En Tarifa, la educación pública atraviesa uno de esos momentos en los que la realidad desmiente el discurso oficial. No hace falta acudir a grandes informes: basta con escuchar a las trabajadoras de la Escuela Infantil Virgen de la Luz, a las familias del CEIP Campiña de Tarifa o a los equipos directivos que reclaman, desde hace años, un Equipo de Orientación Educativa propio para el municipio.
Tres frentes distintos, un mismo patrón: la Junta responde con normativa en la mano y oídos cerrados a lo que ocurre dentro de las aulas.
En la escuela infantil, la plantilla ha tenido que llegar a la huelga para denunciar algo tan básico como la falta de personal suficiente para atender con garantías a un número creciente de menores, muchos con necesidades específicas. La respuesta oficial se limita a afirmar que “se cumplen las ratios”. Como si educar fuese cuadrar una tabla y no cuidar, acompañar y garantizar seguridad y atención real a niños de 0 a 3 años.
En Tahivilla, la retirada del servicio de PTIS que garantizaba la atención diaria a un menor con discapacidad ha dejado a una familia sola ante un problema que debería estar blindado por el sistema público. Cuando un recurso esencial desaparece y no hay alternativa clara, el mensaje es demoledor: la inclusión depende más de la insistencia familiar que del compromiso institucional.
Y, mientras tanto, Tarifa sigue sin contar con un equipo de orientación propio que atienda a los centros repartidos por un término municipal enorme. La negativa reiterada a crearlo obliga a fragmentar la atención entre otros municipios, dificultando la respuesta ágil y cercana que requieren alumnos, docentes y familias.
Lo preocupante no es solo cada caso por separado, sino la sensación de fondo: la educación pública se está gestionando desde el despacho, no desde la realidad de los centros.
En este contexto, el papel del Partido Popular de Tarifa resulta especialmente llamativo. Sus portavoces repiten que están “al lado de las demandas educativas”, pero cuando esas demandas dependen del gobierno autonómico del Partido Popular, el tono baja, las exigencias se diluyen y la firmeza desaparece. Mucha cercanía en el discurso local y demasiada prudencia cuando toca señalar responsabilidades hacia arriba.
No se trata de pedir privilegios para Tarifa. Se trata de exigir lo que cualquier comunidad debería tener garantizado: personal suficiente en infantil, apoyos estables para el alumnado con necesidades especiales y un sistema de orientación cercano y propio. Nada extraordinario. Nada ideológico. Simplemente, educación pública de calidad.
Porque cumplir un decreto no siempre significa cumplir con las personas. Y en Tarifa, hoy, demasiadas familias y profesionales sienten que la Junta atiende la educación “por decreto”, mientras la realidad educativa del municipio sigue esperando respuestas que no llegan.