
El debate político ha saltado en plena precampaña tras conocerse las informaciones que apuntan a que la defensa legal de Koldo García habría sido costeada con fondos vinculados a OKDiario. Resulta llamativo que este medio digital, nacido como plataforma de tertulias y caracterizado por su estilo polémico, acabara sufragando supuestamente los gastos jurídicos de quien fuera cargo socialista de la mano de Ábalos.
Y es que “el mundo da tantas vueltas y allí se cayó una torre” resume bien cómo puede girar el panorama en cuestión de horas. Lo que parecía circunscribirse a un presunto caso de corrupción de personas ya expulsadas del PSOE apunta ahora a un trasfondo más complejo: erosionar la imagen de los socialistas y, en especial, la de Pedro Sánchez, a quien hasta la fecha no se le ha atribuido responsabilidad directa en las actuaciones de sus antiguos colaboradores.
Para afrontar una minuta de 242.000 euros se necesita respaldo financiero, y ahí surge la tercera pata de esta historia: el peso de la publicidad institucional que comunidades gobernadas por el PP otorgan a esta cabecera. Una dinámica que alimenta un debate más amplio sobre el uso de fondos públicos en distintas administraciones, como ocurre en Andalucía, donde sectores críticos señalan que el reparto publicitario del Gobierno de Juanma Moreno contribuye a consolidar líneas editoriales afines.
Esta estrecha relación entre poder y prensa se repite en todos los escalones institucionales. Buen ejemplo de ello es la polémica en Tarifa entre el alcalde, José Antonio Santos, y un medio digital local. En un intercambio de comunicados, el regidor reprochó al portal el endurecimiento de su línea editorial contra el equipo de gobierno.
Sin embargo, la réplica institucional resultó poco acertada al vincular ese cambio de postura con la decisión de no renovar un determinado programa televisivo de índole escolar, dejando entrever que las críticas del medio responden al malestar por dejar de percibir los ingresos de ese contrato educativo. Así lo recogía literalmente el escrito: “Todo cambió cuando, por responsabilidad y por conciencia, hubo que tomar decisiones sobre determinadas contrataciones, entre ellas la del conocido contrato (…) A partir de aquella decisión, la línea editorial de este medio parece haber cambiado radicalmente”.
Más allá del cruce de reproches, quedan preguntas pendientes sobre la gestión municipal: ¿Por qué no se renovó finalmente aquel contrato? ¿Qué criterios justificaron destinar miles de euros a una entidad privada para un concurso escolar de corte memorístico que no había sido demandado por la comunidad educativa? ¿A qué alude exactamente esa decisión tomada “por responsabilidad y por conciencia”?
A ello se suma la exigencia de aclarar qué “se traían entre manos” un concejal de máxima responsabilidad y su entorno, según publicó el citado diario, y la supuesta “amenaza directa por escrito” denunciada por el medio tras formular esa pregunta. Lo ocurrido en Tarifa exige explicaciones claras y una fiscalización firme de la oposición para garantizar la transparencia y la salud democrática del Ayuntamiento.
