Por: Gaspar J. Perea Cuesta
Hay momentos en la política local en los que las máscaras caen por completo y la crudeza de la realidad deja al descubierto las vergüenzas de la gestión pública. El pleno extraordinario y urgente este lunes 19 de octubre de 2026 en el Ayuntamiento de Tarifa fue exactamente uno de esos momentos: un retrato fiel de un equipo de gobierno acorralado, desgastado y en franca minoría, intentando apagar a toda prisa los fuegos encendidos por su propia improvisación.
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, conviene echar la vista atrás. A finales del verano de 2024, el intento de colar el convenio urbanístico del frente litoral con Granparcela SL encendió todas las alarmas. La respuesta vecinal fue fulminante y ejemplar. Bajo la bandera asamblearia de la Plataforma Ciudadana “Tarifa no se vende”, el pueblo se echó a la calle en masa, logrando frenar temporalmente aquel borrador y abriendo un debate profundo sobre la emergencia habitacional. Frente a la movilización del 9 de noviembre en La Alameda y el incontestable rigor técnico exhibido en las jornadas de la Casa de la Cultura con referentes como González Fustegueras, la estrategia del gobierno local no fue escuchar, sino contraatacar.
Fue precisamente en ese contexto de acoso social cuando Nuevos Aires Tarifa (NAT), con Jorge Benítez al frente de Urbanismo, se apresuró a enarbolar el eslogan de la «promesa cumplida» anunciando a bombo y platillo la construcción de 97 viviendas sociales en Extramuros y el Matadero. No se trataba de una planificación sosegada ni de una estrategia estructural de vivienda, sino de un cortafuegos político diseñado para neutralizar el descontento popular y vender gestión inmediata. ¿Y qué hacía mientras tanto el Partido Popular de Tarifa? Ejercer de perfecto “convidado de piedra”, dejando que su socio de coalición asumiera todo el desgaste y el choque frontal con los vecinos.
Dos años después, la estrategia ha saltado por los aires. La fractura de la alianza provincial y la disolución de su entorno político han dejado al gobierno local sentándose en vulnerabilidad numérica. El dato más elocuente de este último pleno fue la sonora ausencia del propio Jorge Benítez, impulsor del proyecto, quien tras anunciar que no optará a la alcaldía en 2027 ha dejado el barco a la deriva en el instante más crítico.
Sin Benítez en el mapa, el espectáculo plenario fue revelador. Un alcalde visiblemente incomodado, con un gesto que delataba el peso de la traición y la torpeza política, obligado a asumir y defender ante el pueblo un expediente mal gestionado desde su origen. Y enfrente, una Celia Rico que ha tenido que asumir el liderazgo de las maltrechas siglas de NAT haciendo de pararrayos de todas las críticas. Sin embargo, en lugar de encajar el golpe con autocrítica, la concejala prefirió atrincherarse en el clásico «y tú más», reprochando a la oposición «poner palos en la rueda» e ironizando con la inacción de mandatos anteriores. Cuesta entender esa agresividad dialéctica cuando, paradójicamente, parecía casi desear que la oposición votara en contra para culparlos del desastre.
Pero los datos no mienten. Lo que verdaderamente se debatía en el pleno era la constatación de un fallo garrafal: declarar desierta la licitación de los 59 alojamientos protegidos de la calle San Sebastián (Extramuros) debido a un desfase del 12% en la valoración inicial del proyecto, completamente despegada de los costes reales de los materiales. Las constructoras no acudieron porque el plan sencillamente no salía a cuenta. Y ahora, el Ayuntamiento se ve obligado a tramitar un incremento presupuestario a toda prisa y a contrarreloj, con el agua al cuello y el riesgo altísimo de perder una subvención millonaria (Adenda II) si las obras no arrancan antes del 31 de diciembre de 2026.
¿Dónde han quedado las 400 viviendas prometidas en campaña electoral o el tan cacareado PGOM? La realidad es que el proyecto de los alojamientos protegidos no decayó en el pleno gracias, única y exclusivamente, a la responsabilidad institucional de la oposición, que votó a favor para evitar que Tarifa pierda unos fondos vitales por la negligencia del gobierno.
Tarifa necesita vivienda asequible, no titulares efectistas que terminan encallados en los despachos o en licitaciones desiertas. La ciudadanía demostró en 2024 que tiene claro qué modelo de pueblo quiere. Lo que se vio en el último pleno es la demostración de que la improvisación tiene las piernas muy cortas y de que gobernar a golpe de parche no solo genera parálisis, sino que pone en peligro el futuro de todo un municipio.
Eso pasa cuando se inician proyectos contando solo con 2 técnicos de los muchos que tiene el ayuntamiento. Siempre se ha dicho que 4 ojos ven más que 2, pues el Sr. Alcalde y Benítez prefirieron solo 2 ojos, los de siempre, aquel que anda dando palos a ciegas y que está demostrando, como Santos y Benítez que también es un inepto.