El padre de la menor no escolarizada acusa a la Junta de “obviar lo mejor para la niña”

Ley de escolarización otorga “potestad al delegado territorial para aumentar las ratios de una clase hasta en un 10% más por “matriculación sobrevenida por causas mayores” como es el caso por lo que los padres no entienden "cómo tras un hecho traumático se intente regresar a la normalidad regresando a su clase, con sus amigos y compañeros y la administración la consideré un mero número en lugar de una niña con necesidades”

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Los intereses y necesidad de la menor chocan con la burocracia y el tecnicismo de la Junta/S.T.
El padre de la menor no escolarizada acusa a la Junta de “obviar lo mejor para la niña”

 

Hay hechos, decisiones de las administraciones que son muy difíciles de entender. Tal es el caso del asunto denunciado en días pasados  por sindicatos y partidos políticos, en el que mostraban la negativa de la Consejería de Educación de permitir el regreso a su colegio “de toda la vida” de una pequeña de 8 años que después que sus padres sufrieran un trágico accidente de tráfico en el que murieron dos personas, y tener que estar hospitalizados tanto la madre como el padre durante un largo periodo, determinaron trasladar a la menor y su hermana de 10 años hasta el domicilio de la abuela materna en la localidad granadina de Loja, para que se hicieran cargos de ellas mientras se completaba el largo y lento proceso de recuperación hospitalaria de sus padres.

 

Se procedió entonces a realizar un traslado de matrículas excepcional a un colegio en Loja y aunque se modificaron las ratios en las aulas de 3º y 5º curso en ese centro, no hubo ningún problema, ya que la propia Ley Educativa contempla el aumento de las ratios en clases (hasta un 10% más) en situaciones sobrevenida.

 

Las pequeñas se vieron obligadas a cambiar de colegio, cambiar de compañeros, abandonar sus amigos y vivir temporalmente en una nueva ciudad. Allí, en Loja permanecieron durante el segundo trimestre. Tras la Semana Santa y sus padres, haber completado parte de su recuperación, la familia determinó entonces que “lo mejor para todos, pero sobre todo para las menores, que habían sido expuestas a una situación sobrevenida que le había afectado emocionalmente”, regresar a Tarifa y acabar el último trimestre en sus colegios “de toda la vida. Donde han crecido, donde tienen sus amigos”, manifiesta Pablo el padre.

 

La sorpresa llega -señala el padre de la pequeña- cuando tras formalizar las respectivas matrículas y “en apenas 20 minutos de haber recibido la documentación, la administración nos contesta que en el colegio Nuestra Señora de la Luz no hay plazas para las 2 pequeñas, solo para la mayor (sin que se eleve la ratio). Por lo que entiende que lo mejor para las dos pequeñas es que permanezcan juntas en otro centro educativo, el CEIP Virgen del Sol”.

 

Los padres insisten en que las niñas deberían de estar juntas, pero en su anterior colegio y la Junta se agarra a que la plaza de la más pequeñas fue ocupada, por lo que no quiere aumentar la ratio. A todo ello a pesar de que la Ley de escolarización otorga “potestad al delegado territorial para aumentar las ratios de una clase hasta en un 10% más por “matriculación sobrevenida por causas mayores” como es el caso. De hecho, en su propio argumentario para intentar justificar el separar la niñas y trasladar a la menor al colegio del Sol, la propia administración autonómica exponen que según recoge el artículo 51.5 del Decreto 21/2020 de 17 de febrero modificado en parte por el Decreto-Ley 2/2021: “En el caso de que varios hermanos o hermanas participen simultáneamente en el procedimiento extraordinario de escolarización, si uno de ellos obtiene plaza escolar en un centro docente público o concertado, la Consejería competente en materia de educación podrá autorizar la matriculación de los demás en el mismo”.

 

Ante ello y las “extrañas e increíbles” razones esgrimidas por la Junta para impedir la escolarización de la pequeña (la mayor ya ha regresado a sus clases de 5ª curso en el “colegio de La Playa (como se conoce al CEIP Nuestra Señora de la Luz), los padres reclaman que “realmente atiendan y cumplan la ley que tanto esgrimen”.

 

El padre de la pequeña denuncia que a pesar de los expresado al respecto por el delegado territorial de Educación quien señalaba que “en el proceso de escolarización, se debe tener en cuenta que los recursos públicos tienen que adaptarse a las demandas de las familias y gestionarse de forma justa y adecuada”, en este caso no se ha cumplido y en el caso de ver a mis hijas como unas niñas que han pasado por un proceso traumático y que tienen en el regreso a la normalidad una forma de superar un duro trauma, la Junta las ha visto como unos meros números, obviando el interés de la menor. Impedir que mi hija pequeña regrese a sus clases demuestra que la Junta ha hecho una injusticia fuera de toda lógica, contraria a la propia Ley educativa y lo que es más importante, carente de humanidad”.

 

Los padres reseñan además que el asunto adquiere mayor gravedad cuando el claustro, los profesores, la Dirección del colegio, incluso la Inspección Educativa, los padres y alumnos, han mostrado sus deseos de que la pequeña regrese a sus clases entendiendo que “uno más en clase no va a alterar el normal desarrollo del curso y sería lo más beneficioso para mi hija, algo que no ha sido capaz de entender la administración autonómica” insiste Pablo que subraya que resulta extraño y un agravio comparativo que en Derecho exista el in dubio pro reo, que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado o en el derecho laboral el In dubio pro operario que expresa que en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador (operario) y que lamenta que sin embargo, aun existiendo el mismo concepto para el alumnado, no se aplique a su situación familiar.

 

Pablo ha querido agradecer sinceramente todas las muestras de apoyo recibidas desde la comunidad educativa, sindicatos y formaciones políticas y la propia ciudadanía, desde donde se están recogiendo firmas para adherirse a la petición  de estos padres en pro de buscar y obtener lo mejor para su pequeña.

 

Por último, el padre de la menor ha anunciado de igual manera que pretende llevar su caso ante la Oficina del Defensor del Menor (adscrita al Defensor del Pueblo) y presentar un recurso de alzada contra la “injusta y deshumanizada resolución de la Consejería de Educación”, confiando que pueda terminar el curso en su “colegio de toda la vida”.

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