Exposición de cómo era un aula de un colegio de hace más de 50 años/Shus Terán.
El trimestre finaliza y la comunidad educativa hace balance en estos días. Pero una cosa es lo que se dice oficialmente (en buena parte, para no “enfadar” al poder) y otra lo que se comenta extraoficialmente. Y hasta esta atalaya llegan comentarios que muestran un cierto descontento de sectores educativos con cómo el gobierno local del PP y NAT entiende la educación y para qué desarrolla sus políticas educativas en Tarifa (si es que la tiene). Y es que desde que el PP y Nuevos Aires entraron a gobernar, ellos mismos señalaron y denominaron su política municipal como de criterio empresarial. Obviamente, este calificativo choca de manera frontal con lo que es una política educativa. La educación debe someterse a muchos criterios, pero al empresarial no; y parece ser que, lamentablemente, este gobierno municipal está empeñado en que lo empresarial pise incluso a lo educativo.
En esa dirección apuntan las últimas declaraciones del concejal y portavoz de Nuevos Aires en un medio de comunicación comarcal, de las cuales este tabloide digital de “Tarifa al Día” se ha hecho eco. En ellas, nuevamente, el portavoz de NAT ha vuelto a insistir en desarrollar el proyecto del frente litoral bajo los auspicios de la empresa Gran Parcela. Parece que en poco tiempo ha olvidado el rechazo mayoritario de la comunidad educativa a dichas intenciones urbanísticas especulativas e incluso el tirón de orejas que les dio la propia administración educativa de la Junta de Andalucía gobernada por el PP. Intenciones que se querían justificar alegando supondría una mejora de los centros y que dio lugar a una alarma social cuando dicho concejal indicó que los centros educativos a demoler eran lugares no seguros. Afirmación que molestó mucho a una gran parte de los profesionales que, en primera instancia y por encima de todo, tienen la obligación de garantizar la seguridad del alumnado. Porque el frente litoral debe ser abordado, pero nunca se entenderá que esa ordenación se haga a costa de los espacios públicos educativos, como quedó claro en la charla-coloquio que distintos expertos desarrollaron bajo la coordinación de la plataforma “Tarifa no se vende”. ¿Esta insistencia indica que el criterio empresarial está por encima del educativo?
Y en esta relación de vasallaje del criterio educativo al criterio empresarial nos hacemos eco de otra acción del gobierno local con respecto a asuntos educativos. Concretamente, el gobierno del PP ha precipitado que este año la gestión del parking del colegio público Guzmán el Bueno deje de llevarla la comunidad educativa de dicho centro (que venía haciéndolo desde hace más de una década y que repercutía en mejoras de dotación de materiales y otras cuestiones pedagógicas). Las presiones para ello fueron de todo tipo y al parecer llegaron incluso desde la administración provincial. Se alegaba, especialmente, la falta de seguridad y el no cumplimiento de infraestructuras por no tener una salida de emergencia. El parking funcionó luego bajo el mandato de los políticos locales y, paradójicamente, no hizo falta dicha puerta de emergencia. Como tampoco hizo falta esa puerta de emergencia en otros parkings habilitados en otras zonas del pueblo donde brillan por su ausencia las medidas de seguridad. ¿Quizás tenga que ver con que son gestionados por empresas establecidas en Tarifa bajo la sombra del desarrollo inmobiliario?
Pero sin duda, lo más desconcertante para muchos miembros de la comunidad educativa es la propuesta del gobierno local de intentar desarrollar una especie de concurso sobre conocimientos que tienen que mostrar el alumnado, especialmente de forma memorística. Ni que decir tiene que esta propuesta choca frontalmente con los principios de una escuela inclusiva como la que el paradigma educativo actual propugna y se asemeja más a ese tipo de concursos que se iniciaron a mediados de los sesenta en Televisión Española. Al parecer hay algunos profesionales y centros que se resisten a participar en dicha idea y puede que pronto otros más manifiesten abiertamente su rechazo a un concurso básicamente memorístico entre escolares.
Los entendidos afirman que esta propuesta nace herida de muerte por su inconsistencia pedagógica al no responder a ningún criterio educativo. Muy al contrario, parece ser que la propuesta que el gobierno local del PP y su socio intenta meter con calzador a la comunidad educativa, se plantea con un criterio empresarial, ya que conlleva la financiación a través de una subvención de un diario digital y canal de YouTube que difundirá por las redes dicho “concurso educativo”. Una cuantiosa subvención que vendría bastante bien para otras iniciativas educativas realmente ancladas en el siglo XXI.
Lamentablemente, estos datos anteriores y otros más muestran que el equipo de gobierno del PP y sus socios se deben hacer mirar y cambiar su estrategia de someter el criterio educativo al criterio empresarial.