Por: Gaspar J. Perea Cuesta
Hay problemas que no deberían formar parte del paisaje cotidiano de una ciudad. Convivir con aguas fecales a las puertas de casa es uno de ellos. La denuncia pública de los vecinos de la urbanización La Tortuga, en el paseo marítimo de Tarifa, merece algo más que una explicación pasajera cuando vuelve a llover.
Los residentes llevan más de veinte años sufriendo episodios de afloramiento de aguas residuales durante las lluvias intensas. Denuncian, además, que el Ayuntamiento y Aqualia se remiten mutuamente la responsabilidad mientras ellos siguen soportando las consecuencias. Son sus testimonios, y precisamente por su gravedad y reiteración exigen una respuesta pública clara y comprobable.
No se trata de resolver desde estas líneas una cuestión técnica ni de anticipar responsabilidades jurídicas. Se trata de exigir algo mucho más elemental: que quienes tienen funciones en la prestación, gestión y supervisión del servicio expliquen qué está fallando, qué medidas van a adoptar y en qué plazo.
No se puede dejar al margen el problema en la playa de Los Lances, especialmente en las inmediaciones del tubo-arco. Esa dimensión ambiental refuerza la necesidad de investigar y actuar, sin convertir las sospechas sobre las causas o el alcance de la contaminación en conclusiones que todavía necesitan comprobación técnica.
El problema tampoco es nuevo para la Justicia. En mayo de 2021, a raíz de una denuncia de AGADEN, el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras reconoció la existencia de vertidos de aguas residuales sin depurar a Los Lances y su potencial lesivo para el medio ambiente. La causa se archivó provisionalmente por no poder atribuir penalmente los hechos a responsables concretos, en un contexto de competencias compartidas entre administraciones. Aquel archivo no significó que los vertidos no existieran ni que el problema estuviera resuelto. Hoy, las nuevas quejas vecinales vuelven a exigir respuestas y, sobre todo, actuaciones.
La lluvia puede explicar cuándo aparece un desbordamiento; no debería servir para cerrar la conversación sobre cómo evitar que se repita. Si el problema es de capacidad, habrá que concretar las obras necesarias. Si es de mantenimiento o funcionamiento, habrá que corregirlo. Y si intervienen varias administraciones, la ciudadanía tiene derecho a exigir coordinación, no un intercambio interminable de excusas.
Tarifa necesita un diagnóstico transparente, medidas de protección mientras llega la solución y un calendario de actuaciones cuyo cumplimiento pueda seguirse públicamente. Los vecinos no deberían tener que convertirse en expertos en saneamiento para obtener respuestas.
La cuestión no es quién consigue apartarse del problema, sino quién asume el compromiso de resolverlo. La salubridad del entorno y el cuidado de Los Lances merecen hechos, no otra espera hasta la próxima lluvia.
