El Grupo de Trabajo acuerda solicitar formalmente a Gobierno y Junta más financiación para una invasión que este verano ha obligado a retirar 3.000 toneladas en Tarifa, segunda cifra más alta de la provincia tras Rota.
Apenas dos meses después de que el Partido Popular se abstuviera en el Pleno de la Diputación ante una moción socialista que reclamaba al Gobierno central y a la Junta de Andalucía nuevas ayudas económicas y técnicas para combatir la invasión del alga asiática, el Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora ha acordado solicitar formalmente a ambas administraciones una mayor movilización de recursos económicos para hacer frente a sus efectos en el litoral gaditano.
La petición será trasladada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, después de que representantes de la Diputación y de los municipios afectados hayan constatado, una vez más, las dificultades que genera la llegada masiva de Rugulopteryx okamurae y, especialmente, el coste que supone para las administraciones locales la retirada de los arribazones.
El acuerdo llega tras la reunión mantenida por el Grupo de Trabajo para hacer balance de la temporada de playas y analizar la evolución de una especie invasora que ya ha dejado de ser un problema circunscrito al Campo de Gibraltar. Los datos aportados por los municipios sitúan a Tarifa como el segundo municipio de la provincia con mayor volumen de alga retirada este año, con unas 3.000 toneladas, sólo por detrás de Rota, que alcanza las 10.000 toneladas. Cádiz, con 1.379 toneladas, y La Línea, con 550, completan las cifras más elevadas comunicadas durante el encuentro.
Una petición que ya estaba sobre la mesa en julio
El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha señalado que el objetivo es dar ahora un paso más y reclamar formalmente la implicación de las administraciones superiores.
La decisión conecta directamente con el debate mantenido en el Pleno provincial del pasado mes de julio. Entonces, una moción socialista solicitaba precisamente que la Junta de Andalucía y el Gobierno central activasen medidas específicas de apoyo económico y técnico a los ayuntamientos afectados, además de planes de apoyo al sector pesquero.
La iniciativa salió adelante pese a la abstención del Partido Popular, gracias al respaldo del resto de grupos de la Corporación y de los socios de gobierno de la Diputación, 100×100.
El texto aprobado reconocía expresamente el esfuerzo económico realizado hasta entonces por la institución provincial, que ha destinado 1,8 millones de euros durante los últimos cinco años para colaborar con los municipios afectados. La moción consideraba, sin embargo, que estos recursos resultaban insuficientes ante la dimensión alcanzada por una invasión que genera costes ambientales, turísticos y económicos cada vez mayores.
Dos meses después, el Grupo de Trabajo impulsado por la propia Diputación retoma esa reclamación y plantea formalmente la necesidad de que las administraciones con competencias directas en la materia incrementen su implicación económica.
Tarifa, entre los municipios más afectados
La situación de Tarifa ilustra la dimensión del problema. Las alrededor de 3.000 toneladas retiradas este año colocan al municipio como el segundo de la provincia en volumen de arribazones gestionados, aunque la extensión de su litoral y la recurrencia de las llegadas convierten al alga asiática en un problema permanente para los servicios municipales.
La normativa actual atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de retirar el material de las playas. Sin embargo, los municipios vienen advirtiendo de que la magnitud de las arribazones obliga a realizar contrataciones extraordinarias, incorporar maquinaria y aumentar el gasto destinado a limpieza y mantenimiento de los arenales, especialmente durante los meses de mayor actividad turística.
Desde 2019, cuando comenzaron a detectarse los primeros problemas importantes en Algeciras, La Línea y Tarifa, la presencia del alga ha ido extendiéndose por el litoral gaditano. Actualmente alcanza ya zonas de Rota y comienza a afectar a los fondos de la Costa Noroeste.
La Diputación sostiene que, pese a no tener competencias directas en la materia, ha mantenido durante estos años una línea continuada de apoyo a los municipios afectados. El problema, según ha quedado de manifiesto en el Grupo de Trabajo, requiere ahora la participación de las administraciones que sí disponen de mayores recursos y competencias para afrontar una invasión que excede las capacidades económicas de los ayuntamientos.
También se reclama presencia en el grupo nacional
La solicitud que se elevará a Madrid y a la Junta incluirá además que la Diputación de Cádiz, en representación de los municipios afectados, pueda incorporarse al Grupo de Trabajo específico sobre Rugulopteryx okamurae existente a nivel nacional.
El objetivo es trasladar directamente las necesidades de los municipios gaditanos y participar en la definición de las medidas que se adopten frente a la expansión de la especie.
Junto a la petición de financiación, el Grupo de Trabajo ha acordado buscar soluciones técnica y económicamente viables para el aprovechamiento de la biomasa, en línea con los principios de economía circular. La intención es explorar fórmulas que permitan transformar los arribazones en un recurso y, al mismo tiempo, contribuir a compensar parte de los costes que actualmente soportan los ayuntamientos para retirarlos de las playas.
La búsqueda de financiación y de alternativas para la gestión del alga vuelve así al primer plano de la agenda provincial. En el caso de Tarifa, donde este verano se han contabilizado unas 3.000 toneladas retiradas, el problema continúa suponiendo un esfuerzo extraordinario para los servicios municipales y una presión añadida sobre un litoral cuya actividad turística y pesquera se ve directamente afectada por la proliferación de esta especie invasora.