Las cuatro plazas de limpieza del instituto están sin cubrir y dejan a más de 800 alumnos y 85 docentes sin este servicio. La nueva denuncia se suma a las carencias de la escuela infantil, la falta de un EOE propio y las obras inacabadas del ascensor del Colegio de la Playa. La comunidad educativa mantiene la movilización del 10 de noviembre. Mientras la Junta presume de presupuesto educativo en la provincia sin ninguna referencia a Tarifa.
Más de 800 alumnos, 85 profesores y ningún trabajador de limpieza. Esta es la situación que denuncia la AMPA Almedina del IES Almadraba, junto a la Federación de AMPAs de Tarifa, después de comprobar que las cuatro plazas de personal de limpieza asignadas al instituto se encuentran actualmente sin cubrir. Dos están vacantes y las otras dos corresponden a trabajadoras de baja. Una situación que deja al centro sin ningún efectivo para atender un servicio básico y que vuelve a poner sobre la mesa las carencias que arrastra la educación pública en el municipio.
La denuncia añade un nuevo elemento a un escenario que la comunidad educativa considera insostenible. No es únicamente la ausencia de personal en un instituto de estas dimensiones, sino la acumulación de necesidades que siguen sin respuesta: falta de trabajadores en la escuela infantil, ausencia del Equipo de Orientación Educativa (EOE) propio comprometido para Tarifa, insuficiencia de recursos para atender al alumnado con necesidades específicas y actuaciones de accesibilidad que continúan sin concluir.
La AMPA Almedina reclama una intervención inmediata de las instituciones competentes. La situación, advierte, compromete el funcionamiento ordinario del centro y afecta a las condiciones en las que alumnado y profesionales desarrollan su actividad diaria. Cuatro plazas asignadas, ninguna ocupada. Un dato difícil de relativizar y que vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto las necesidades de los centros pueden quedar desatendidas.
Anuncios provinciales sin respuestas para Tarifa
La denuncia coincide con la difusión por parte de la Junta de Andalucía de una nota de prensa en la que destaca distintas actuaciones de planificación educativa en la provincia de Cádiz. La comunicación menciona proyectos en Chipiona, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Algeciras, con intervenciones de ampliación, mejora y construcción de nuevas instalaciones.
Entre las actuaciones citadas figura la culminación del CEIP Los Argonautas, en Chipiona, con un presupuesto total de 3.700.962,70 euros; la ampliación de espacios del IES Lola Flores, en Jerez, por más de tres millones; y la ampliación del IES Virgen del Carmen de Puerto Real, destinada a implantar ciclos formativos de Formación Profesional, con una cuantía de 8,3 millones de euros.
En Algeciras, la nota destaca la segunda fase del Conservatorio Superior de Música Paco de Lucía, con una cuantía consignada de 15.077.341 euros, así como tres intervenciones de reforma para mejorar la eficiencia energética de instalaciones educativas, por un importe conjunto de cuatro millones.
La relación de proyectos difundida por la Administración autonómica no hace referencia a las necesidades educativas pendientes en Tarifa. Esto no permite concluir, a partir de una nota de prensa, que no existan otras partidas o actuaciones recogidas en los documentos presupuestarios completos. Pero sí deja una pregunta sobre la mesa: qué respuesta concreta prevé la Junta para un municipio que lleva tiempo reclamando servicios, personal e infraestructuras que todavía no han llegado.
Especialmente llamativa resulta la ausencia de cualquier referencia al EOE propio que Antonio Sanz anunció y posteriormente confirmó. La creación de ese equipo exige necesariamente una dotación de personal y una previsión presupuestaria que permitan hacerlo efectivo. Sin embargo, en los proyectos y actuaciones provinciales difundidos por la Junta no aparece ninguna mención a su puesta en marcha, ni se ofrece un calendario que permita conocer cuándo dejará de ser una promesa.
Un compromiso que sigue sin materializarse
El EOE propio fue anunciado por el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, en presencia del alcalde de Tarifa y de la concejala de Educación. El compromiso volvió a ser confirmado posteriormente, pero el equipo continúa sin funcionar y no se conoce una fecha para su implantación.
Mientras tanto, los centros siguen dependiendo de los equipos de orientación de Algeciras y Vejer, una distribución que no responde a las demandas de una comunidad educativa que reclama una atención más cercana y estable. La falta de este recurso se suma a la necesidad de reforzar la dotación de Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) y de atender al alumnado que permanece pendiente de evaluación o de los apoyos correspondientes.
Tampoco mejora la situación de la Escuela Infantil Virgen de la Luz. A las 43 familias que se quedaron sin plaza para sus hijos e hijas de cero a tres años durante este curso se añaden las vacantes de personal: dos técnicos, una limpiadora y una educadora. Cuatro puestos sin cubrir en un servicio que ya arrastra dificultades para responder a la demanda existente.
A ello se une el abandono de las obras del ascensor del Colegio de la Playa, una intervención necesaria para garantizar la accesibilidad del centro y que quedó paralizada después de que la empresa adjudicataria dejara los trabajos sin terminar. En Bolonia, las aulas prefabricadas y la necesidad de ampliar espacios siguen formando parte de una lista de asuntos pendientes que tampoco encuentra una solución visible.
La comunidad educativa señala el deterioro de lo público
La suma de estas situaciones alimenta el malestar de familias y profesionales. La comunidad educativa considera que no puede abordarse cada problema como un episodio independiente: un instituto sin limpiadores, una escuela infantil con falta de personal, un equipo de orientación que no llega y unas obras de accesibilidad paralizadas dibujan un panorama de necesidades que se mantienen en el tiempo.
Las críticas apuntan a la falta de respuestas efectivas de la Junta y cuestionan que los compromisos anunciados desde el Gobierno andaluz se traduzcan en servicios reales. También ponen en duda las explicaciones políticas que pretenden presentar como resueltas o encauzadas unas demandas que siguen afectando al día a día de los centros.
Para las organizaciones educativas, el problema no se limita a la gestión de vacantes o a los retrasos administrativos. La acumulación de déficits refuerza la preocupación por el deterioro de la educación pública y por una política que, a juicio de parte de la comunidad, termina debilitando los servicios que deberían garantizar una atención adecuada a todo el alumnado.
La movilización del 10 de noviembre, en el horizonte
En este contexto, la comunidad educativa mantiene la convocatoria de movilización para el próximo 10 de noviembre, un día antes de la jornada de huelga general anunciada en el ámbito educativo. La protesta fue planteada tras la última concentración en defensa de la educación pública, celebrada en la plaza del Cinco de Oros.
Aquella convocatoria dejó una respuesta desigual. AMPAs, personal docente y no docente, sindicatos y formaciones políticas respaldaron la protesta, pero la asistencia volvió a evidenciar una participación ciudadana menor de la que cabría esperar ante problemas que afectan al conjunto de las familias. La plaza mostró demasiados espacios vacíos y puso de manifiesto que la defensa de la educación pública continúa recayendo, en buena medida, sobre quienes conocen de cerca las dificultades de los centros.
El contraste con otras movilizaciones ciudadanas que han logrado una respuesta más amplia, como las convocatorias de apoyo al pueblo de Ceuta durante la crisis humanitaria, también estuvo presente en las reflexiones de los participantes. Una diferencia que invita a preguntarse por qué reivindicaciones que afectan directamente a los servicios públicos esenciales no consiguen movilizar a una parte mayor de la población.
La nueva denuncia del IES Almadraba añade urgencia a una convocatoria que ya tenía motivos suficientes. La comunidad educativa llegará al 10 de noviembre con una relación de problemas que no deja de crecer y con una pregunta todavía sin contestar: cuándo piensa la Junta convertir sus compromisos con Tarifa en personal, recursos y servicios efectivos. Mientras tanto, el instituto seguirá afrontando su actividad sin trabajadores de limpieza y el resto de los centros continuará esperando respuestas.
