El mismo día en que se desclasificaban los papeles del 23-F, la primera autoridad municipal de Tarifa se reunía con el delegado territorial de Educación. Nada hay que objetar a que el alcalde, rodeado de los técnicos municipales que considere oportunos, mantenga un encuentro con un representante político de su mismo partido. Este tipo de encuentro con responsables autonómicos no sólo es lógico, sino necesario.
Nos parece que esta iniciativa debe ser reconocida y que puede haber respondido a las peticiones que desde la comunidad escolar se realiza en torno a las necesidades educativas del municipio. El equipo de gobierno se lo ha debido de trasladar a dicho responsable autonómico.
Sin embargo, no resulta comprensible que, tras esta reunión de trabajo entre la Alcaldía y la Delegación Territorial, no se haya realizado una comparecencia pública por parte de las autoridades presentes para explicar qué medidas se han acordado en aras de solucionar los problemas que afectan al sistema educativo municipal en Tarifa. Una escueta nota de prensa publicada en redes sociales, en la que el Ayuntamiento explica de manera superficial el contenido del encuentro, ha sido la única información que ha llegado a la opinión pública. Una comunicación mínima para un asunto máximo: el futuro del sistema educativo municipal.
La falta de transparencia es más que evidente en un gobierno local que, al parecer, no ha querido hacer público ante el pueblo de Tarifa de qué se habló realmente y qué acuerdos se adoptaron para solucionar los problemas educativos. La transparencia no puede reducirse a una fotografía y a unas líneas genéricas. Gobernar implica informar con rigor, explicar compromisos concretos y asumir responsabilidades ante la ciudadanía. Nada de eso ocurrió.
Pero si ha habido poca transparencia, aún menor ha sido la participación. Tras la reunión -según lo que ha trascendido en este propio diario Tarifa al día— las autoridades locales y provinciales se desplazaron al centro de educación infantil de 0 a 3 años, donde no se adquirió ningún compromiso para dar solución al problema que se viene padeciendo y que pone en peligro la atención educativa del alumnado. Una visita sin respuestas es poco más que un gesto vacío.
Tampoco el alcalde ni el delegado territorial han tenido la consideración de reunirse con el Consejo Escolar Municipal, órgano legítimo de representación de la comunidad educativa. Es decir, ninguno de los dos ha mantenido un encuentro con los representantes de dicha comunidad para explicar cómo se van a solucionar los problemas educativos de Tarifa.
Asimismo, no ha habido una reunión técnica del delegado territorial con los equipos directivos de los centros, ni con los representantes sindicales del profesorado, ni con la recién constituida federación de padres y madres de alumnos. La participación también ha quedado, por tanto, seriamente limitada.
La educación no puede gestionarse entre despachos cerrados. Excluir a la comunidad educativa de las decisiones que le afectan no es sólo una falta de cortesía institucional, es una forma de gobernar de espaldas al pueblo. Tarifa merece algo más que reuniones opacas y comunicados vacíos. Merece compromisos claros, calendarios definidos y participación real. Merece un gobierno que entienda que la transparencia no es una opción estética, sino una obligación democrática.
Por todo ello, resulta indispensable que los partidos políticos que aspiren a gobernar el Ayuntamiento de Tarifa tras las próximas elecciones presenten un plan o compromiso claro con la ciudadanía, en el que la participación y la transparencia sean pilares fundamentales de la vida pública del municipio. Porque sin participación no hay comunidad, y sin transparencia no hay confianza.
