El Gobierno de la Nación, a través del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado que el Gobierno de España repercutirá sobre las administraciones públicas incumplidoras, la multa millonaria que le impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por depurar mal sus aguas residuales en 17 núcleos urbanos, entre los que se encuentra Tarifa.

El secretario de estado compareció en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para informar sobre las causas y las consecuencias de la sanción del Tribunal de Justicia de la UE del pasado mes de junio que condenó a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones por incumplir la norma comunitaria de saneamiento de aguas en los municipios entre los que se encuentra Tarifa.

Morán ha explicado que negocia con la UE el pago de la multa coercitiva y que la sanción de 12 millones de euros ha sido ya adelantada por el Estado, pero el Gobierno prepara un acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros y repercutir esa cantidad sobre las administraciones que han sido responsables de los incumplimientos.

Morán ha calificado de “inadmisible” y de “desastrosa” la situación que se encontró el actual Gobierno en materia de depuración de aguas residuales y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ahora “contra reloj” para revertirla. Según el secretario de Estado, la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia europeo “erosiona” la credibilidad de España, resta recursos que se podrían dedicar a mejorar la calidad del agua y amenaza el acceso a posibles fuentes de financiación europeas.

Las repercusiones económicas podrían afectar a la localidad, que durante décadas ha estado vertiendo las aguas negras al mar. Lo curioso del asunto, es que la repercusión económica llegaría cuando la nueva depuradora. Y es que la puesta en marcha de la nueva depuradora se concretaba el pasado 19 de julio, y la constatación de la sanción se hacía el día 26 del mismo mes. No obstante, y a pesar de que los problemas de verter las aguas sin depurar (salvo las injerencias externas y falta de una obra que evite que el emisario submarino se desborde) Morán ha precisado que: “aunque Tarifa tiene estación depuradora, las muestras que se han obtenido fuera del periodo estival, cuando la carga es más elevada, no satisfacen la directiva europea”.

El secretario de Estado ha informado de que para hacer frente a esta situación, el Gobierno va a lanzar el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) que incluye unas 3.500 actuaciones y una inversión estimada de 10.000 millones de euros en los próximos 18 años (dos terceras partes correspondientes a las comunidades autónomas)

Una estación moderna y millonaria que aún no ha resuelto el vertido de Los Lances

La estación depuradora de Tarifa es una obra con un presupuesto de 9,8 millones de euros, que debe hacerse cargo de la explotación y mantenimiento de la EDAR en cumplimiento la normativa vigente. El mantenimiento de las instalaciones se ha asignado a la empresa concesionaria del servicio de aguas en Tarifa, Aqualia.

La entrada en vigor de la depuración y el tratamiento integral de las aguas fecales no impactará en los recibos del tarifeño, según el acuerdo negociado por el Ayuntamiento para que el cumplimiento de las directivas medioambientales que obligan a la depuración no sobrecargue el recibo, preocupación ya solventada.

La EDAR de Tarifa beneficia a 30.000 habitantes, teniendo en cuenta el potencial turístico de la localidad en los meses de verano, ya que la nueva depuradora da servicio tanto al núcleo urbano actual de Tarifa, previendo el crecimiento de población que podría experimentar la zona en los próximos 25 años, como los núcleos de población de La Peña, Los Lances o Valdevaqueros.

Los núcleos urbanos afectados

De las 17 aglomeraciones urbanas afectadas por la sanción, 8 ya están en situación de cumplimiento, son las de San Pedro de Alcántara (Málaga), Noreste (en Valle de Guerra-Tenerife); Benicarló, Peñíscola (Castellón), Teulada Moraira (Rada Moraira, en Alicante), Aguiño-Carreira-Riberia (La Coruña), Santiago de Compostela y Vigo.

De las nueve que siguen en situación de incumplimiento, cuatro han sido declaradas ya de interés general y el Estado está ya trabajando en ellas; son las de Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) y Gijón Este.

Las cinco restantes son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva, Valle de Güimar (Tenerife) y Tarifa.