Nadie puede dudar de que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero constituye un torpedo en la línea de flotación no solo del PSOE, sino también de una parte importante de la izquierda.
No queremos decir con ello que Zapatero represente hoy a toda esa izquierda, pero sí que, durante años, ha defendido planteamientos compartidos por buena parte de quienes contemplan el mundo desde una perspectiva progresista. Sus conocidas leyes de ampliación de derechos sociales permitieron, entre otras cosas, que las personas pudieran elegir libremente con quién establecer una relación de pareja dentro de un marco jurídico de plena igualdad mediante el matrimonio igualitario.
Sus reformas se extendieron a ámbitos como la protección y la igualdad de las mujeres. Su Gobierno impulsó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. También promovió otras iniciativas de gran calado, como la Ley de Dependencia, la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes, la mejora de la salud pública mediante la Ley Antitabaco, un incremento del salario mínimo cercano al 39 % durante sus mandatos y la Ley de Memoria Histórica.
Aunque muchas personas nunca votaron a Zapatero, sí se sintieron identificadas con buena parte de esas políticas, lo que le otorgó durante años un amplio reconocimiento entre numerosos sectores progresistas. La situación actual, tras la entrevista concedida a Javier Ruiz en Televisión Española, no disminuye el valor político de aquellas reformas. Es más, es posible que, precisamente por algunas de ellas, también se haya convertido en objetivo de los ataques más furibundos de determinados medios de comunicación y de los sectores más reaccionarios de la sociedad.
A mi juicio, el principal error de Rodríguez Zapatero ha sido confiar en exceso en el sistema y asumir que una persona que ha defendido de forma coherente postulados progresistas nunca tendría que enfrentarse a una situación como esta: pasar por un auténtico quirio. En cierta medida, esa ingenuidad —que algunos ya asociaban a su forma de ser cuando fue apodado «Bambi»— parece seguir presente.
En su entrevista insistió una y otra vez en su presunción de inocencia. Reiteró sin vacilaciones que todas sus actividades profesionales eran lícitas. Explicó, sin aparente incomodidad, que se había dedicado a labores de consultoría y asesoramiento relacionadas, en muchos casos, con cuestiones de Estado. Y es precisamente ahí donde se encuentra el núcleo del debate. Lo que para unos son honorarios derivados de un trabajo de asesoramiento o intermediación, para otros constituye el producto de actividades ilícitas y, por tanto, punibles.
Si algo pone sobre la mesa todo este asunto es, como señaló Antón Losada, la necesidad de aclarar de una vez determinados conceptos jurídicos y de que «nos enteremos de una vez de cuándo cobrar comisiones es legal y cuándo no», en alusión a otros casos recientes en los que familiares de responsables políticos obtuvieron importantes ingresos por labores de intermediación o asesoramiento durante la pandemia.
Ahora bien, una cosa es el debate jurídico y otra muy distinta el debate ético. Es perfectamente posible que una actividad sea conforme a la ley y, sin embargo, plantee interrogantes desde el punto de vista de la ejemplaridad que cabría exigir a quienes han ocupado la Presidencia del Gobierno. No olvidemos que la historia está llena de expresidentes que, una vez abandonado el cargo, han desempeñado labores de asesoramiento o consultoría para empresas e instituciones, muchas veces sin reproche penal alguno.
Y es precisamente ahí donde, desde una óptica progresista, cuesta comprender ese afán por los negocios privados una vez abandonada la política. Nadie, o muy poca gente, habría recurrido a José Luis Rodríguez Zapatero para contratar sus servicios de asesoramiento de no haber sido presidente del Gobierno. Lo mismo podría decirse de cualquier otro responsable público, con independencia de su ideología. Resulta difícil entender que quien ha ejercido responsabilidades institucionales convierta posteriormente ese capital político y relacional en una fuente de ingresos privados, aunque la ley lo permita y aunque no exista ninguna conducta delictiva.
Del mismo modo, también cuesta comprender que un cargo público en activo, aunque sea un simple concejal, compatibilice sus responsabilidades con labores de asesoramiento en materias tan sensibles como el urbanismo. Es necesario establecer reglas más claras sobre las actividades privadas de quienes, durante el ejercicio de responsabilidades públicas o tras abandonarlas, convierten esa experiencia y esa influencia en una actividad lucrativa.