El grupo reclama al Ayuntamiento que aclare la financiación, los plazos de ejecución, las garantías ambientales y el destino social de las viviendas.
El alcalde y el segundo teniente de alcalde visitando las últimas obras aparejadas a la futura construcción de las 59 viviendas de VPO/TAD
Verdes de Europa-Tarifa ha reclamado que el Ayuntamiento revise y complete la documentación relativa a la construcción de las 59 viviendas de alquiler social previstas en el antiguo colegio de Extramuros antes de que el expediente de contratación sea sometido a votación en el Pleno.
La petición se produce después de que el Ayuntamiento haya anunciado el inicio de los trabajos para desviar una canalización que atraviesa el solar situado en la calle San Sebastián 45-47. Según la información municipal citada por la formación, estas actuaciones están siendo ejecutadas por Aqualia como adaptación previa de los suministros.
El expediente de contratación de las obras será uno de los asuntos que deberá abordar el Pleno extraordinario convocado para este jueves, 3 de septiembre, a las 08.30 horas, mediante el Decreto de Alcaldía 2026/2760, de 31 de agosto. Se trata del único punto incluido en el orden del día y contempla la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado urgente, de las obras destinadas a construir las 59 viviendas en alquiler social.
Desde Verdes de Europa-Tarifa aseguran que su petición no pone en cuestión la necesidad de vivienda pública en el municipio, sino que pretende que, antes de comprometer nuevos recursos públicos, queden acreditadas las condiciones económicas, jurídicas, urbanísticas y ambientales del proyecto.
Entre las cuestiones que la formación considera pendientes de aclaración figura la financiación del proyecto. En concreto, reclama conocer qué fondos europeos, estatales, autonómicos o municipales continúan vigentes y qué modificaciones o prórrogas permitirían licitar las obras en septiembre de 2026.
También plantea dudas sobre la compatibilidad del nuevo calendario de contratación con el Programa 6 del Real Decreto 853/2021, que establecía el 30 de junio de 2026 como fecha para la finalización de las actuaciones financiadas con cargo a dicho programa.
Otro de los aspectos señalados es el compromiso de mantener las viviendas destinadas al alquiler social o a la cesión en uso durante un periodo mínimo de 50 años, así como la forma en que dicha obligación quedaría reflejada en el Registro de la Propiedad.
La formación ecologista pide asimismo documentación sobre el cumplimiento del principio europeo de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, conocido como DNSH, incluyendo las evaluaciones, declaraciones responsables, medidas de seguimiento y controles previstos.
A estas cuestiones suma la relativa a los trabajos de desvío de la canalización realizados por Aqualia. Verdes de Europa solicita identificar el expediente que ampara estas actuaciones y conocer el contrato, encargo, proyecto y presupuesto correspondientes.
La formación reclama además que el expediente de las viviendas incluya los informes técnicos, jurídicos, urbanísticos y de Intervención que, a su juicio, deben respaldar el proyecto, la disponibilidad de crédito y las posibles consecuencias económicas en caso de que la financiación prevista se reduzca o finalmente no pueda aplicarse.
Una denuncia ante la Comisión Europea
Verdes de Europa recuerda que el pasado 18 de enero presentó ante la Comisión Europea una denuncia relacionada con la aplicación del Derecho de la Unión, la financiación del proyecto, el principio DNSH y las garantías ambientales. Según la formación, la Comisión registró la denuncia con el número CPLT(2026)00210 mediante una comunicación fechada el 19 de enero.
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, señala que la Dirección General de Medio Ambiente comunicó entonces que realizaría una evaluación preliminar en un plazo de dos meses e informaría posteriormente de sus resultados y de la evolución del expediente. La formación sostiene que, a fecha de 1 de septiembre, no ha recibido información sustantiva sobre esa evaluación.
Ante esta situación, Verdes de Europa afirma haber preparado un requerimiento previo a la Comisión Europea para conocer el estado de la tramitación, solicitar la evaluación preliminar pendiente e incorporar al expediente los nuevos hechos. La formación añade que, si no obtiene una respuesta sustantiva, planteará una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo por una posible mala administración en la tramitación del expediente.
Solicita documentación antes del Pleno
Entre las medidas que Verdes de Europa dice haber solicitado al Ayuntamiento se encuentra la incorporación de sus objeciones y antecedentes al expediente que se llevará al Pleno, así como su entrega a todos los concejales antes de la votación.
También pide que se facilite o publique el expediente completo, incluyendo el proyecto, los pliegos de contratación, los informes, la documentación relativa a la financiación, la documentación sobre el cumplimiento del principio DNSH y la fiscalización económica.
La formación reclama que el punto sea retirado o quede sobre la mesa si la documentación no está completa o las cuestiones planteadas no han sido justificadamente aclaradas. Asimismo, solicita que se identifique formalmente el expediente que autoriza los trabajos realizados por Aqualia y que la Comisión Europea informe sobre la tramitación de la denuncia CPLT(2026)00210 y valore los nuevos hechos comunicados.
Verdes de Europa-Tarifa insiste en que defiende la construcción de vivienda pública y considera compatible esa posición con la exigencia de transparencia y control administrativo. La formación sostiene que la revisión previa del expediente debe servir para garantizar tanto los derechos de las futuras personas adjudicatarias como los intereses del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudadanía.
Este diario ha intentado vía telefónica conocer la opinión del alcalde al respecto, sin que se haya pronunciado al respecto.