El último incendio registrado en la provincia de Almería ha dejado tras de sí un reguero de destrucción y, lo que es más doloroso, la pérdida de vidas humanas. Los comentarios y análisis en los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, no se han hecho esperar. Muchas voces expertas insisten en la necesidad de mantener el medio rural para reducir el riesgo de grandes incendios; otras ponen el foco en la falta de recursos para la extinción y en la urgente adaptación al cambio climático.
Sin embargo, paradójicamente, en el Gobierno de la Junta de Andalucía acaba de entrar de la mano de Moreno Bonilla un partido que niega la mayor. Un partido que cuestiona la evidencia científica, que apuesta por modelos de desarrollo ampliamente superados y que proclama la necesidad de una mayor desregulación. En otras palabras, defiende que cada cual haga prácticamente lo que quiera. Y ya sabemos qué ocurre cuando impera la ley de la selva: terminan imponiéndose quienes tienen más poder económico.
En este escenario aparece un dato que invita a la reflexión. Como señalaba recientemente un tertuliano, tendremos que acostumbrarnos a que los incendios formen parte de nuestros veranos. La enorme masa forestal de la península Ibérica —también nuestros vecinos portugueses sufren cada año esta misma tragedia— hace que el riesgo sea cada vez mayor. Si los incendios van a ser una realidad recurrente, habrá que afrontarlos desde la prevención, la gestión forestal y la dotación de recursos suficientes para su extinción.
Lo que sí debería ser evitable es la pérdida de vidas humanas. Como están recordando numerosos especialistas, los ayuntamientos tienen la obligación de disponer de planes de emergencia y evacuación eficaces para hacer frente a este tipo de contingencias.
Y aquí surge una cuestión especialmente relevante. Esos planes deben responder a la realidad del territorio. No basta con diseñarlos pensando exclusivamente en los núcleos urbanos consolidados; también deben contemplar la proliferación, en muchos casos sin apenas control, de viviendas dispersas por el medio rural e incluso ubicadas en zonas donde la normativa urbanística no permite construir.
Nos encontramos, así, ante la pescadilla que se muerde la cola. Los ayuntamientos terminan teniendo que destinar recursos públicos para prestar servicios y garantizar la seguridad de viviendas levantadas al margen del planeamiento urbanístico y que, en muchos casos, carecen de la más mínima seguridad jurídica.
Se trata de un problema que empieza a convertirse en un mal endémico. Basta recorrer nuestro término municipal para comprobar cómo, en numerosas zonas rurales, proliferan construcciones destinadas al alquiler turístico. Llama especialmente la atención la aparición de decenas de viviendas prefabricadas de madera sobre suelo rústico. En otros casos, primero se vallan las parcelas con mallas de ocultación, después se levantan los muros perimetrales y, poco a poco, comienzan a aparecer nuevas edificaciones destinadas igualmente al alquiler vacacional.
Esta situación ya resulta insostenible por sí misma. La desregulación no trae consigo un desarrollo ordenado, sino todo lo contrario. No garantiza un adecuado tratamiento de las aguas residuales; sobrecarga las infraestructuras eléctricas; incrementa el consumo de agua sin una planificación adecuada; genera más residuos que deben ser recogidos con dinero público y termina encareciendo servicios municipales, como la recogida de basura, que pagan los vecinos de Tarifa, situando su coste muy por encima del de otros municipios cercanos.
Pero, además, todos estos problemas se agravan cuando se produce una emergencia como la vivida recientemente en Almería. La dispersión de viviendas dificulta las evacuaciones, multiplica los riesgos para los servicios de emergencia y puede tener consecuencias dramáticas.
Alguien debería empezar a exigir responsabilidades a quienes, desde las administraciones públicas, ya sea por dejación, por falta de voluntad política o por incapacidad, permiten que este desorden continúe creciendo. Porque, si algún día ocurre una desgracia de mayores dimensiones —ojalá nunca suceda—, volveremos a asistir al mismo ritual de siempre: los llantos, las lamentaciones y la búsqueda apresurada de culpables cuando ya sea demasiado tarde.