La agrupación socialista local ha realizado declaraciones al respecto del anuncio de la próxima apertura de juicio oral por lo penal contra el ex alcalde socialista, Miguel Manella y el resto de ediles imputados en el proceso judicial por la adjudicación del castillo y cerro de Santa Catalina a la empresa ‘Centro Tarifa Santa Catalina’. En tal sentido los compañeros del alcalde, inhabilitado ya a nueve años por otras causas, han mostrado su confianza en que en esta nueva etapa del proceso judicial, “tanto Miguel Manella, como los demás ex concejales puedan aclarar lo ocurrido”.

Desde el PSOE de Tarifa se muestran seguros de que “sus compañeros de la anterior Corporación actuaron de buena fe y de acuerdo con los criterios técnicos”.

El escueto apoyo de su formación se justifica según un comunicado del PSOE local en “el máximo respeto al proceso judicial abierto y no querer interferir en él de ninguna manera”.

Con todo el anuncio del pronto inicio de la vista oral, ha supuesto un varapalo en el seno socialista en general y en los antiguos ediles en particular. Y es que sobre todo el ex alcalde ve como por diferentes causas se le acumulan las sentencias en su contra, así, el pasado mes de junio, la Audiencia Provincial en su sección de Algeciras, ratificaba la condena efectuada el pasado mes de noviembre por el Juzgado Número 1 de lo Penal de Algeciras al considerarle culpable de un delito de prevaricación por no reiniciar un expediente disciplinario contra el propietario de una choza en la que “malvivía junto a su mujer”. Por esa cuestión fue condenado a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público como consecuencia de unos delitos de prevaricación al suspender un “expediente disciplinario” abierto desde la Oficina Municipal de Disciplina Urbanística.

El pasado enero el ex alcalde socialista volvía a recibir otro varapalo judicial ya que junto a tres de sus antiguos concejales fue condenado en sentencia firme a otros dos años de inhabilitación para el desempeño de cargo público, además de 600 euros de multa, en esa ocasión al aceptar un acuerdo con la Fiscalía –que le pedía hasta dos años de cárcel- que le acusaba de prevaricación al conceder una licencia para la instalación de una pérgola en un establecimiento hotelero en la cercanía del monte La Peña en suelo no urbanizable común, a pesar de los informes negativos emitidos por diversas áreas del Consistorio.