
En política existe una peligrosa tendencia a confundir el gesto con el resultado, la puesta en escena con la solución real. Se celebra el inicio como si fuera ya el final, se sacraliza la foto de la línea de salida mientras se evita, con suma prudencia, hablar de la meta. Pero gobernar no es inaugurar, ni posar, ni derribar edificios para que las cámaras capten el polvo suspendido en el aire. Gobernar es llegar, cumplir y responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
Desde esta tribuna queremos dejar algo claro desde el principio: nos congratulamos de que existan planes de viviendas sociales. Cualquier iniciativa encaminada a ampliar el parque público es, en esencia, positiva. Ahora bien, la vivienda no puede tratarse como un logro político ni como material publicitario. La vivienda es una necesidad básica, un derecho social, no un trofeo que exhibir ni una promesa que lanzar al viento. Y precisamente por eso no se puede vender la piel del oso antes de haberlo cazado, ni utilizar las expectativas de la ciudadanía como moneda de cambio en la contienda política.
Como en una carrera de fondo, lo decisivo no es cómo se empieza, sino cómo se termina. La victoria no se mide por la promesa ni por la pancarta, sino por el impacto concreto en la vida de las personas. Sin embargo, nuestros gobernantes locales parecen instalarse cómodamente en el entusiasmo del inicio, en el regodeo público de un proyecto que aún no existe más allá del solar y de la nota de prensa.
El reciente alarde institucional por el comienzo de la construcción de 59 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler es un ejemplo paradigmático de esta política de escaparate. Se vende como un gran hito lo que, en términos reales, es apenas una gota en un océano de necesidad. El registro municipal oficial de demandantes de vivienda supera ampliamente las 1.000 familias. Mil hogares que esperan, que resisten, que no salen en la foto y que no reciben titulares optimistas, pero que existen y padecen.
Más aún, el relato triunfalista oculta datos incómodos. Donde antes se anunciaron 97 viviendas, ahora se celebran 59. Donde se prometía una solución estructural, se ofrece un modelo limitado, temporal y con carencias habitacionales evidentes. No se trata de viviendas concebidas para garantizar estabilidad y proyecto de vida, sino de soluciones subgéneris, destinadas a un número muy reducido de personas, mientras la mayoría sigue condenada a la espera indefinida.
Para llegar a este punto, además, se ha desalojado a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollaban su labor en los edificios demolidos. Entidades que cumplían una función social real, concreta y diaria, sacrificadas en nombre de un futuro que aún no existe. Porque no vale todo sin importar el modo. El fin no puede justificar los medios, y menos aún cuando se trata de políticas sociales que afectan directamente a colectivos vulnerables.
Resulta igualmente preocupante la tendencia a culpar siempre a terceros de la incapacidad para desarrollar planes o proyectos propios. La herencia recibida, la administración superior o la coyuntura económica se convierten en excusas recurrentes para justificar retrasos, recortes o incumplimientos. Gobernar implica asumir responsabilidades, no repartir culpas de manera permanente.
Además, cualquier proyecto de vivienda futura debe contar, antes de su anuncio público, con garantías básicas e irrenunciables. Hablamos de recursos hídricos suficientes, de una financiación completamente asegurada —no vaya a ser que la propaganda política termine saliendo a todos los tarifeños por un ojo de la cara—, de plazos realistas y verificables y de un modelo sostenible a largo plazo. No se puede improvisar ni construir castillos en el aire cuando lo que está en juego es el acceso a un derecho fundamental.
Cuando un gobernante posa sonriente frente a una excavadora o ante un edificio en ruinas, lo que realmente está diciendo es que para destruir sí hay eficacia, medios y voluntad. Para construir, para cumplir y para responder al problema estructural de la vivienda, habrá que esperar. Y mientras tanto, se sigue jugando peligrosamente con las ilusiones y, sobre todo, con las necesidades urgentes de la ciudadanía.
La política que se conforma con la foto de salida no es valentía ni compromiso: es marketing. Es una careta de cara a la galería, un ejercicio de autocomplacencia que ignora deliberadamente la dimensión real del problema. Porque la verdadera grandeza de un responsable público no se mide por la emoción del anuncio, sino por la honestidad del resultado.
Así que la próxima vez que veamos a un político celebrando el inicio de una obra como si fuera una conquista histórica, conviene recordar algo esencial: la foto que importa no es la del primer día, sino la de la llegada a meta. Y, sobre todo, quiénes llegan a ella. Porque hasta entonces, para demasiadas familias, la vivienda sigue siendo solo una promesa sin techo.

Completamente de acuerdo, lo importante es llegar a la meta. Antes hay que salir