La comunidad educativa de la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa volverá a alzar la voz este 16 de octubre. Educadoras y familias han convocado una concentración frente al centro, de 9:00 a 9:30 horas, con el objetivo de reclamar una enseñanza de calidad y denunciar la falta de personal frente al incremento de alumnos decretado por la Junta de Andalucía.
Las trabajadoras aseguran que la situación se ha vuelto “insostenible”, obligándolas a atender ratios muy superiores a las recomendadas en edades tan tempranas. “Una sola educadora no puede hacerse cargo de 20 niños y niñas de entre 0 y 3 años sin que se resienta su seguridad y el cuidado que necesitan”, explican desde el centro. Entre las escenas que describen a diario se encuentran tutoras solas con ocho bebés, o tres profesionales que deben encargarse de casi cuarenta niños en desplazamientos internos. “Son personitas que necesitan abrazos y atención. Esto no es calidad educativa”, subrayan.
La protesta llega tras meses de advertencias que, según denuncian, han sido ignoradas. Ya en junio familias y trabajadoras lanzaron un “SOS” público frente al decreto firmado el pasado 5 de marzo por el presidente andaluz, Juanma Moreno, que aumenta el número de menores por aula sin reforzar las plantillas. En el caso de Tarifa, la medida implica la creación de una nueva unidad con más de veinte pequeños y tres plazas adicionales en cada aula existente, lo que se traducirá en 29 niños más para el curso 2025/2026, sin un solo refuerzo de personal.
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar califican la situación de “auténtica brutalidad” y alertan de que no solo pone en riesgo la atención de los menores, sino también la salud laboral de las trabajadoras. “Cuando lleguen las bajas por ansiedad y estrés, ¿será entonces cuando se planteen aumentar las plantillas?”, cuestiona el sindicato, que ha solicitado una reunión urgente con la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo para revisar la Relación de Puestos de Trabajo.
Mientras tanto, el centro tarifeño sale a la calle en busca de respuestas y apoyo ciudadano, convencido de que “la educación infantil no puede tratarse como un negocio, sino como un derecho que exige calidad y recursos”.