La plataforma ciudadana denuncia que se ha inducido a error a la opinión pública, cuando lo aprobado fue una medida técnica previa sin efectos constructivos inmediatos.
La plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende ha salido al paso de las informaciones publicadas en algunos medios, que, según denuncian, han dado a entender erróneamente que el Ayuntamiento aprobó la construcción de viviendas protegidas en la zona de El Albacerrado durante el último Pleno municipal.
En su comunicado, la plataforma aclara con contundencia que no se aprobó la construcción de 283 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ni de 231 viviendas libres, como se ha difundido, sino únicamente la delimitación de una actuación urbanística (ATU-TA-01). Esta medida, insisten, es de carácter técnico y preliminar, un trámite previo dentro del planeamiento urbanístico que no implica en ningún caso el inicio inmediato de obras ni garantiza que el proyecto se vaya a ejecutar finalmente.
“Se ha intentado presentar este acuerdo como si fuera la luz verde a un desarrollo urbanístico concreto, cuando lo cierto es que no hay ningún proyecto de construcción aprobado, ni mucho menos con plazos, condiciones o garantías definidas”, explica el comunicado.
Además, la plataforma denuncia que el supuesto carácter protegido de parte de estas viviendas es una etiqueta engañosa, ya que los ingresos estimados para acceder a ellas podrían superar los 50.000 euros anuales, una cifra muy alejada de la realidad económica de la mayoría de las familias trabajadoras de Tarifa. “Llamar vivienda protegida a algo que muchas personas no pueden permitirse solo genera frustración y falsas esperanzas”, señalan.
Tarifa No Se Vende también alerta sobre la saturación de las infraestructuras básicas del municipio, como la planta potabilizadora, ya desbordada especialmente en los meses de verano, y cuestiona el sentido de continuar promoviendo crecimientos urbanísticos sin garantizar antes servicios esenciales.
Por todo ello, la plataforma exige responsabilidad a los representantes públicos y rigor a los medios de comunicación, para no contribuir a la confusión de la ciudadanía sobre un asunto tan sensible como el acceso a la vivienda.
“Tarifa no necesita más titulares ambiguos ni promesas vacías. Necesita un PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) realista, equilibrado y justo, que permita un desarrollo sostenible sin expulsar a los propios tarifeños de su tierra”, concluyen.