El filósofo e historiador Hippolyte Taine solía recordar que el jacobinismo, en su estado puro, no era más que la aplicación implacable de la razón abstracta a la política: la creencia de que las instituciones deben ser perfectas, los ciudadanos ejemplares y que cualquier desvío del orden social merece la respuesta más contundente del Estado. Quienes sentimos, aunque sea de forma atenuada, esa herencia ilustrada, albergamos un respeto casi sagrado por las instituciones, por la ley y por el espacio público que a todos nos pertenece.
Por eso, ante los gravísimos hechos acontecidos recientemente en la Oficina Técnica de Tarifa, donde un ciudadano intentó prender fuego a las dependencias municipales, la vertiente jacobiana se rebela de inmediato. No hay matiz posible en la condena: el uso de la violencia, el terror del fuego y poner en peligro la vida de los trabajadores públicos es un acto criminal, intolerable y absolutamente reprobable en una sociedad civilizada. Quien cruza esa línea deslegitima cualquier causa.
Pero… la rigidez jacobiana no puede volvernos ciegos. La pólvora de la frustración social nunca se prende sola; la fabrican la desatención, el caos administrativo y la clamorosa asimetría de un sistema que roza el absurdo.
La paradoja de la escoba y el bastón de mando
Mientras el humo del incidente aún se disipa, el Boletín Oficial nos recuerda la cruda realidad de la administración local: está en marcha el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, de 27 plazas de personal de limpieza como personal laboral fijo para este mismo Ayuntamiento. Y es aquí donde la paradoja democrática se manifiesta con una violencia burocrática inusitada.
Para optar a una plaza cuyo cometido es mantener la higiene de los centros municipales, a un ciudadano se le exige superar exámenes teóricos implacables. Se le interroga sobre la escala exacta de delegados de Prevención según el volumen de la plantilla, las competencias exclusivas de negociación de las Mesas de personal según el Estatuto Básico del Empleado Público, o los entresijos del ordenamiento constitucional. A un operario de limpieza se le exige ser, a la vez, jurista, experto en prevención de riesgos y técnico medioambiental. Debe demostrar mérito, capacidad, esfuerzo y una excelencia memorística intachable para ganarse el derecho a sostener una mopa.
Cruzamos el pasillo, subimos a la planta noble y nos encontramos con la cúspide de la pirámide: los despachos del equipo de gobierno. Para sentarse en el sillón de la alcaldía o gestionar el urbanismo del municipio, la exigencia técnica es exactamente cero. No hay examen, no hay temario de derecho administrativo, no se exige comprensión de las leyes de suelo. El único requisito es figurar en una lista electoral, recoger el descontento o la corriente de siglas del momento y, si las matemáticas de las urnas no alcanzan, someterse al mercadeo de un “partido bisagra” que otorgue el bastón de mando a cambio de parcelas de poder.
La asimetría del sistema: Exigimos la máxima calificación jurídica y técnica al eslabón que ejecuta la limpieza, mientras entregamos el diseño estratégico y el presupuesto millonario de un pueblo a la pura aritmética del pacto político.
El escudo de los políticos, el calvario de los técnicos
Esta dramática desconexión técnica de la clase política tiene un pagano directo: el personal técnico municipal. La Oficina Técnica de Tarifa lleva demasiado tiempo sumida en un desorden crónico, desbordada y asfixiada por una alarmante falta de recursos. Sin embargo, cuando el ciudadano colapsa ante la lentitud de una licencia, la respuesta del concejal de turno siempre es la misma: “Es cosa de los técnicos, que tienen los expedientes paralizados”.
Es la perfecta estrategia del pararrayos. El equipo de gobierno actual decide dar prioridad exclusiva a los proyectos con tintes especulativos, a los desarrollos que lucen en campaña o benefician a grandes capitales, mientras condena al ostracismo los trámites diarios del ciudadano de a pie. Y cuando el sistema revienta, la responsabilidad se descarga cobardemente sobre los hombros de unos técnicos que carecen de refuerzos, pero a los que se utiliza como escudo humano para tapar la ineficiencia política.
Un llamamiento a la cordura ciudadana
El fuego que un desaprensivo intentó prender en la Oficina Técnica no iba a quemar las injusticias del gobierno local; iba a quemar los expedientes de sus propios vecinos y la seguridad de unos trabajadores que sufren el mismo colapso que el resto del pueblo. La violencia solo ofrece el pretexto perfecto para que los gobernantes se victimicen y desvíen la atención de lo verdaderamente importante.
Como ciudadanos, las gotas de sangre jacobiana nos obligan a exigir orden, pero también justicia y proporcionalidad. No podemos seguir tolerando un sistema donde la exigencia se ceba con el débil y la impunidad técnica premia al gobernante. El verdadero control del poder no se ejerce con cerillas, sino con la fiscalización implacable, la exigencia de refuerzo inmediato para el personal técnico y el castigo en las urnas a quienes confunden un ayuntamiento con un tablero de monopolio.
Epílogo: El manantial y el equipaje
Podría concluir este análisis, pero no duden que mi verso proviene de un manantial sereno. Estas líneas no nacen del rencor ni del impulso efímero, sino que son reflexiones maduradas en el diálogo diario con ese hombre que siempre va conmigo: la conciencia. Un ejercicio de introspección necesario para observar las miserias de nuestra gestión pública sin perder la templanza ni la brújula moral.
Al final, la política y sus prebendas son solo decorados pasajeros de una obra efímera. Quienes hoy se aferran al bastón de mando mediante pactos de conveniencia, olvidan la condición transitoria de su poder. Por mi parte, afronto el porvenir con la tranquilidad de quien busca la verdad y la justicia por encima de las siglas. Sé perfectamente que, cuando llegue la hora de subir al barco que nunca ha de tornar, me encontrareis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.