seguridad adoptadas, una comunicación que consideran esencial para proteger al alumnado y al conjunto de la comunidad escolar.
Asimismo, la organización denuncia un presunto incumplimiento del deber de publicidad de la actuación. A su juicio, la colocación de un cartel genérico de advertencia resulta insuficiente para una obra de esta envergadura. Señalan la ausencia de un cartel informativo completo y visible que incluya datos como el emplazamiento exacto, el nombre del promotor, la empresa constructora, la dirección facultativa responsable de la coordinación de seguridad y salud y el número de licencia. Esta falta de información pública, sostienen, refuerza su reclamación de mayor transparencia.
En relación con la ejecución técnica, la plataforma apunta que podría haberse vulnerado el orden de actuación previsto en la normativa, que prohíbe el derribo general sin un desmontaje previo y manual de los elementos con amianto. Además, alude a imágenes difundidas por un medio digital local en las que, según su interpretación, se observaría a un operario manipulando materiales sin los equipos de protección individual obligatorios, lo que podría suponer una infracción del Real Decreto 396/2006. También advierten de que la permanencia de materiales retirados y simplemente precintados en la parcela podría contravenir lo establecido en el Reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (RGLISTA), que exige la gestión de residuos peligrosos mediante carga directa y retirada inmediata.
Por otro lado, el colectivo manifiesta su preocupación ante la aparente ausencia de captadores de aire en la linde con los centros educativos y la falta de protocolos de riego constante para evitar la dispersión de fibras. En este contexto, defienden que su denuncia ha sido un acto de responsabilidad ante lo que consideran una vigilancia administrativa insuficiente.
La plataforma concluye que continuará exigiendo al Ayuntamiento que ejerza plenamente su autoridad para garantizar que el riesgo sea cero en cualquier actuación relacionada con amianto, insistiendo en que el cumplimiento estricto de la legalidad y la protección de la salud pública deben prevalecer sobre cualquier interés urbanístico o urgencia en la ejecución de obras.