La formación denuncia falta de transparencia y advierte de posibles responsabilidades económicas para las arcas municipales.

El grupo político sin representación municipal, Verdes Europa-Tarifa ha exigido al Ayuntamiento el cumplimiento efectivo de la sentencia firme dictada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que obliga al Consistorio a asumir la conservación de la urbanización El Cuartón.
Según la formación, en el acta del Pleno del 27 de noviembre de 2025 se recoge, bajo el número 3098 de los decretos de Alcaldía, la “Aprobación cumplimiento de Sentencia firme Expediente 21/2014 URBANISMO”, sin mayores explicaciones públicas sobre el alcance del expediente. Desde el grupo ecologista se critica que esta referencia “sin más explicaciones” vuelve a evidenciar, a su juicio, la falta de transparencia municipal y la ausencia de una publicación activa que permita a la ciudadanía conocer el contenido y las consecuencias económicas derivadas de dicha resolución judicial.
Verdes de Europa-Tarifa sostiene que la sentencia obliga al Ayuntamiento a asumir la conservación de El Cuartón, lo que implica un coste para las arcas públicas. Asimismo, advierte de que la “negligencia continuada” por parte del Consistorio podría derivar en reclamaciones por “daños y perjuicios” por parte de propietarios que habrían recibido licencias en suelo urbano consolidado sin que este tuviera realmente tal condición.
La controversia se ha reavivado tras el Pleno del 29 de enero de 2026, en el que se aprobó la realización de un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales por parte de un tercero. Para la formación ecologista, esta decisión supone tratar la urbanización “como si se tratara de una urbanización privada”, cuando —sostienen— la responsabilidad corresponde al propio Ayuntamiento en virtud de la sentencia.
La portavoz del grupo verde, Rosmarie Hennecke, considera que la actuación municipal vulnera principios básicos del ordenamiento jurídico. “El alcalde no sabe o no quiere saber que el Estado de derecho se basa en la seguridad jurídica, el principio del derecho que garantiza a los ciudadanos la certeza, previsibilidad y conocimiento por anticipado de las normas vigentes y sus consecuencias. ¿Sabrá que con el Plan de autoprotección contra incendios forestales está realizando desvío de poder? ¿Qué es un acto ilícito? Engaño tras engaño sin querer asumir lo indicado en un Plan de Ordenación urbana de 1990 incumpliendo de base el estado de derecho y, desde el último Pleno, sigue pretendiendo obligar a propietarios asumir dicho Plan de ordenación por medio de un Plan contra incendios forestales, reemplazando ilícitamente la figura de promotor al cual permitieron enriquecerse e irse de rositas. 50 años de negligencia continuada y una urbanización donde ni un solo euro se utiliza para y en la misma”.
Desde la formación política se sostiene que el caso de El Cuartón es “La punta del Iceberg” de otras actuaciones urbanísticas y contractuales que, a su entender, podrían implicar desvíos de poder hacia terceros. La formación asegura haber solicitado en varias ocasiones información sobre procesos judiciales y sentencias en curso ante los juzgados, sin haber obtenido respuesta.
El grupo concluye que la ciudadanía tiene derecho a conocer el alcance económico de las posibles responsabilidades derivadas de la gestión municipal en materia urbanística y cuánto podrían llegar a pagar las arcas públicas en caso de prosperar reclamaciones por una presunta negligencia generalizada.
