El resultado es una sociedad que, con demasiada frecuencia, exculpa a los culpables por afinidad, cercanía o simpatía, y convierte en virtud aquello que censuraría si lo protagonizara el adversario.
Resulta llamativo lo ligeros que son algunos a la hora de justificar lo injustificable cuando quien ha cometido la acción reprochable les toca de cerca. De repente, hechos que merecen censura social e incluso condena judicial encuentran explicación, comprensión y hasta disculpa. Parece que la gravedad de los actos depende menos de lo sucedido que de quién los haya protagonizado.
Si un joven conduce bajo los efectos del alcohol y provoca un accidente que cuesta la vida a una persona, enseguida aparecen quienes apelan a la compasión: “era un buen chico”, “una buena chica”, “simplemente se tomó unas copas de más”. Como si el hecho de ser una persona apreciada eliminara la responsabilidad de haber decidido conducir sabiendo perfectamente que el alcohol reduce las capacidades y pone en peligro la vida de los demás.
Lo mismo ocurre cuando alguien, llevado por la ira o la frustración, intenta agredir a otra persona o incluso va más allá. No faltan quienes buscan atenuantes inmediatos: “debía estar muy mal para hacer algo así”. Puede que lo estuviera, pero la desesperación, la tristeza o la frustración no convierten la violencia en algo aceptable. Cuando una persona se encuentra al límite, lo razonable es pedir ayuda profesional, acudir a un psicólogo o apoyarse en su entorno, no descargar su sufrimiento sobre terceros inocentes.
También se justifican los robos, los fraudes y toda clase de comportamientos deshonestos cuando los protagonizan familiares, amigos o personas cercanas. Sin embargo, quienes muestran esa indulgencia suelen presentarse después como ciudadanos ejemplares, siempre dispuestos a señalar con el dedo acusador a los demás. Exigen responsabilidad pública mientras se dejan arrastrar por rumores y bulos difundidos en las redes sociales. Critican a los políticos por corrupción o favoritismo, pero no dudan en pedir favores personales cuando tienen ocasión. Y si el político se niega a participar en el trato de favor, entonces concluyen que “todos son iguales” y que “todos son malos”.
Algo parecido sucede cuando se pretende presentar intereses particulares como si fueran intereses generales. Hay quienes contemplan una reunión entre responsables públicos y grupos empresariales con intereses económicos claramente definidos y la interpretan automáticamente como una actuación encaminada al bien común. No se cuestionan los objetivos perseguidos ni los beneficios concretos que puedan derivarse para quienes participan en ella; basta con que los protagonistas sean afines para dar por hecho que todo responde al interés general. Sin embargo, una sociedad madura debería ser capaz de distinguir entre lo que beneficia al conjunto de los ciudadanos y lo que responde, legítimamente o no, a los intereses específicos de determinados grupos de poder.
La contradicción alcanza incluso a las convicciones morales y religiosas. Se cuestionan y critican aquellas creencias que se perciben como lejanas, mientras que las que se consideran propias o cercanas se ignoran sistemáticamente cuando exigen coherencia, sacrificio o responsabilidad personal.
El resultado es una sociedad que, con demasiada frecuencia, exculpa a los culpables por afinidad, cercanía o simpatía, y convierte en virtud aquello que censuraría si lo protagonizara el adversario. Una sociedad donde la empatía mal entendida se transforma en excusa, donde los intereses particulares se disfrazan de interés general y donde la responsabilidad individual parece negociable según quién ocupe el banquillo. Y, sin embargo, la justicia, la ética y la convivencia solo pueden sostenerse sobre un principio elemental: los actos deben juzgarse por lo que son, no por quién los comete.