Desde AVANZA consideran “inadmisible” que en pleno siglo XXI se sigan ejecutando obras públicas sin integrar la accesibilidad universal como un principio esencial del diseño. La asociación exige a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Tarifa que adopten medidas correctoras para garantizar la igualdad de uso de este espacio público.
Tarifa vuelve a revivir una polémica ya conocida. La reciente actuación puerto-ciudad ejecutada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) en el muelle del Santo, en el tramo del paseo marítimo María Coronel con vistas a La Caleta y al Estrecho, ha sido presentada como una obra de embellecimiento y mejora de un enclave privilegiado. Sin embargo, para las personas con movilidad reducida, y en especial para quienes se desplazan en silla de ruedas, la reforma supone un nuevo retroceso en accesibilidad. Así lo ha denunciado públicamente la Asociación AVANZA, que habla abiertamente de discriminación y exclusión.
La actuación, con una inversión de 415.000 euros, se extiende a lo largo de 205 metros de paseo junto al mar e incluye nuevo pavimento, bancos y papeleras, palmeras de gran porte, 195 metros de nueva balaustrada de granito —más alta que la anterior de hormigón—, dos nuevos pasos de peatones y un mirador de madera situado a la altura de la desembocadura del túnel del arroyo de Tarifa, elemento patrimonial rehabilitado en 2022. El mirador incorpora una imagen panorámica explicativa de los puntos geográficos visibles en la otra orilla del Estrecho, además de nuevas luminarias LED y la recuperación de una franja de aparcamientos.
El paseo fue inaugurado oficialmente por el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, y el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, acompañados por representantes del equipo de gobierno municipal, la oposición y personal del puerto. Durante el acto, Landaluce calificó el espacio como “un auténtico espectáculo” y anunció nuevas iniciativas conjuntas entre el puerto y el Ayuntamiento para poner en valor la zona de La Caleta hasta la Caseta del Náufrago. El alcalde, por su parte, animó a los tarifeños a visitar el nuevo paseo asegurando que “se van a llevar una sensación única”.
Sin embargo, esa “sensación única” no es compartida por todos. AVANZA ha denunciado que la remodelación se ha ejecutado sin respetar criterios básicos de accesibilidad, pese a la vigencia de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Durante una visita reciente, la asociación ha constatado varias barreras arquitectónicas que impiden el uso y disfrute del espacio por parte de personas usuarias de sillas de ruedas.
Entre las principales deficiencias señaladas se encuentra la elevación excesiva de la nueva balaustrada de granito, que ahora impide disfrutar plenamente de las vistas a La Caleta, dejando visible únicamente una franja mínima del mar para quienes se desplazan en silla de ruedas. A ello se suma la altura inadecuada del mirador y la inaccesibilidad de la parte alta del túnel del arroyo, a la que solo se puede acceder mediante escaleras.
Desde AVANZA consideran “inadmisible” que en pleno siglo XXI se sigan ejecutando obras públicas sin integrar la accesibilidad universal como un principio esencial del diseño. La asociación exige a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Tarifa que adopten medidas correctoras para garantizar la igualdad de uso de este espacio público.
Lo más llamativo es que esta situación no es nueva. Ya en 2013, tras la inauguración de una anterior actuación en el Muelle de El Santo y en el mismo paseo —con una inversión cercana a los 400.000 euros—, diversos colectivos ciudadanos denunciaron la existencia de barreras arquitectónicas que impedían el paso a personas con movilidad reducida. Aquella polémica empañó el discurso oficial de “apertura al pueblo” y obligó, con el paso del tiempo, a plantear ajustes para paliar las deficiencias detectadas.
Doce años después, la historia parece repetirse. Para los colectivos sociales, la sensación es clara: la Autoridad Portuaria vuelve a tropezar dos veces con la misma piedra, priorizando la estética y la imagen institucional frente a la accesibilidad y la normalización de las personas con movilidad reducida en un espacio que, por definición, debería ser de todos.