cuando una persona enferma tiene que recorrer cien kilómetros para recibir un tratamiento, esperar durante meses una prueba o iniciar una batalla administrativa y judicial para reclamar por un daño que atribuye a la propia Administración, decirle que el sistema también dispone de recursos para atender su espíritu puede sonar, sencillamente, a una cruel ironía.
Hay decisiones políticas que pueden discutirse desde la ideología, desde la gestión o desde las prioridades presupuestarias. Y después hay decisiones que, por su simbolismo, obligan a hacerse una pregunta mucho más sencilla: ¿qué considera prioritario un Gobierno cuando tiene recursos limitados?
El acuerdo de la Junta de Andalucía para destinar 7,4 millones de euros durante cuatro años a financiar 117 capellanes en hospitales públicos plantea precisamente esa pregunta. No porque la atención espiritual a los pacientes carezca de valor para quienes la desean —el acompañamiento religioso puede ser legítimo y profundamente importante para algunas personas—, sino porque estamos hablando de dinero público y de un sistema sanitario que arrastra problemas que afectan directamente a la salud y, en determinados casos, a la vida de las personas.
La cuestión, por tanto, no debería plantearse como una guerra entre creyentes y no creyentes (yo mismo lo soy). Tampoco como un ataque a quienes encuentran consuelo en la religión. La cuestión es otra: ¿Por qué el Estado debe garantizar con millones de euros públicos la presencia de una confesión religiosa concreta mientras la sanidad pública tiene dificultades para garantizar determinados servicios esenciales?
Porque mientras se destinan recursos a mantener esta estructura de asistencia religiosa, los ciudadanos siguen denunciando falta de facultativos, listas de espera interminables, falta de camas, unidades cerradas o servicios sanitarios trasladados de unos centros a otros. Y cuando hablamos de oncología, la cuestión deja de ser meramente presupuestaria para convertirse en una cuestión de dignidad y de equidad.
Un paciente con cáncer no debería tener que recorrer decenas o incluso más de cien kilómetros para recibir un tratamiento que anteriormente se prestaba en un hospital próximo a su domicilio. Para una persona sana, cien kilómetros pueden ser simplemente una distancia. Para alguien sometido a quimioterapia, radioterapia, pruebas diagnósticas o tratamientos continuados, pueden convertirse en una auténtica carga física, económica y emocional. Para determinados pacientes y determinadas enfermedades, además, el tiempo puede ser determinante.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar: mientras se habla constantemente de eficiencia, sostenibilidad y limitaciones presupuestarias cuando se trata de reforzar la sanidad pública, parece existir margen cuando se trata de financiar un servicio religioso concreto.
Por supuesto que la atención espiritual puede tener cabida en un hospital. Nadie debería impedir que un paciente solicite la asistencia de un sacerdote, de un pastor, de un imán, de un rabino o de cualquier representante religioso que desee. Pero precisamente por eso cabe preguntarse si el modelo más justo y plural no sería garantizar que cada persona pueda acceder a la asistencia espiritual que solicite, en lugar de consolidar mediante fondos públicos una estructura privilegiada para una única confesión.
Y la comparación resulta todavía más dolorosa cuando se observa la situación de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Y es que los afectados o afectadas que quieran reclamar judicialmente pueden verse obligadas a asumir inicialmente los costes de abogados y procuradores si no tienen derecho a justicia gratuita, después de haber agotado la vía administrativa. Es decir, una persona que ya ha sufrido las consecuencias de un posible fallo del sistema sanitario puede encontrarse ante una segunda barrera: tener recursos económicos suficientes para poder reclamar.
Aquí aparece una paradoja difícil de aceptar. Para financiar durante años la presencia de capellanes en hospitales sí existe una partida presupuestaria. Para que una paciente pueda defender sus derechos frente a la Administración, en cambio, puede terminar siendo necesario que se rasque el bolsillo.
No se trata de afirmar que esos 7,4 millones solucionarían por sí solos los problemas de la sanidad andaluza. Sería demagógico sostenerlo. Pero tampoco es razonable negar que cada decisión presupuestaria expresa una prioridad política. Y cuando un Gobierno dispone de recursos limitados, tiene la obligación de explicar por qué determinados gastos son prioritarios frente a otros.
La sanidad pública no puede convertirse en una carrera de obstáculos para quien necesita atención. No puede normalizarse que falten profesionales, que se acumulen las listas de espera, que se cierren servicios o que los pacientes tengan que desplazarse cada vez más lejos para recibir tratamientos esenciales. Y mucho menos debería aceptarse que el acceso a la justicia dependa, en la práctica, de la capacidad económica de quien reclama.
Resulta especialmente preocupante cuando se transmite la impresión de que, ante las deficiencias del sistema, la solución consiste en pedir paciencia al paciente mientras se mantienen intactas otras prioridades.
Porque sí: la salud también necesita consuelo, acompañamiento y apoyo emocional. Pero antes que acercar a nadie a Dios, un sistema sanitario público tiene que acercar al paciente al médico, al diagnóstico, al tratamiento y a los recursos que necesita.
Y si alguien desea además asistencia religiosa, que pueda recibirla. Pero una sanidad pública verdaderamente plural debería garantizar que esa asistencia no dependa de la religión mayoritaria y, sobre todo, que no se confunda el derecho a recibir atención espiritual con la obligación del Estado de privilegiar económicamente a una determinada confesión.
El debate, por tanto, no es Iglesia sí o Iglesia no. Es prioridades, igualdad y derechos.
Un Gobierno que reclama responsabilidad a los ciudadanos cuando faltan recursos tiene que ser igualmente responsable a la hora de decidir dónde coloca cada euro público. Y si existen recursos para financiar determinadas estructuras, también debe explicar por qué no se destinan con mayor intensidad a reforzar aquello que resulta indispensable para todos: médicos, enfermeras, camas, pruebas diagnósticas, tratamientos, servicios de oncología y una atención sanitaria digna y cercana.
Porque los pacientes no son clientes. Son ciudadanos con derechos.
Y cuando una persona enferma tiene que recorrer cien kilómetros para recibir un tratamiento, esperar durante meses una prueba o iniciar una batalla administrativa y judicial para reclamar por un daño que atribuye a la propia Administración, decirle que el sistema también dispone de recursos para atender su espíritu puede sonar, sencillamente, a una cruel ironía.
La política sanitaria debería ocuparse de que nadie tenga que elegir entre pagar para defender sus derechos, recorrer kilómetros para recibir tratamiento o resignarse ante una lista de espera.
La fe puede acompañar al enfermo. Pero no puede utilizarse como sustituto de una sanidad pública que funcione.
Y esa es, probablemente, la pregunta que debería responder la Junta de Andalucía: ¿qué es más urgente para un paciente que tiene cáncer: que el Estado financie su acompañamiento religioso o que pueda recibir cuanto antes, cerca de su casa, el tratamiento médico que necesita?
La respuesta debería ser evidente. Y si no lo es para quienes gobiernan, entonces el problema ya no es solamente sanitario. Es político y, sobre todo, es una cuestión de prioridades y de justicia social.
Porque una sociedad puede discutir cuánto dinero debe destinar a la religión. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que nunca parezca haber suficiente dinero para garantizar plenamente la sanidad pública, pero sí lo haya para aquello que el Gobierno considera prioritario financiar.