Los Verdes denuncia la falta de respuestas de las administraciones sobre la polémica de la Caseta Juvenil de Tarifa

La formación asegura que sigue sin conocer qué actuaciones se han realizado sobre el cartel «Más rebujito, menos drama» y denuncia el silencio del Ayuntamiento y la falta de información de los organismos autonómicos.

La polémica por el cartel publicitario de la Caseta de la Juventud de la Feria Real de Tarifa 2026, que utilizó el lema “Más rebujito, menos drama”, suma un nuevo capítulo. Los Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado lo que considera una falta generalizada de transparencia administrativa en la tramitación de las solicitudes de información y reclamaciones presentadas ante el Ayuntamiento y distintos organismos de la Junta de Andalucía.

La formación asegura que, más de dos meses después de iniciar las gestiones para esclarecer la posible promoción del consumo de alcohol en un espacio destinado al público juvenil, todavía desconoce quién autorizó la publicidad, qué comprobaciones se llevaron a cabo y qué decisiones han adoptado las administraciones competentes.

El partido sostiene que las dificultades para obtener documentación y conocer el recorrido de las denuncias han convertido la controversia inicial sobre el mensaje publicitario en un problema más amplio de acceso a la información pública y control ciudadano de la actividad administrativa.

El primer escrito se presentó el 29 de agosto ante el Ayuntamiento de Tarifa. En él se solicitaba información sobre el expediente municipal 2026/5816, relacionado con la gestión de la Caseta Juvenil, así como documentación sobre las condiciones del contrato y las responsabilidades municipales en la autorización o supervisión de la campaña publicitaria.

Ante la falta de respuesta, Los Verdes presentó el 29 de septiembre una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Según la formación, hasta la fecha no ha recibido comunicación sobre una resolución ni información suficiente acerca del estado de tramitación del expediente.

La portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, considera que la ausencia de contestación municipal impide conocer aspectos relevantes de una actividad vinculada a la Administración local. “Cuando se solicita documentación sobre una actividad municipal, la respuesta no puede ser el silencio. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionan los espacios públicos y quién asume las responsabilidades de las decisiones adoptadas”, señala.

Una contestación de Sanidad que no despeja las dudas

La formación también cuestiona la respuesta recibida de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, a la que trasladó los hechos el mismo 29 de agosto para que examinara la posible adecuación del cartel a la normativa sobre publicidad de bebidas alcohólicas.

Según explica Los Verdes, la contestación, recibida el 7 de octubre, hacía referencia a la regulación de las denuncias administrativas y a que la presentación de una denuncia no otorga automáticamente la condición de persona interesada en un eventual procedimiento sancionador.

Sin embargo, el partido considera que la comunicación no permitió conocer qué actuaciones concretas se habían realizado, sus resultados ni la documentación administrativa generada.

Los Verdes recuerda que no tener automáticamente la condición de interesado en un procedimiento sancionador no elimina el derecho general de acceso a la información pública reconocido por la legislación de transparencia.

 

Otra solicitud a la Delegación del Gobierno andaluz

La respuesta de Sanidad también hacía referencia al traslado de los hechos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Ante la falta de información sobre el destino y la tramitación de ese traslado, Los Verdes presentó el 7 de octubre una nueva solicitud de acceso a información pública para conocer qué unidad administrativa recibió el asunto y si se habían realizado comprobaciones o adoptado alguna decisión.

La formación asegura que, a fecha de su comunicado, tampoco había recibido contestación a esta última petición.

El partido insiste en que sus reclamaciones no pretenden exigir directamente la imposición de una sanción, sino conocer qué actuaciones se han desarrollado dentro de las competencias de cada organismo y qué documentación existe al respecto.

 

Reclaman información sobre el estado de los expedientes

La formación ecologista considera que la sucesión de solicitudes sin respuesta y contestaciones que, a su juicio, no aclaran suficientemente las actuaciones realizadas está dificultando el seguimiento ciudadano del caso.

«No es aceptable que la ciudadanía tenga que dirigirse sucesivamente a diferentes administraciones, presentar reclamaciones y reiterar solicitudes para intentar averiguar qué se ha hecho con una denuncia y qué documentación existe sobre una actividad pública», sostiene el partido.

Por ello, Los Verdes reclama al Ayuntamiento de Tarifa, a los órganos competentes de la Junta de Andalucía y a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia que atiendan las peticiones pendientes y faciliten la documentación pública existente sobre la gestión de la caseta, la autorización o supervisión de su publicidad y la tramitación de las denuncias.

Asimismo, solicita que se aclare si las administraciones competentes han valorado la adecuación del lema «Más rebujito, menos drama» a la normativa sobre publicidad de bebidas alcohólicas y protección de menores, aunque subraya que no pretende prejuzgar la existencia de infracciones.

“La transparencia no consiste únicamente en publicar información institucional favorable. También exige responder a las preguntas incómodas, facilitar los documentos legalmente accesibles y explicar las decisiones administrativas”, afirma la formación.

Con este nuevo pronunciamiento, Los Verdes vuelve a situar en el centro del debate la responsabilidad de las administraciones en la gestión de una actividad vinculada a un contrato municipal y reclama que el derecho de acceso a la información no dependa de que los ciudadanos tengan que insistir durante meses o recurrir reiteradamente a organismos de control. “La información pública es un derecho, no una concesión”, concluye el partido.

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