El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional para evitar que los periodistas queden aún más desprotegidos. Entre sus propuestas, destaca la necesidad de consolidar registros oficiales de medios, como el ROMDA andaluz, para diferenciar los medios periodísticos de aquellos que no cumplen criterios profesionales y garantizar la libertad de prensa.
Encuentro Regional anual del Colegio Profesional de Periodista de Andalucía celebrado el pasado año en Estepona/S,Terán
El anteproyecto de ley, aprobado en julio por el Consejo de Ministros, ha generado preocupación en el ámbito académico y profesional. El CPPA alerta de que el texto actual no define quiénes son los titulares efectivos del derecho al secreto profesional y ni siquiera menciona a los periodistas en su articulado. Esta omisión, según la corporación colegial, provoca inseguridad jurídica y deja abierta la puerta al intrusismo en la profesión.
Reconocer a los periodistas como sujetos de derecho
El Colegio insiste en que deben ser reconocidos como sujetos de este derecho quienes cuentan con titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual y ejercen su labor en medios de comunicación periodísticos. Asimismo, propone una disposición transitoria para aquellos profesionales con trayectoria acreditada que carecen de titulación, evitando así exclusiones injustas.
El papel del ROMDA como referencia
Uno de los puntos clave de las alegaciones es la delimitación del concepto de “medio de comunicación”. El CPPA recuerda que no todos los canales informativos cumplen con los estándares profesionales recogidos en el código deontológico del periodismo y que, por tanto, no deberían gozar de la misma protección.
En este sentido, reivindica el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA) como herramienta objetiva para identificar a los medios que cumplen con criterios profesionales y deontológicos. Además, plantea la creación de un registro similar a nivel nacional, gestionado por las organizaciones colegiales de periodistas, como corporaciones de derecho público, para garantizar la independencia frente a intereses políticos, empresariales o privados.
Garantías institucionales y académicas
El CPPA también subraya la necesidad de que la norma contemple mecanismos públicos de garantía y supervisión a través de los colegios profesionales y del futuro Consejo General de Colegios de Periodistas. De este modo, se asegura que la aplicación de la ley no quede en manos de actores externos a la profesión.
Las Facultades de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada han expresado su respaldo a las alegaciones del Colegio, así como la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que reclaman igualmente mayor precisión normativa y garantías institucionales.
“Lo que debería ser un avance puede convertirse en una amenaza”
El Colegio andaluz celebra que se avance en la regulación de un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero advierte de que, en su redacción actual, el anteproyecto puede convertirse en una amenaza para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
“Solo con registros oficiales y supervisión profesional independiente se podrá proteger de verdad el secreto profesional y la calidad informativa”, concluye el CPPA.