La formación política EQUO Tarifa Verdes sin representación en la corporación municipal, ha manifestado que “entiende que la reciente publicación en el BOJA relacionado a la declaración BIC de Mellaria en Valdevaqueros supone un comienzo de restauración de la legalidad relacionada con dicha petición que entienden debe de llevar a aparejado “el derribo del restaurante BiBo”, y que para el grupo político no tendría sentido que la declaración del yacimiento arqueológico no implicase el desmantelamiento de las infraestructuras hosteleras allí construidas recientemente.

Manifiesta la formación política “que los grupos ecologistas y personas a título particular vienen exigiendo sin éxito desde el 2017 a todos los estamentos, incluyendo los judiciales,  la aplicación de las directivas europeas en ésta zona. Y que ante la sistemática injusta negativa Equo Verdes Tarifa ha tomado la iniciativa de dirigirse al Parlamento europeo. Se encuentran indignados, manifiestan, ante la omisión de los derechos especificados en la Carta de los derechos de la UE, entre los cuales se encuentra articulado el derecho a la buena administración y la prohibición del abuso del derecho que sistemáticamente es pisoteado por las propias autoridades omitiendo el Principio de Precaución y de Protección, para una vez omitidos esos derechos, se conviertan inevitablemente en lo que denominan Ecocidio”.

La portavoz del partido sin representación en el Consistorio, Rosmarie Hennecke, asegura que “el Ayuntamiento ha omitido todas las alegaciones y los recursos de reposición con silencio administrativo” hacia todos los intervinientes, siendo el último recurso del que estén informados, el de la Asociación ‘Somos Tarifa’ hacia la Licencia municipal de obras provisionales en junio del 2019, cuando el local ya se encuentra abierto desde marzo del 2018. Tarifa no tiene una mala administración, es pésima, termina diciendo.

El grupo espera los siguientes pasos por parte del Parlamento Europeo, al que han vuelto a contactar para solicitarle “que se actúe de oficio por parte de las administraciones el derribo de las infraestructuras sin tener que volver a pasar por los Juzgados, ya que la experiencia demuestra, como en el caso del Algarrobico, después de 19 años de haber ganado contra su construcción, todavía no se ha ejecutado la demolición y finalizan diciendo que el cambio climático no permite más pérdida de tiempo, las actuaciones tiene que ser ya”, aseguran.