El Ayuntamiento destina más de 1.800 euros de las arcas municipales a retirar los residuos, localizados en el cruce de la carretera al Santuario con el Puerto de la Cruz, mientras vecinos reclaman investigar quién realizó el peligroso vertido.
Operarios especializados en la retirada de amianto, procediendo a la retirada del escombro ilegal junto a la carretera al Santuario/TAD
El Ayuntamiento de Tarifa ha tenido que recurrir de urgencia a una empresa especializada para retirar un vertido ilegal de amianto localizado en una vía del término municipal, después de que se detectaran escombros de fibrocemento en las proximidades del cruce de la carretera al Santuario con el Puerto de la Cruz. La actuación, que supone un desembolso superior a los 1.800 euros de fondos municipales, se produce en un contexto de creciente preocupación en la localidad por la manipulación y retirada de este material, considerado altamente peligroso para la salud.
Los trabajos están siendo realizados por la empresa especializada Global Amianto, cuyos operarios están llevando a cabo la retirada de los residuos utilizando los correspondientes equipos de protección individual (EPI), siguiendo los procedimientos específicos establecidos para este tipo de materiales.
El amianto está compuesto por un grupo de silicatos minerales cuyas fibras pueden resultar altamente perjudiciales para la salud cuando se liberan al ambiente. Por este motivo, su manipulación, retirada y gestión deben realizarse mediante procedimientos específicos y por personal y empresas debidamente especializados.
La aparición de estos residuos abandonados en una vía pública ha provocado también el malestar de vecinos de la zona, que reclaman al Ayuntamiento y a las autoridades competentes que, además de proceder a la retirada del material, se investigue quién pudo realizar el vertido y se depuren las responsabilidades correspondientes. La preocupación se centra especialmente en el riesgo que supone mantener escombros que contienen amianto en un espacio abierto y accesible hasta que puedan ser retirados y gestionados adecuadamente.
La urgencia de la actuación adquiere además una especial relevancia por la celebración, el próximo domingo, de la Cabalgata de la Patrona, que congregará a miles de personas y cuyo recorrido discurrirá por las proximidades del punto donde han sido localizados los residuos. La presencia de público en las inmediaciones ha obligado a acelerar las actuaciones para eliminar el foco antes del paso de la comitiva.
La retirada de este nuevo vertido se produce, además, después de las polémicas suscitadas con anterioridad en Tarifa en torno a la retirada de amianto durante los trabajos de demolición de las antiguas naves y casas de los almadraberos de la fábrica conservera, junto al IES Almadraba y otros centros educativos. Aquellas actuaciones fueron objeto de denuncias por parte de la Plataforma Ciudadana Tarifa No Se Vende, que cuestionó la aplicación de los protocolos establecidos para la manipulación de este material.
A estas críticas se sumó posteriormente el sindicato USTEA, que reclamó un mayor rigor en la vigilancia y aplicación de la normativa sobre amianto, especialmente cuando las intervenciones se desarrollan en las proximidades de centros educativos. El sindicato recordó igualmente la necesidad de que el amianto existente en el municipio esté adecuadamente identificado y censado y de que su retirada se realice con todas las garantías previstas legalmente.
El nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los residuos de fibrocemento en el término municipal, aunque en este caso se trata de un vertido ilegal de residuos abandonados en una vía pública. La actuación municipal permitirá retirar los restos y trasladarlos mediante los procedimientos correspondientes, pero deja pendiente determinar quién depositó el material en ese punto.
Desde el Ayuntamiento se ha lamentado que vuelvan a producirse este tipo de comportamientos y se recuerda que está expresamente prohibido abandonar residuos o escombros en la vía pública, anunciando que este tipo de conductas son objeto de sanción.
Mientras la empresa especializada culmina la retirada, los vecinos reclaman que la actuación no se limite a asumir con fondos públicos el coste de la limpieza, sino que se avance en la investigación del origen del vertido y de sus responsables, dado el especial riesgo asociado a unos residuos cuya manipulación requiere protocolos específicos y cuya presencia en un espacio público puede representar un peligro para las personas y el entorno.