Rosa Quintana traslada al Gobierno local las iniciativas populares en Congreso y Parlamento Europeo para afrontar una invasión que obliga a los ayuntamientos a asumir el coste de su retirada. En los últimos cinco años, las ayudas provinciales para afrontar los efectos del alga superan los 1,8 millones de euros.
La búsqueda de una salida al alga asiática que cada temporada invade las playas del litoral tarifeño pasa, según el Partido Popular, por dejar de considerar los arribazones únicamente como un residuo que hay que retirar y empezar a explorar sus posibilidades de aprovechamiento. Esta es una de las principales propuestas trasladadas ayer al Gobierno local por la portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Rosa Quintana, durante una reunión de trabajo mantenida con el alcalde, José Antonio Santos, y representantes municipales.
El encuentro puso sobre la mesa los efectos que la proliferación de la Rugulopteryx okamurae está teniendo en las costas del Campo de Gibraltar y, especialmente, en Tarifa, donde la llegada recurrente de grandes cantidades de biomasa obliga al Ayuntamiento a afrontar periódicamente su retirada de las playas.
Quintana explicó las distintas iniciativas que el grupo popular viene promoviendo en el Congreso para reclamar una mayor implicación del Gobierno central. Entre ellas figura una nueva propuesta que se suma a otras dos registradas desde 2025 y que plantea la necesidad de una respuesta estatal ante un problema que, según los populares, supera ya la capacidad de actuación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Una de las iniciativas registradas en febrero de este año reclamaba precisamente información sobre la ausencia de financiación estatal específica y las medidas previstas para los sectores pesquero y marisquero afectados, mientras otra planteaba la puesta en marcha de un plan estatal con dotación presupuestaria propia para la erradicación o mitigación del alga.
El PP pretende además trasladar la dimensión del problema a Bruselas y buscar mecanismos de financiación que permitan aliviar el coste que soportan fundamentalmente las administraciones locales. En paralelo, la eurodiputada popular y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha promovido una iniciativa ante la Cámara europea para llamar la atención sobre la expansión de esta especie invasora.
De residuo a recurso
Uno de los planteamientos centrales de la reunión mantenida en Tarifa fue la necesidad de avanzar en la valorización de los arribazones. Rosa Quintana y el alcalde tarifeño defendieron que existe ya un volumen importante de investigaciones que apuntan a posibles aplicaciones industriales de esta biomasa y que es necesario dar un paso adelante para convertir ese conocimiento en alternativas prácticas.
Para ello, el PP reclama al Gobierno que autorice y facilite la valoración del alga y que se puedan desarrollar los estudios necesarios para determinar sus posibilidades de eliminación, transformación y aprovechamiento. La pretensión es que el alga deje de ser contemplada exclusivamente desde la perspectiva del coste de su retirada y pueda convertirse, mediante investigación y transformación, en una materia susceptible de nuevos usos.
Los populares plantean igualmente que se impulse el plan de gestión de la biomasa promovido por la Administración andaluza como una de las vías para avanzar en esta dirección.
La propuesta llega en un momento en el que los municipios afectados continúan destinando recursos a retirar los arribazones. En Tarifa, el Ayuntamiento ha contabilizado este verano alrededor de 120 toneladas de alga y arena contaminada por estos restos retiradas del litoral. Las últimas acumulaciones en Los Lances han obligado incluso a activar actuaciones con medios propios financiadas con cargo a la ayuda concedida por la Diputación de Cádiz.
La institución provincial ha reservado este año 605.460 euros para ayudar a nueve municipios afectados por la invasión, entre ellos Tarifa, dentro del Plan Integral de Transición Ecológica. En los últimos cinco años, las ayudas provinciales para afrontar los efectos del alga superan los 1,8 millones de euros.
El antecedente de la Diputación
El posicionamiento trasladado ahora por los populares en Tarifa contrasta, no obstante, con la posición mantenida por el grupo del PP en el último Pleno de la Diputación de Cádiz ante una iniciativa socialista sobre el alga asiática.
La propuesta, aprobada con el respaldo de todos los grupos salvo el Popular, reclamaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España nuevas medidas contra la invasión, incluyendo ayudas económicas y técnicas para los ayuntamientos afectados y planes de apoyo al sector pesquero. La moción reconocía los 1,8 millones de euros aportados por la Diputación durante los últimos cinco años, pero consideraba insuficiente esa respuesta ante la dimensión alcanzada por el problema y reclamaba una mayor implicación de las administraciones con competencias. El PP optó por la abstención.
El contraste adquiere especial relevancia en Tarifa, donde la dimensión del litoral y la recurrencia de los arribazones convierten al municipio en uno de los principales afectados de la provincia. La propia Diputación señala que Tarifa se encuentra entre las localidades que reciben las ayudas provinciales precisamente por la presión que ejerce la invasión sobre sus playas.
Mientras tanto, la llegada de nuevas acumulaciones mantiene abierto el problema sobre el terreno. El alga se deposita en los arenales, permanece durante días en la orilla y, cuando comienza a descomponerse, genera olores y obliga a movilizar maquinaria para su retirada. Una operación que supone un coste para las arcas municipales y que, a juicio de las administraciones afectadas, no puede constituir la única respuesta a una especie invasora cuya presencia se ha convertido ya en un problema estructural del litoral gaditano.
En la reunión de Tarifa participaron también el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno; el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido; y los diputados nacionales Pedro Gallardo y Miguel Sastre.