Nuevos Aires Tarifa, ha acusado al PSOE de lanzar una campaña basada en “mentiras y bulos” para, según afirma, “confundir y engañar a la ciudadanía”. Benítez sostiene que los socialistas y algunas plataformas vecinales están intentando paralizar las políticas de vivienda, poniendo obstáculos constantes y frenando el progreso del municipio.
En el marco del ultimo encuentro con la ciudadanía que estuvo dedicado a la vivienda, el PSOE de Tarifa ha subrayado su defensa “de un modelo y política de viviendas protegidas que beneficien a quién más lo necesite” en lugar de lo que promueve el nuevo decreto de Decreto-ley de la Junta de Andalucía sobre viviendas protegidas, impulsado por el Partido Popular y respaldado por NAT, que realmente esconde una operación política que pone al servicio de la especulación un derecho fundamental y constitucional: el acceso a una vivienda digna. Un derecho que nació para proteger a las familias con menos recursos y que ahora se ve distorsionado para favorecer a quienes más tienen.
Mientras PP y NAT intentan presentar como un éxito la adhesión al Decreto-ley 1/2025 —aprobado en febrero y en vigor desde marzo— lo cierto es que su incorporación llega con un año de retraso. Si realmente hubieran querido favorecer la promoción de viviendas protegidas, este gobierno local no habría esperado tanto para sumarse. Pero lo más preocupante no es la demora, sino el modelo de vivienda protegida que promueven: un modelo que deja atrás a la clase media y trabajadora de Tarifa y abre la puerta a que las VPO sean adquiridas por rentas altas.
Con la subida de los módulos de VPO y del coeficiente, como reclamaba el equipo de gobierno de PP y NAT, el precio de una vivienda protegida se encarece un 65% con respecto a los precios máximos que se tenía antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2025. De tal forma que una vivienda protegida de 70 m2 puede rondar los 200.000 euros, una cifra completamente inaccesible para la mayoría de las familias tarifeñas. Para poder optar a estas promociones, la Junta permite ahora ingresos de hasta 58.000 euros al año, lo que equivale más de 4.000 euros mensuales. Frente a ello, los datos son claros: la renta media bruta en Tarifa ronda los 25.000 euros anuales. Es decir, el nuevo decreto no amplía el acceso a más familias vulnerables, como afirma el gobierno local, sino que estrecha todavía más el paso a quienes realmente necesitan una vivienda protegida. Quien tiene ingresos muy por encima de la media podrá acceder a una VPO diseñada originalmente para quienes menos tienen o no pueden acceder a las viviendas de renta libre; por lo tanto, las familias trabajadoras seguirán sin alternativas.
El despropósito es aún mayor cuando el PP reduce de 30 a solo 7 años el tiempo mínimo en el que una VPO debe mantenerse protegida para impedir su venta. Esto significa que alguien con una renta alta podrá comprar una vivienda protegida y venderla apenas siete años después, generando un mercado especulativo que destruye por completo el sentido original de las VPO. A esto se suma la conversión de suelos no residenciales en suelo para vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento, una herramienta hecha a medida para operaciones urbanísticas con un claro sesgo especulador.
Mientras tanto, la situación real de la vivienda en Tarifa continúa estancada y abandonada a su suerte:
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La promoción de 55 viviendas en Albacerrado permanece paralizada por una doble inmatriculación, que el gobierno local utiliza como excusa para no avanzar, cuando se le ha ofrecido una alternativa para desbloquear la situación.
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La promoción de 30 viviendas en El Olivar, a plena disposición, tampoco recibe respuesta.
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Las 97 viviendas del Matadero, prometidas una y otra vez como “inminentes”, actualmente sólo disponen del proyecto de demolición y básico, por lo que aún no se ha adjudicado la empresa de ejecución, no tienen proyecto de ejecución y siguen sin financiación garantizada: solo se dispone de 3 millones, de los 11 necesarios, gracias a fondos procedentes del Gobierno de España y gestionados por la Junta, que deben ejecutarse antes de finalizar 2026 para no tener que devolverse.
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El suelo para 76 viviendas protegidas en el sector promovido por Metrovacesa, que este equipo de gobierno de PP y NAT aún no ha conseguido iniciar el proceso de urbanización.
Frente a esta deriva, el PSOE de Tarifa defiende un modelo urbanístico centrado en la protección social y en el acceso real y justo a la vivienda. Un modelo que no convierta las VPO en un negocio, ni la necesidad de un hogar en una oportunidad especulativa. Denunciamos que el decreto de la Junta, lejos de solucionar la emergencia habitacional, abre un mercado para rentas altas y cierra la puerta a las familias tarifeñas que más necesitan apoyo público.
La vivienda es un derecho, no un producto financiero. Y Tarifa merece políticas públicas serias, transparentes y pensadas para su gente, no para quienes solo ven en el urbanismo un negocio.
Nuevos Aires Tarifa responde y acusa al PSOE de desinformar
Tras la denuncia socialista, el delegado de Vivienda, Jorge Benítez, en representación de Nuevos Aires Tarifa, ha acusado al PSOE de lanzar una campaña basada en “mentiras y bulos” para, según afirma, “confundir y engañar a la ciudadanía”. Benítez sostiene que los socialistas y algunas plataformas vecinales están intentando paralizar las políticas de vivienda, poniendo obstáculos constantes y frenando el progreso del municipio.
NAT afirma que el PSOE “nunca apostó por la vivienda protegida”, recordando que en los casi ocho años que gobernó “no se construyó ni una sola VPO”, salvo un intento fallido de 55 viviendas cuya situación aseguran que detallarán próximamente. Critican también que el PSOE acuse al actual gobierno de especulación por aplicar el Decreto 1/2025 cuando —señalan— municipios socialistas como San Roque, Rota o San Fernando sí lo están utilizando.
Según la delegación de Vivienda, la adhesión al decreto autonómico no se retrasó por falta de voluntad política, sino porque el Ayuntamiento priorizó el avance del proyecto de las 97 viviendas del Matadero, sometidas a plazos muy ajustados y no afectadas por este decreto.
Benítez reafirma el “compromiso firme” del gobierno local con la vivienda protegida y anuncia que en los próximos días se difundirán materiales audiovisuales explicativos para “ofrecer información veraz y desmontar los mensajes del PSOE”.
