Los discursos del odio unido a una mala gestión gubernamental han terminado por dinamitar la convivencia y degenerado en una deshumanización por buena parte de la sociedad ceutí/A3
Las tardes en las que sopla el poniente, desde la Atalaya se ve con bastante facilidad la ciudad de Ceuta y el Monte Hacho. Desde nuestra infancia nos hemos acostumbrado a contemplar esa ciudad española enclavada en el norte de África como algo muy cercano, como algo familiar.
Las relaciones históricas entre Ceuta y Tarifa, que han sido objeto de diversas investigaciones (entre ellas, la más reciente de Javier Criado con su estudio Las relaciones de Tarifa con el norte de África en los siglos XV, XVI y XVII) demuestran cómo estas han estado basadas en la cooperación durante siglos, incluso cuando la ciudad pertenecía a la Corona portuguesa.
En nuestra historia contemporánea, la visita a la feria de la ciudad ceutí por parte de la población tarifeña permanece aún en el recuerdo colectivo. Los barcos de pesca tarifeños servían de transporte para cruzar el Estrecho y participar en la feria en honor a Santa María de África. Una feria que este año también se ha visto privada de poder desarrollarse, debido a la situación migratoria.
Además, son muchos los tarifeños y tarifeñas que, a lo largo de la historia, se han casado con vecinos de dicha ciudad o que, por motivos laborales, han vivido y viven en esa ciudad vecina. Todos estos elementos, y otros muchos, configuran unas redes de relaciones afectivas que van mucho más allá de una situación coyuntural.
Por tanto, la solidaridad del pueblo de Tarifa con los vecinos y vecinas de Ceuta, en estos momentos difíciles y tensionados que les ha tocado vivir, no puede ser sino plena y absoluta. No creo que haya nadie con sentido común que niegue la necesidad de que Ceuta recupere la normalidad que le fue arrebatada con la avalancha humana que, como han señalado numerosos especialistas, tenía un trasfondo internacional bastante complejo.
Sería conveniente que esa solidaridad se manifestara no solamente de palabra o mediante eslóganes fáciles que se esparcen por las redes sociales y que están generando en los últimos días un aumento de los discursos de odio y, por tanto, de la crispación. Esa solidaridad debe manifestarse, fundamentalmente, apoyando las medidas que, desde el ordenamiento legal, permitan que la ciudadanía ceutí recobre su vida sin sentirse insegura.
Las soluciones no son fáciles. Lo escuchamos, lo vemos y lo leemos a diario en todos los medios de comunicación. Pero, quizás, lo más difícil de estas soluciones sea poner de acuerdo a los representantes políticos, que con bastante facilidad intentan arrimar el ascua a su sardina para sacar algún voto del cabreo existente. Porque los problemas complejos no tienen soluciones simples. Y porque los problemas que trascienden lo puramente local para convertirse en un problema de Estado y, por ende, internacional, no pueden ser abordados desde eslóganes y frases que, más que buscar soluciones, únicamente pretenden señalar culpables.
Ceuta y su gente han sido descritas hasta ahora como un lugar de convivencia entre distintas culturas y religiones. Ceuta había sido descrita como esa ciudad española en el norte de África en la que la convivencia constituía un modelo de vida. Romper esa imagen de Ceuta con actos violentos y fuera de la ley es algo que ningún responsable político debería ni alentar, ni consentir, ni tan siquiera justificar.
Romper esa convivencia quizás sea lo peor que pueda pasar. No se puede obviar que un porcentaje muy importante de la población ceutí es musulmana y que también está padeciendo los inconvenientes derivados de esa avalancha humana, posiblemente programada con el fin de desestabilizar la convivencia. Una población que, como sus representantes han señalado en distintos medios, se siente ceutí y española. Una población que vive principalmente en las zonas periféricas, donde se ha mostrado una solidaridad plena y donde más se han padecido los inconvenientes creados tras el 30 de junio, hace cerca de dos meses, y que reclama con igual fuerza e insistencia las soluciones necesarias.
Por ello, creemos que se requiere por parte de los responsables públicos algo más que invitaciones a concentraciones en los ayuntamientos. Se requiere, además, que el sentido común se imponga y que este problema se afronte con unidad de acción, desde el cumplimiento del marco legal y desde el respeto a los derechos humanos. No se puede permitir que algunos quieran hacer bueno aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.