Como Viene siendo tradicional el grupo conservacionista AGADEN-Ecologistas en Acción tras la realización en primero de año de un “un pequeño balance ambiental sobre el cual otorgamos los premios Laurisilva y Atila”.

El premio “Laurisilva” es una distinción que los socios de AGADEN-Ecologistas en Acción hacen hacia alguna persona, entidad, organismo, empresa, asociación u organización, que haya destacado por una labor a favor del medio ambiente, durante todo el año. Y en esta ocasión los conservacionistas han valorado la forma de vida del tarifeño, habitante del Betijuelo y protagonista del documental, ‘Oasis’, Ignacio Morales Trujillo, “que pone en valor el decrecimiento y el reciclaje como actitud frente a la agresión al medio ambiente, al extractivismo de los recursos naturales y la falsa idea de que son infinitos, y al despilfarro de la sociedad del consumo”.

Según el grupo ecologista, Morales Trujillo a sus 92 años es “un superviviente de un modo de vida en armonía con el entorno donde ha nacido y transcurrido toda su existencia, vive de manera austera sin alterar sus costumbres, apegadas a los ciclos de la naturaleza, en una morada de piedra y paja de más de 200 años, que mantiene como en tiempos de sus ancestros, con las mínimas adaptaciones a algunos de los servicios y tecnologías que a partir de los años 60 del siglo XX comenzaron a introducirse en la zona.

Desde la infancia ha conocido el cuidado de los animales, las labores del campo y el trabajo de la plantación de árboles que ahora le acompañan en sus paseos. Ejemplo de la preservación del medio natural, debido a su sabia observación de la naturaleza y de la concepción de que esta debe ser central en la construcción de nuestros hábitats.

Convive en equilibrio con el bosque, el huerto, los animales domésticos y los modernos y desgastados objetos cotidianos que recicla con imaginación.

En el lado contrario, el Ayuntamiento de Tarifa es junto a otras personalidades y entidades “firme candidato al premio Atila’ con el que se reconoce a la persona, entidad, organismo, empresa, asociación u organización que se haya distinguido por una mala actuación con el medio ambiente. “Siendo habitual en los últimos años, y por desgracia, el que existan más nominaciones al premio Atila que al premio Laurisilva”, lamentan desde AGADEN-EA.

El Ayuntamiento de Tarifa es nuevamente candidato a este deshonroso galardón “por el apoyo a proyectos especulativos como Las Piñas, que (según los ecologistas) adolecen de graves irregularidades legales”. Y es que para AGADEN-EA “el Ayuntamiento de Tarifa apuesta por cementar las escasas zonas del litoral gaditano que se salvaron de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, y que provocó una gravísima crisis económica y social. Parece que no han aprendido nada; se les han olvidado las penurias que provocó la especulación y la corrupción urbanística que asoló el país a finales del siglo pasado y principios de éste”, lamentan.

Pero la candidatura del Consistorio tarifeño es por partida doble y los ecologistas también subrayan, lamentan y denuncian “la continuidad de vertidos sin depurar en la playa de Los Lances como otro punto negro de este Ayuntamiento, los cuales han sido denunciados ante los Juzgados de Algeciras y Fiscalía de Medio Ambiente del área de Algeciras desde el 2016 hasta noviembre del 2020, con un total de 8 denuncias presentadas por 14 vertidos concretos, no siendo el total de los episodios de vertidos que se han dado en la costa tarifeña. Dicha descarga de aguas residuales se efectúan sin autorización alguna, contraviniendo las leyes y disposiciones generales protectoras del medio ambiente, siendo un peligro para el sistema natural de la playa de Los Lances  y para la salud de las personas”, denuncian los conservacionistas.

Otros candidatos al XXXII Atila son hasta seis entidades:

El alcalde de Jimena de la Frontera por “la proliferación y aprobación de proyectos de energías fotovoltaicas, sin que se ponga coto, estamos muy preocupados por la avalancha de aprobaciones que avanza implacable sobre 4500 hectáreas de campiña que pueden ser destruidas. Nos encontramos en un punto de inflexión de la energía fotovoltaica en España, se requiere de las administraciones su intervención para evitar burbujas especulativas, para orientar su distribución ordenada y para evitar graves impactos ambientales, así como los daños irreparables que se generaran en las actividades económicas tradicionales.”

Aseguran los ecologistas que “ante la falta de ordenación por parte de la Junta de Andalucía, es importante destacar que a nivel municipal existen herramientas para defenderse de esta especulación, sin embargo el Alcalde  de Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, ha adoptado un papel de ‘victima’ que no le corresponde, ya que dispone de herramientas administrativas para poner freno a esta especulación, declarando una Suspensión Temporal de Licencias; como medida de autoprotección de los intereses de la población, hasta que se desarrolle una normativa municipal para la correcta ordenación e implantación de estas instalaciones solares, de forma que se puedan evaluar los efectos ambientales y sociales, y desplegarse de manera racional, así como poder asociar la consideración de los impactos a una referencia común.

También es firme candidato al premio Atila el Ayuntamiento de Castellar “por mantener planes de desarrollo en base a burbujas especulativas ya que ha dado el visto bueno a la construcción de un campo de golf con urbanización, en una zona en la que la escasez de agua puede ser dramática en poco tiempo. Este campo de golf traerá consigo graves problemas en el entorno, ya no podrá abastecerse con el agua de embalsada y justificará proyectos altamente impactantes como la presa de Gibralmedina” apuntan los conservacionistas.

AGADEN insiste en que “los campos de golf en nuestra región son un instrumento de destrucción de la naturaleza y de depredación de recursos naturales escasos como el agua. Se calcula que por cada hectárea y año, el agua necesaria para mantener en óptimas condiciones un campo de golf es de 15.000 m3. Por más que los defensores de este tipo de proyectos adornen su actividad, la realidad es que las alteraciones provocadas por la construcción y puesta en funcionamiento de este tipo de instalaciones son de envergadura. Las responsabilidades, capacidades y competencias de que disponen los gobiernos locales hacen que sus intervenciones a nivel local puedan marcar la diferencia en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible tanto desde el ámbito ambiental, social o económico. La Agenda 2030 fue acordada y firmada por los gobiernos nacionales y, sin embargo, reconoce el papel crucial de las ciudades y las autoridades que las gobiernan en alcanzar el desarrollo sostenible. En este caso, el Ayuntamiento de Castellar está apostando por un desarrollando de su territorio alejado de dichos objetivos. El campo de golf viene a degradar una zona de importante valor ecológico, desde el punto de vista de la avifauna”.

Tampoco se salva de esta candidatura el Ayuntamiento de Los Barrios, por su apoyo a la planta de MARPOL, “sin considerar que podría perjudicar seriamente a la economía orientada al turismo gastronómico de la ciudad, su playa y el paraje natural del río Palmones en la Bahía de Algeciras. El alcalde de Los Barrios pretende cambiar 20 puestos de trabajo para  destruir 5000 que viven directa o indirectamente de la gastronomía del municipio de Palmones, Los Barrios, señalan los ecologistas) que denuncian que “la empresa Gamilonia SL pretende instalar una planta de tratamiento de residuos MARPOL I,  que tendrá una capacidad de tratamiento de 547.500 Toneladas /año de residuos de sentinas de buques”.

Los residuos de tipo A (residuos de petróleo crudo y agua de lastre contaminada con petróleo crudo) y tipo B (residuos de hidrocarburos y agua de lastre contaminada con productos petrolíferos distintos del petróleo crudo y con densidad menor o igual a 1) y los Tipo C (residuos de sentinas de cámara de máquinas o de equipos de depuración de combustible y aceites de motores) serán tratadas junto a las poblaciones de Guadarranque (San Roque), Guadacorte y Palmones (Los Barrios). AGADEN-EA asegura que “es sabido que el tratamiento de los  residuos MARPOL tipo A, B y C, produce emisiones que amenazan la calidad de vida en general aumentando la mortalidad, sobre todo en las personas de edad avanzada o en los individuos más sensibles. Además de perjudicar al medio natural y a las personas, los fuertes olores ácidos que crea en el ambiente, indudablemente, expulsará a las personas que vayan a Palmones en busca de ocio”.

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras es nominada por “la contaminación atmosférica de Buques en el Puerto, es una grave situación que los ciudadanos sufren día a día, suponiendo no solo un impacto contra el medio ambiente, sino una agresión diaria contra la salud de los ciudadanos, que sufren esta grave situación con la indiferencia de los directivos de la APBA.

Los ecologistas también hacen responsable a la APBA de la invasión de Rugulopteryx  okamurae, porque “probablemente procedan de las aguas de lastres de los buques que atracan y operan en las aguas del puerto de Algeciras. La APBA, con su política de continuo crecimiento e instalación de actividades peligrosas y contaminantes cercanas a grandes núcleos urbanos y parque naturales no da muestras de respeto hacia la ciudadanía y el medio ambiente de la zona”.

Por último, “Alcornocales Borondo Reserva Ambiental: La empresa catalana Carbonell Figueras S.A. promotora de la urbanización, del mismo grupo, Borondo 2000 S.L. pretende bajo la apariencia de un urbanismo de bajo impacto, promover la construcción de edificios e instalaciones con una superficie de 59.040 m2, que incluyen 263 cabañas de lujo, seis albergues-hoteles de 700 m2 y 30 habitaciones cada uno; sumando un total de 2.435 plazas turísticas”, lo que a juicio de los ecologistas le hacen firme candidata al ‘Atila 2022. “Además, el proyecto contempla la construcción 6 aulas de naturaleza, un pabellón de acogida, un centro de interpretación del parque natural y otro de multi aventuras, numerosas pistas, un parque solar, establos, instalaciones deportivas, etc.,  que ocuparían en total más de 100.000 m2, claramente este proyecto va a suponer la pérdida de la calidad ambiental en una de las poquísimas zonas de costa libre de edificación a gran escala de esta parte del Mediterráneo. La finca, declarada como no urbanizable en el PGOU de San Roque, forma parte de una zona perteneciente a la red de áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea, la Red Natura 2000, además tiene la categoría de ZEC (Zonas de Especial Conservación) y ZEPA (zonas de Especial Protección de Aves). En 2017 fue incluida en el Parque Natural Los Alcornocales tras valorar de máxima importancia para la supervivencia del parque establecer un corredor ecológico que favorezca su conexión con el litoral, lamentablemente en junio de 2021 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) era excluida del Parque natural de Los Alcornocales”, concluyen los ecologistas.