El TSJA anula el proyecto de macrourbanizar el entorno de Valdevaqueros
El Tribunal ha estimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción procediendo a anular el acuerdo plenario del 2012 que aprobó el Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SL-1 Valdevaqueros. Ecologistas en Acción exige responsabilidades a los políticos y técnicos que avalaron este proyecto ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa de 29 de mayo de 2012 por el que aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, procediendo a anular dicho Plan Parcial.
La sentencia señala que la estimación del motivo de impugnación examinado aboca también a la nulidad de las actuaciones y procede imponer a las partes demandadas las costas procesales causadas.
El objeto de recurso fue el acuerdo de 29 de mayo de 2012 del Pleno del Ayuntamiento de Tarifa por el que se aprobó definitivamente, gracias a los votos favorables de de los ediles del PP y PA en el gobierno local, junto a los de los ediles socialistas en la oposición, el Texto Refundido del Plan Parcial de Ordenación del Sector SL-1 Valdevaqueros, presentado para cumplimentar lo indicado en el informe favorable condicionado emitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en el mes anterior.
Ese mismo día, y tras movilizarse a través de las redes sociales, comenzaron los rechazos al proyecto justificándose por grupos ecologistas encabezados por Verdemar, en que “afectaría gravemente a una zona virgen parcialmente incluida -el resto del complejo es colindante- en el Parque Natural del Estrecho, en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, y está en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales". Solo IU se opuso tajantemente al proyecto, y los ediles de ULT, se abstuvieron viendo el cariz de los acontecimientos.
El recurso de Ecologistas en Acción se basó en la "grave vulneración" de la legislación vigente al "afectar a varios espacios naturales protegidos y al no haberse sometido a la preceptiva evaluación ambiental estratégica".
A juicio de Ecologistas en Acción, "la sentencia viene a ratificar las denuncias de la asociación y deja en evidencia la complicidad del Ayuntamiento de Tarifa y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con la especulación urbanística, así como su nulo compromiso con la defensa de los enormes valores ambientales y paisajísticos del litoral gaditano".
Macrourbanización
El plan urbanístico firmado por la empresa GTM planteaba la construcción de 348 viviendas, establecimientos hoteleros con capacidad para 1.423 plazas turísticas sobre unas superficies totales de 117.651,56 y 93.191,38 metros cuadrados respectivamente, además de una zona de equipamiento turístico privado, principalmente de uso comercial, en 6.947,02 metros cuadrados en las proximidades de la playa y el Río del Valle. El planteamiento era urbanizar tanto la extensión localizada desde la carretera N-340 hacia el interior, como la zona situada a poco más de 100 metros de la línea de costa que el plan destina a espacios libres de carácter público. Ecologistas apunta a ese desarrollo como de "impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa".
En este sentido, ha recordado que Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Valdevaqueros advirtieron que esta macrourbanización afectaba a una zona virgen del Parque Natural del Estrecho, incluida en la Red Natura 2000 de la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y a la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.
Cuando Gil mandó a la mierda a los ecologistas
El proyecto urbanístico fue asumido por el gobierno del PP y del PA encabezado por Juan Andrés Gil quien lo hizo suyo y lo defendió a capa y espada señalándolo como una “actuación sostenible y una oportunidad de futuro y desarrollo socioe-conómico para el municipio”. Desde el gobierno de Gil (hoy apartado de la política institucional por la Justicia) siempre se defendió que el proyecto ofertaría más de 700 puestos de trabajo.
El Gobierno de Gil llegó a convocar a la ciudadanía a defender el proyecto, congregando en junio del año 2012 a unas 700 personas en la 'Plaza de la Ranita' donde como si del propio consejero delegado de la promotora urbanística y plano en mano, Llamada a la ciudadanía para defenderlo. El ex-alcalde apuntó al proyecto como un "desarrollo respetuoso con el medio ambiente" propuesto para la zona. "sostenible de baja edificabilidad" y alabándolo además como un proyecto beneficioso para el medio ambiente. "Por primera vez en España vamos a realizar una regeneración medioambiental mejorando lo existente", apuntó dentonces. "Cuando esté hecho será ejemplo en las escuelas de arquitectura. Esa es la realidad", sostuvo y también invitó al resto de grupos a permanecer juntos en un asunto "que no es partidista, sino en beneficio de los ciudadanos y el pueblo", dijo, entre aplausos y gritos de proclamas como "más trabajo, menos guiris" y algún "a la mierda los ecologistas" lanzados desde un gran sector del público.
Satisfacción de los ecologistas
Ecologistas en Acción y los numerosos grupos ecologistas de la Comarca del Campo de Gibraltar manifiestan su enorme satisfacción por esta sentencia que viene a dar carpetazo a unos de los proyectos más significativos de la era del ladrillo, que sorprendentemente se pretendió desarrollar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta satisfacción es aún mayor si tenemos en cuenta que una ONG, con el mero trabajo voluntario, ha conseguido ganarle en los tribunales al ayuntamiento de Tarifa, a una potente empresa promotora y a la propia Junta de Andalucía.
Nuestro objetivo ahora es que se revisen todos los planes urbanísticos de la época de la burbuja inmobiliaria para desclasificar los millones de m2 urbanizables, y que sólo en Tarifa contempla ocho macrourbanizaciones en el litoral con 5.688.627 m2, lo que multiplicaría por cuatro su actual núcleo urbano. Estas previsiones de crecimiento, que no se pueden calificar más que de delirantes, siguen vigentes con el beneplácito de ayuntamientos, empresas promotoras y Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción exige responsabilidades a los políticos y técnicos que avalaron este proyecto ilegal. Los que tanto invocan que las leyes están para cumplirse, parece que esta máxima no les incumbe a ellos y ellas.
Leer la sentencia:
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