La institución provincial analizará las necesidades de las oficinas técnicas de localidades de menos de 25.000 habitantes. En Tarifa, la colaboración con entidades externas comenzó a tomar forma tras las demandas empresariales por los retrasos acumulados y la aprobación inicial de una ordenanza específica.
La Diputación de Cádiz estudiará la situación de las oficinas de Urbanismo de los municipios de menos de 25.000 habitantes para identificar sus necesidades y determinar qué asistencia puede prestarles. El análisis incluirá el volumen de expedientes, su estado de tramitación y los recursos técnicos y humanos disponibles, con el objetivo de mejorar la respuesta administrativa.
La iniciativa, abordada por el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, contempla posibles vías de colaboración para ayudar especialmente a las localidades con menos medios. La institución provincial pretende que el diagnóstico permita diseñar una asistencia ajustada a la realidad de cada ayuntamiento.
El planteamiento conecta con una cuestión que Tarifa lleva meses intentando resolver: la acumulación de expedientes y las dificultades de su Oficina Técnica para atender los procedimientos urbanísticos.
De las demandas empresariales a la ordenanza municipal
En Tarifa, la colaboración externa comenzó a concretarse tras la reunión del pasado 10 de junio entre el alcalde, José Antonio Santos, y representantes de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (ASPRICA). Los empresarios trasladaron su preocupación por los retrasos en licencias, declaraciones responsables y otros expedientes, y reclamaron medidas para reducir la incertidumbre administrativa.
Entre las propuestas figuraba recurrir a las Entidades Urbanísticas Certificadoras de Andalucía (EUCA), capaces de asumir determinadas comprobaciones técnicas y documentales. El encuentro dio paso al anuncio de un plan de choque para reforzar Urbanismo y a la elaboración de una ordenanza que regulara esta colaboración.
El Pleno municipal aprobó inicialmente la norma el 30 de julio y su anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 28 de agosto, abriendo un periodo de información pública hasta el 28 de septiembre.
La regulación contempla certificados de verificación documental y de cumplimiento urbanístico para que entidades especializadas puedan revisar determinados aspectos de los expedientes antes de su resolución. El Ayuntamiento mantendrá sus competencias y la potestad de decisión, mientras que parte de las comprobaciones previas podrá realizarse con apoyo externo.
Un problema técnico y también político
Desde el inicio del mandato, el funcionamiento de la Oficina Técnica ha sido objeto de críticas por parte de Nuevos Aires, socio del Gobierno local, cuyos representantes han señalado los retrasos urbanísticos como un obstáculo para proyectos considerados beneficiosos para Tarifa.
Las reclamaciones del sector empresarial han coincidido con ese diagnóstico, denunciando demoras prolongadas y falta de previsibilidad. En la reunión de junio, los promotores reclamaron medidas urgentes e incluso advirtieron de la posibilidad de emprender acciones por responsabilidad patrimonial si persistían los perjuicios derivados de los retrasos.
La incorporación de entidades colaboradoras constituye una de las respuestas planteadas, aunque no agota las posibles soluciones. El refuerzo de personal, la reorganización de los procedimientos y una mejor coordinación interna también forman parte de las medidas debatidas para descongestionar el servicio.
La asistencia provincial, pendiente de concretar
La iniciativa de la Diputación parte de un diagnóstico general que permitirá determinar qué recursos necesita cada municipio. Entre las líneas de asistencia que desarrolla la institución figuran el apoyo a la redacción de planes básicos de ordenación municipal y la contratación de personal técnico.
La diferencia es que Tarifa ya ha impulsado una regulación específica para incorporar entidades certificadoras a determinados trámites, mientras que la Diputación comienza ahora a estudiar las necesidades de las localidades de menor población para definir su apoyo. El anuncio provincial no implica que vaya a implantar automáticamente el mismo modelo.
Ambas iniciativas sitúan la colaboración técnica externa como una posible herramienta para aliviar la carga de trabajo municipal, favorecer las inversiones y reducir los tiempos de espera, sin sustituir las competencias públicas.
En Tarifa, el siguiente reto será comprobar si la aplicación efectiva de la ordenanza, junto al refuerzo de los servicios municipales, consigue traducir el compromiso adquirido con los empresarios en una reducción real de los expedientes pendientes y en una tramitación más ágil y previsible.
