Catalina García se reunió en Tarifa con el alcalde y responsables del proyecto para respaldar esta iniciativa de investigación aplicada. El Plan de Gestión de la Biomasa del Alga Asiática impulsará soluciones innovadoras frente a una especie que daña al ecosistema, la pesca y el turismo y dentro de un plan estratégico que busca convertir una amenaza ecológica en oportunidad.
Una escena que se repite demasiados veranos, las playas repleta de arribazones del alga asiática invasora/Shus Terán
La Junta de Andalucía ha dado luz verde a un proyecto científico inédito que permitirá estudiar los posibles usos agrícolas del alga invasora Rugulopteryx okamurae, una especie exótica que desde hace años coloniza las costas andaluzas y causa graves perjuicios ecológicos, pesqueros y turísticos. Esta autorización, anunciada por la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, representa el primer paso desde la aprobación de la Estrategia Nacional contra esta especie en 2023.
Durante una reunión celebrada en Tarifa con el alcalde José Antonio Santos, investigadores y representantes locales, García detalló que el proyecto consistirá en la recogida controlada de arribazones (restos orgánicos acumulados en la costa) del alga, exclusivamente con fines científicos. El objetivo: explorar su potencial como fertilizante y bioestimulante sostenible para la agricultura.
“Se trata del primer proyecto autorizado en Andalucía que permitirá estudiar con rigor y en condiciones controladas la posible reutilización agrícola de esta biomasa, algo crucial para afrontar el problema desde una perspectiva innovadora y sostenible”, afirmó García.
La iniciativa, impulsada por la Sección de Educación Permanente de Tarifa y respaldada científicamente por el Instituto Andaluz de Biotecnología y Desarrollo Azul de la Universidad de Málaga, tendrá lugar en playas de Tarifa y Algeciras. El alga será transportada a una finca de Castellar de la Frontera, donde se procederá a su fermentación e inactivación biológica para evitar cualquier riesgo de reproducción o dispersión.
Las condiciones de recolección son estrictas: no se podrá intervenir sobre el alga viva ni dañar el ecosistema marino o especies protegidas, como la Patella ferruginea. Según la consejera, este enfoque permite conjugar la protección ambiental con la investigación aplicada y la economía circular. “Convertimos un residuo problemático en una oportunidad para la agricultura sostenible”, explicó.
El proyecto cuenta con una vertiente educativa significativa, con la participación de estudiantes del programa ‘Algas marinas del Estrecho’. Las alumnas Mariluz Caballero y Luz Pelayo estuvieron presentes en la presentación, como ejemplo del compromiso social y formativo de la iniciativa.
García aprovechó su visita para destacar que este piloto se inscribe en el Plan de Gestión frente al alga Rugulopteryx okamurae que la Junta de Andalucía está ultimando. Este plan, que será remitido al Gobierno central para su aprobación, incluye medidas estratégicas como la investigación científica, la vigilancia de la expansión de la especie, la concienciación social y la gestión segura de la biomasa.
“El alga asiática está provocando un daño incalculable al ecosistema del Estrecho y a sectores clave como la pesca y el turismo. Esta especie invasora requiere una respuesta estructurada, basada en el conocimiento y la colaboración entre instituciones”, subrayó la consejera.
La consejera flanqueada por el alcalde Pepe Santos y Antonio Vegara, junto a otros responsables del Consistorio, la Junta y el proyecto/TAD.
Procedente del Pacífico, la Rugulopteryx okamurae ha proliferado en el litoral andaluz, especialmente en la zona del Estrecho de Gibraltar, generando serios costes de limpieza y afectando a la biodiversidad y la actividad económica local. En este contexto, el proyecto autorizado representa un cambio de paradigma: en lugar de gestionar el alga como un residuo costoso, se busca su valorización como recurso.
Paralelamente, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) también investiga el uso agrícola de esta especie, sumando esfuerzos a nivel autonómico para hallar soluciones viables.
García pidió mayor implicación del Gobierno central, reclamando una reforma normativa que facilite el uso controlado de esta biomasa, así como un fondo estatal para apoyar a los municipios costeros y al sector pesquero, hasta ahora los más perjudicados por la invasión del alga.
“La legislación europea ya contempla excepciones para proyectos científicos y de interés público. Hemos abierto una vía legal y segura para dar una segunda vida a esta especie invasora. Ahora, el Estado debe colaborar con financiación y apoyo normativo”, insistió.
El proyecto tendrá vigencia inicial hasta diciembre de 2035, aunque podrá ser cancelado si se detectan incumplimientos o riesgos ambientales. El equipo investigador está obligado a presentar informes anuales y coordinar todas sus acciones con los servicios ambientales de la Junta.
La consejera concluyó su intervención destacando el valor social del proyecto: “Este es un ejemplo de cómo desde la educación pública, con el respaldo de la universidad y el compromiso institucional, se pueden impulsar soluciones reales a los grandes desafíos ambientales”.
Con este paso, Andalucía se posiciona a la vanguardia de la investigación aplicada frente a especies invasoras, buscando transformar una amenaza en una oportunidad para la sostenibilidad y la innovación.