Por: Gaspar J. Perea Cuesta
Una convocatoria extraordinaria para reactivar la contratación de 59 viviendas sociales plantea una pregunta de interés público: ¿Qué falta para que los expedientes se conviertan en hogares?

La vivienda social no puede medirse únicamente en anuncios, expedientes o sesiones plenarias. Su verdadero resultado son las llaves que llegan a quienes las necesitan. Por eso, la convocatoria del Pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Tarifa para el próximo 19 de octubre de 2026 merece una lectura ciudadana, más allá del lenguaje administrativo. Se convoca para debatir y aprobar, si procede; no estamos ante una adjudicación ni ante la confirmación del comienzo de las obras.
PRIMERO: Convocar a las personas que componen dicho órgano colegiado a sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación, que se celebrará en el Salón de Plenos el próximo día 19/10/2026, a las 09:00 horas, para debatir y aprobar, si procede, los asuntos del ORDEN DEL DÍA que se transcribe a continuación:
El orden del día contiene dos asuntos que, leídos juntos, merecen explicaciones. Primero, se propone declarar desierto el procedimiento de contratación de las obras de 59 alojamientos protegidos y locales sin uso definido en la calle San Sebastián 47-49. Después, se propone aprobar un expediente para construir 59 viviendas en alquiler social mediante un procedimiento abierto simplificado urgente.
- DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 59 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS Y LOCALES SIN USO DEFINIDO EN CALLE SAN SEBASTIÁN 47-49.3. APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 59 VIVIENDAS EN ALQUILER SOCIAL EN EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
En términos sencillos: se lleva al Pleno el cierre sin adjudicación de un procedimiento y la aprobación de otro expediente. La convocatoria no explica por qué se propone declarar desierto el anterior. No permite saber si faltaron ofertas o si las presentadas no reunían los requisitos. Tampoco permite atribuir lo ocurrido a un presupuesto insuficiente. Precisamente porque no lo sabemos, corresponde pedir una explicación, no sustituirla por sospechas.
Si ambos puntos responden al relanzamiento de la misma promoción, la pregunta es inevitable: ¿qué cambia ahora para que la contratación pueda salir adelante? También merece aclararse la diferencia entre hablar de «alojamientos protegidos y locales» y hablar de «viviendas en alquiler social». Puede ser una cuestión de denominación o tener un alcance mayor; este anuncio no lo resuelve.
Lo que está en juego no es solo un trámite
El motivo más preocupante figura en la propia justificación municipal: la necesidad de iniciar la actuación antes del 31 de diciembre de 2026. El Ayuntamiento vincula esa exigencia a una Adenda II de un acuerdo relativo a 97 viviendas protegidas, distribuidas en dos actuaciones, y advierte del riesgo de pérdida de la subvención concedida. La urgencia de la aprobación de los puntos 2 y 3 viene motivada por la necesidad de iniciar la actuación con anterioridad al 31 de diciembre de 2026 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE 97 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES EN DOS ACTUACIONES CON DESTINO A ALQUILER SOCIAL EN TARIFA con el consiguiente riesgo de pérdida de la subvención concedida.
No es una alarma inventada desde fuera: es un riesgo reconocido en el documento oficial. Pero conviene ser rigurosos. La convocatoria no dice que la subvención ya se haya perdido, ni permite afirmar que un eventual incumplimiento afectaría automáticamente a toda la financiación de las 97 viviendas. Tampoco reproduce las condiciones completas de la prórroga ni precisa qué debe acreditarse para considerar iniciada la actuación.
Esta distinción importa. Aprobar un expediente no equivale a adjudicar un contrato, y adjudicarlo no equivale a tener viviendas terminadas. La ciudadanía necesita saber qué hito concreto se exige antes de finalizar el año y qué calendario permitirá alcanzarlo. No basta con comunicar que se está trabajando con urgencia: hay que explicar en qué consiste ese trabajo y qué resultados verificables debe producir.
Urgencia sí; un cheque en blanco, no
Celebrar un Pleno urgente puede ser necesario para proteger el interés general. La urgencia, por sí sola, no demuestra una mala gestión. Pero tampoco debe convertirse en una respuesta que cierre cualquier pregunta sobre cómo se ha llegado a esta situación.
La responsabilidad política exige explicar tanto la solución que se propone como el problema que la hace necesaria. ¿Por qué no culminó la contratación anterior? ¿Qué condiciones incorpora el nuevo expediente? ¿Cuál es su presupuesto y cómo se financia? ¿Qué obstáculos quedan antes del comienzo efectivo? ¿Qué margen existe si la nueva licitación tampoco consigue una oferta admisible?
Estas preguntas no pretenden frenar las viviendas. Pretenden que se construyan. El control público no es enemigo de la ejecución; puede ayudar a detectar a tiempo los problemas que la impiden.
Lo que debería salir de este Pleno
Además de los acuerdos que procedan, sería deseable que el Ayuntamiento ofreciera una explicación comprensible y documentada de tres cuestiones: qué ocurrió con la licitación anterior, qué se corrige en la nueva y cuál es el calendario realista hasta el inicio y la terminación de las obras.
También debería hacerse accesible la Adenda II que fundamenta la urgencia, con sus hitos, condiciones y consecuencias. El ciudadano no tendría que interpretar una convocatoria para averiguar qué financiación está en riesgo y qué debe hacerse para conservarla.
Después del Pleno, el seguimiento debería continuar: acuerdos adoptados, publicación de la licitación, resultado, adjudicación y comienzo efectivo. Cada avance debe comunicarse por lo que es, sin presentar una fase administrativa como si fuera la culminación de la promoción.
Tarifa necesita viviendas sociales, pero también información que permita distinguir entre una intención, una aprobación y una obra en marcha. La convocatoria del 19 de octubre abre una oportunidad para desbloquear la contratación. Que esa oportunidad se convierta en viviendas dependerá de los pasos posteriores, no del carácter urgente de la sesión.
La mejor respuesta a la preocupación ciudadana no será un nuevo titular. Será una explicación clara, un calendario creíble y su cumplimiento.
