La formación de Tarifa defiende la solidaridad con la ciudad autónoma, pero critica que determinadas decisiones se presenten como acuerdos del municipalismo español sin consenso previo.
Verdes de Europa-Tarifa ha expresado su respaldo a las muestras de solidaridad con Ceuta y su ciudadanía, aunque ha cuestionado la forma en que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo (PP), está impulsando y comunicando algunas de las iniciativas vinculadas a la situación de la ciudad autónoma.
La formación considera que determinadas actuaciones promovidas por García-Pelayo están generando división política y social al presentarse como decisiones del conjunto de los ayuntamientos españoles sin que, según sostiene, exista constancia de un acuerdo previo de los órganos colegiados de la FEMP.
Los Verdes señalan en concreto tres iniciativas: la convocatoria de concentraciones frente a los ayuntamientos de todo el país en solidaridad con Ceuta, la celebración de una Junta de Gobierno de la FEMP en la ciudad autónoma y el anuncio de que el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), sustituirá a García-Pelayo como representante en el Comité Europeo de las Regiones.
La formación considera especialmente relevante este último punto. Según expone, la sustitución se habría comunicado como un hecho cuando todavía no se habría completado el procedimiento necesario. Los Verdes sostienen que García-Pelayo continúa siendo oficialmente la titular del puesto y que Juan Vivas no figura actualmente como miembro ni como suplente del Comité Europeo de las Regiones.
En este sentido, la formación apunta que una eventual sustitución requeriría, a su juicio, un acuerdo interno válido, una propuesta del Gobierno de España y la correspondiente decisión formal del Consejo de la Unión Europea.
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa fuera del Ayuntamiento, Rosmarie Hennecke, subraya que las críticas de la formación no cuestionan la solidaridad con Ceuta.
“El cuestionamiento no se dirige contra Ceuta ni contra la solidaridad que merece su población. Se dirige contra la utilización de una causa común para impulsar actuaciones de contenido político sin consenso, empleando instituciones y medios públicos y atribuyendo al conjunto del municipalismo español decisiones que no han sido aprobadas conjuntamente”.
Hennecke defiende que la solidaridad institucional debe servir para reforzar la unidad y no para profundizar en las diferencias políticas. “La solidaridad institucional debe unir, no servir para aumentar la confrontación”, afirma.
Desde Los Verdes reclaman por ello transparencia y respeto a los procedimientos, además de una comunicación pública que, según la formación, sea rigurosa tanto en el ámbito nacional como ante las instituciones europeas. “Por ello, corresponde exigir transparencia, respeto a los procedimientos y una comunicación pública rigurosa, tanto en el ámbito nacional como ante las instituciones europeas y una rectificación pública de la información difundida”, señala la portavoz.
La formación sostiene que apoyar a Ceuta y cuestionar políticamente la forma en que se adoptan y comunican determinadas decisiones son posiciones compatibles. A su juicio, la defensa de la unidad institucional también exige que la solidaridad no se convierta en una herramienta partidista ni en una representación institucional que no refleje la pluralidad existente entre los ayuntamientos españoles.
Los Verdes critican asimismo que las comunicaciones difundidas puedan confundir una intención política con una decisión formalmente adoptada. En su opinión, las informaciones no recogerían todos los trámites necesarios y presentarían como ejecutada una decisión que todavía estaría pendiente de completar.
La formación considera especialmente significativo que estas afirmaciones se hayan difundido a través de los canales institucionales de la FEMP y no únicamente mediante una comunicación de carácter partidista. A su juicio, ello confiere a la información una apariencia de certeza administrativa que puede generar desconfianza si posteriormente no se corresponde con los procedimientos y acuerdos formalmente adoptados.
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