El partido Verdes de Europa-Tarifa, formación política sin representación en el Ayuntamiento, ha lanzado duras críticas contra la viabilidad otorgada por la administración pública al proyecto eólico “El Arrebol”, previsto en el Valle de la Luz. Según la organización, el plan debería haberse paralizado desde el inicio por incumplir el Principio de Precaución y atentar contra el interés general.
En un comunicado, el partido denuncia que “no hay derecho a hacer trabajar al voluntariado en este tipo de proyectos —como en tantos otros— únicamente para obtener rédito económico, esquilmando la biodiversidad”. Además, recuerdan que el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 103 de la Constitución española obligan a la Administración a actuar con objetividad, eficacia y siempre al servicio del interés general.
Colectivos ecologistas como Agaden advierten de una práctica habitual: “A pesar de dejar constancia en papel de lo severo de los impactos, generalmente se acaba otorgando una valoración global positiva del proyecto”. El Colectivo Cigüeña Negra va más allá y cuestiona la falta de rigor técnico, señalando que la ocupación real de cada aerogenerador alcanzaría 2.663.802 m²; multiplicado por las cinco máquinas previstas, supondría más de 13 millones de metros cuadrados de “cielo ocupado”. Un espacio, denuncian, que coincide con rutas migratorias prioritarias de aves protegidas en las Zonas de Especial Conservación de Alcornocales y Estrecho, así como en el Paraje Natural de los Lances. “Aunque se hable de solo cinco aerogeneradores, esta enorme ocupación podría provocar una gran mortandad en aves prioritarias”, alertan.
Por su parte, Somos Tarifa critica la “falta de publicación activa de datos sobre la mortandad de aves” y subraya que la administración “no puede permitir proyectos que no tengan como objetivo la salud humana y la seguridad pública”, recordando que los parques naturales colindantes forman parte de la Red Natura 2000.
La portavoz de Verdes de Europa-Tarifa, Rosmarie Hennecke, ha sido tajante: “Esperamos que la administración empiece a contar con personas conscientes del medio ambiente y de los derechos ciudadanos, y que se impida el abuso de poder que se está ejerciendo”.