Los informes concluyen que, aunque parte del vallado fue autorizado con posterioridad y bajo condiciones estrictas, los trabajos forestales y de alteración del suelo no estaban amparados por ninguna autorización del Parque Natural del Estrecho, ni se correspondían con las actuaciones previstas en el Plan de Prevención de Incendios aprobado para la finca. La propuesta de resolución contempla una sanción económica total de 1.650 euros, además de la obligación de reparar e indemnizar los daños ambientales ocasionados.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha formulado una propuesta de resolución sancionadora por actuaciones no autorizadas realizadas dentro del Parque Natural del Estrecho, en la finca Las Canchorreras, situada en el término municipal de Tarifa. El procedimiento se inició tras una denuncia presentada por AGADEN–Ecologistas en Acción, colectivo que alertó el pasado marzo de posibles vulneraciones de la normativa ambiental en este espacio natural protegido.
A raíz de la denuncia, Agentes de Medio Ambiente realizaron una inspección técnica en la finca, constatando la ejecución de un vallado perimetral y la realización de movimientos de tierra en suelo incluido dentro del parque natural, sin contar con la preceptiva autorización ambiental. Las actuaciones afectaron directamente al terreno y a especies forestales protegidas, como acebuches y palmitos, cuya recuperación puede requerir varias décadas.
Los informes técnicos incorporados al expediente concluyen que, aunque parte del vallado fue autorizado con posterioridad y bajo condiciones estrictas, los trabajos forestales y de alteración del suelo no estaban amparados por ninguna autorización del Parque Natural del Estrecho, ni se correspondían con las actuaciones previstas en el Plan de Prevención de Incendios aprobado para la finca. Tampoco constaba la tramitación de un plan de autoprotección que justificara dichas intervenciones.
Las actuaciones se llevaron a cabo además en un entorno de alto valor patrimonial y arqueológico, donde existen tumbas antropomorfas y estructuras megalíticas catalogadas, lo que incrementa la gravedad de los hechos al desarrollarse en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental y cultural.
La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente considera que los hechos constituyen infracciones graves tanto de la legislación de espacios naturales protegidos como de la normativa forestal andaluza, al haberse ejecutado obras y trabajos sin autorización en un espacio sometido a un régimen especial de protección. La propuesta de resolución contempla una sanción económica total de 1.650 euros, además de la obligación de reparar e indemnizar los daños ambientales ocasionados.
Desde AGADEN–Ecologistas en Acción se subraya que este caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la vigilancia y el cumplimiento estricto de la normativa ambiental dentro de los parques naturales, recordando que ninguna actuación privada puede situarse por encima de la protección de un patrimonio natural que es de toda la ciudadanía.
El procedimiento administrativo continúa ahora su tramitación, quedando abierto el plazo legal de alegaciones antes de que se dicte la resolución definitiva.