A veces se leen o escuchan opiniones que intentan enfrentar conceptos que deberían ir de la mano. Uno de esos casos es la falsa dicotomía que alguna gente plantea y que podría resumirse en participación social versus participación política.
Personalmente, he conocido y participado más de una vez en distintas plataformas y movimientos sociales, ya sean de ámbito local o ámbito nacional, a favor o en contra de determinados asuntos. Por ejemplo: en favor del sector pesquero, contra pelotazos urbanísticos, a favor de la defensa del medio ambiente, contra la OTAN, y así un largo etcétera. En estos días, se ha comprobado cómo, en distintas ciudades, plataformas constituidas por colectivos afectados por el problema de la vivienda, han tomado las calles para reclamar medidas concretas que acaben con esta locura de que cuanto más se construye más difícil es para algunos sectores sociales alcanzar una vivienda.
Y no cabe duda de que la manifestación en la calle tendrá su repercusión en la toma de decisiones políticas; es más, ya, se ha hecho notar. Incluso ha mostrado cómo dentro del propio gobierno de la nación existen criterios distintos de cómo abordar el problema.
A nivel local, en estas últimas semanas en Tarifa, la movilización de la ciudadanía encauzada principalmente a través de la plataforma “Tarifa no se vende” también se ha hecho notar. Constituida para impedir que el borrador de convenio con la empresa Granparcela SL se llevara a cabo, la plataforma, articulada en varias comisiones de trabajo, junto al manifiesto de arquitectos, movilizaciones de la de comunidad educativa tarifeña… han conseguido paralizar (por ahora) dicho despropósito.
Y si bien hay que reconocer esta labor importante de organización de la ciudadanía en torno a estas iniciativas sociales, ello no es incompatible con reconocer el posicionamiento de los distintos grupos políticos ante este mismo asunto. Así, los hay que han rechazado el proyecto desde el inicio, hasta el propio grupo del alcalde que lo ha retirado, aunque sus socios del partido Nuevos Aires insiste en su deseo de llevar a cabo esa operación urbanística que tal y como está planteado favorecerá los intereses particulares por encima de los públicos.
Lamentablemente, en las redes aparecen comentarios que parecen ir contra todo lo que suena a política. Y es que, para nada debe entenderse que hay incompatibilidad para que los movimientos sociales interactúen con los grupos políticos (especialmente con los que tienen representación institucional) para que las demandas de la ciudadanía lleguen desde la calle a los lugares donde se toman las decisiones y que no son otros que las instituciones democráticas. Y en esa dinámica de colaboración, el objetivo a conseguir debe ser la paralización del proyecto de forma definitiva y, sobre todo, que un nuevo Plan de ordenación urbana, participado por la ciudadanía, diseñe la Tarifa del futuro próximo.
El respeto a quienes se dedican a defender un proyecto político desde una u otra ideología, debería ser asumido por la opinión pública, al menos mientras no se demuestre un comportamiento corrupto cuyo interés sea única y exclusivamente mejorar su situación personal. Por ello, se debe huir de esos comentarios que meten a todas las personas que participan en política en una especie de cajón de despojos humanos. En el fondo, eso es lo que persiguen los discursos de aquellos que no creen en la política y que defienden un modelo de organización alejado de la participación democrática de la ciudadanía. La primera estrategia siempre ha sido y será para esos grupos desacreditar a la política. Ya lo decía el dictador: “tú haz lo que yo, no te metas en política”.