Se contaba que la revista satírica La Codorniz aprovechaba el ingenio del lenguaje para lanzar críticas veladas al Gobierno de la dictadura en sus últimos años. En uno de aquellos chistes, una carretera llena de baches aparecía acompañada por una leyenda que decía: «Los socavones del Gobierno». Aunque nunca se ha podido confirmar del todo que la frase fuera realmente suya, el tono encaja perfectamente con el espíritu mordaz de la publicación.
Y es que socavones siempre ha habido, tanto en las carreteras como, metafóricamente, en los gobiernos. Tras las últimas lluvias era previsible que el firme de muchas vías resultara dañado, y así ha ocurrido en la carretera hacia Algeciras.
La alarma social provocada por las largas colas de vehículos sufridas durante el pasado fin de semana volvió a demostrar la dependencia que buena parte de la población del Campo de Gibraltar mantiene respecto a las playas tarifeñas, aunque luego esa relación no siempre se traduzca en colaboración para su mantenimiento. La situación movilizó a una parte importante de la opinión pública y, especialmente, al sector empresarial, cuyo peso en el municipio es cada vez más evidente, tanto en el modelo económico como en el urbanístico.
Ante esta situación, el Gobierno central, responsable de la vía, envió a la subdelegada del Gobierno en Cádiz para explicar el alcance del problema y detallar las medidas previstas.
Las declaraciones del alcalde en la radiotelevisión de Tarifa fueron correctas, agradeciendo la información trasladada por la delegada. Las actuaciones anunciadas, y ya conocidas por la ciudadanía, consisten en instalar un semáforo inteligente que regule mejor el tráfico en ambos sentidos; habilitar provisionalmente un carril sobre el arcén no afectado para evitar el corte total de la circulación y permitir un tránsito lento pero continuo; y continuar las obras destinadas a garantizar la estabilidad y la seguridad del firme, ya que el problema es bastante más serio que un simple socavón.
Sin embargo, desde la página del PP tarifeño y desde distintos perfiles en redes sociales se ha acusado a las representantes del Gobierno de España de acudir al municipio para hacer campaña política. Incluso el alcalde ha mostrado su malestar porque la subdelegada se reuniera con colectivos ciudadanos, como si eso no formara parte de sus obligaciones institucionales.
El alcalde debería entender que, en asuntos de tanta importancia, su papel debe ser el de representar al conjunto de los tarifeños y tarifeñas, dejando a un lado las disputas partidistas. Porque también podría interpretarse como electoralista la reciente visita del delegado territorial de Educación, que se reunió exclusivamente con él y no con representantes de la comunidad educativa —profesorado, madres y padres— y que, además, no aportó ninguna solución concreta, algo que sí parece haber hecho la subdelegada del Gobierno respecto al problema de la carretera.
Utilizar un asunto tan sensible para desgastar políticamente al Gobierno de España resulta, cuando menos, poco serio. Y tendría más coherencia si el señor Santos, alcalde del municipio, mostrara la misma firmeza para reclamar a la Junta de Andalucía actuaciones urgentes en la carretera que conecta la N-340 desde el cruce de Retín hasta Zahara de los Atunes, atravesando distintas zonas del término municipal de Tarifa. Una vía en muy mal estado que depende de la Junta y que cada verano, con el aumento del tráfico turístico, se convierte también en un auténtico calvario para trabajadores y vecinos.
No estaría de más que el alcalde dejara de practicar aquello de “justicia, señor, pero por mi casa no”.