La formación, sin representación en el Ayuntamiento, pide identificar a los empleados del Consistorio y cuestiona la respuesta de la Diputación a sus solicitudes de documentación.
Se acuerdan ustedes del juego de mesa ¿Quién es quién? Pues eso precisamente es lo que pretende Los Verdes de Europa-Tarifa que a través de una nota de prensa reclaman “conocer quién ocupa los distintos puestos de trabajo del Ayuntamiento, en qué servicios desempeña sus funciones y cuál es su responsabilidad profesional”. La formación asegura que lleva años solicitando esta información junto a la asociación Somos Tarifa sin obtener, a su juicio, una respuesta satisfactoria.
El partido señala que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), publicada en la web municipal y actualizada a marzo de 2024, describe las características y retribuciones de los puestos, pero no identifica a sus ocupantes.
Ante esta situación, ambas organizaciones solicitaron el pasado 24 de agosto a la Diputación de Cádiz documentación del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) sobre las RPT y las plantillas municipales, además de información específica sobre los puestos técnicos de Urbanismo.
Según Los Verdes, las resoluciones notificadas el 11 de septiembre rechazaron facilitar la documentación en los términos solicitados, alegando la amplitud de la búsqueda, la necesidad de reelaborar la información y el carácter abusivo de la petición. La Diputación remitió a los solicitantes a la consulta de los fondos y portales generales del BOP.
La formación cuestiona estos argumentos y sostiene que existen herramientas de búsqueda automatizada que permitirían localizar parte de los documentos. Su portavoz, Rosmarie Hennecke, también coordinadora de Somos Tarifa, reclama al Ayuntamiento que identifique a los ocupantes actuales de los puestos y aporte la documentación que acredite la aprobación y publicación oficial de la plantilla y la RPT vigentes.
En su comunicado, Los Verdes acusa a las administraciones de no dar respuesta efectiva a sus peticiones y llega a afirmar que “no se quiere responder”. Esta es la valoración de la formación, que no aporta en la nota pruebas independientes que permitan confirmar esa supuesta intención.
Las organizaciones indican que sus solicitudes excluyen datos privados, como domicilios o información bancaria, y anuncian que seguirán utilizando las vías de transparencia para obtener la documentación.
