Los últimos días (y desde mi atalaya) he podido contemplar cómo muchos de los aspectos que preocupan a la opinión pública no dejan de ser, en parte, la expresión de la forma de gobernar de quienes ostentan los distintos poderes, ya sean a nivel local, autonómico o nacional, y, por tanto, la solución a esos asuntos, tanto en el fondo como en la forma, depende de la voluntad política de los gobernantes.
Así, por ejemplo, a nivel nacional ha habido una cierta preocupación por la situación de Valencia tras las trágicas inundaciones que, aunque son unos fenómenos naturales incontrolables, no es menos cierto que se podría haber mitigado la muerte de tantas personas. La multitudinaria manifestación pidiendo la dimisión de Mazón es una muestra de esa preocupación, aunque, posiblemente, este tema, como otros tantos, se terminará dirimiendo en los tribunales.
A nivel autonómico hemos visto las manifestaciones de las Mareas Blancas, un movimiento que perdura en el tiempo porque cada vez son mayores y peores los problemas en el sistema sanitario público. Y es que el Gobierno de la Junta, que se le llena la boca diciendo que no tiene recursos para corregir los problemas, lo que sí parece es que tiene una cierta preferencia en desviar esos recursos a las empresas privadas. De esta manera, enriquece un sistema sanitario paralelo al público que nos podrá llevar a situaciones tan ilógicas como las que suceden en los Estados Unidos, donde solamente quien tiene dinero recibe determinados tratamientos.
Y a nivel local, en el último pleno celebrado en el ayuntamiento, se han puesto sobre la mesa muchos de los problemas que preocupan a la ciudadanía tarifeña, tanto en la forma como en el fondo.
Lo cierto es que, de las cuestiones comentadas por la opinión pública a raíz del pleno, la que más ha llamado la atención fue la espantada del portavoz de Nuevos Aires y su compañera cuando el líder de la oposición le pregunta al alcalde si conoce la famosa indemnización que su primer teniente de alcalde pide por su incapacidad laboral provocada a raíz de la multa que le puso cuando era concejal de turismo. Una indemnización que, en caso de darle la razón la justicia, se tendría que pagar con el dinero de todos los tarifeños y tarifeñas. Ello provocó que una vez más se viera como el alcalde es incapaz de controlar al portavoz de Nuevos Aires, que habló y habló acusando al portavoz socialista de haber recibido indemnizaciones cuando en verdad lo que presentaba eran gastos originados para la defensa en su ejercicio como alcalde.
Y es que eso sucedió, casi al final, cuando el gobierno local se había visto contra las cuerdas en otros muchos asuntos. Porque la bancada socialista a través de sus intervenciones mostró el pasotismo del PP y su socio para pedir la creación de un equipo de orientación para el municipio como existe en otros pueblos cercanos; la desastrosa gestión en el asunto del amianto en el colegio Guzmán el Bueno, que incluso se ha hecho contra la norma de la propia Junta; los problemas con la limpieza y las demandas de los vecinos por la mala ubicación de contenedores de residuos; el retraso en la retirada de la ornamentación de feria, que aún sigue presente en las calles; problemas de la vivienda donde los proyectos lanzados en prensa aún no están consolidados en financiación; la inacción de la Junta de Andalucía para licitar la obra del aliviadero del tubo arco…
Estos y otros muchos asuntos mostraron las contradicciones del equipo de gobierno. Y ello, a pesar de que el alcalde hiciera en ocasiones un uso partidario y sesgado de su rol de moderador. Más de una vez apagó el micro a los miembros del PSOE cuando el tema que trataban ponía en jaque al equipo de gobierno.
Por su parte, el gobierno local volvió a plantear un pleno de paños calientes, es decir, de intentar contentar a determinados sectores en detrimento del interés general, como fue aprobar un convenio con la Iglesia católica que había sido firmado por el anterior alcalde popular condenado e inhabilitado para el cargo y que prácticamente regala 2.000 metros cuadrados de un suelo urbano a cambio de recibir un edificio en ruinas que debería ser propiedad del pueblo desde que dejó de ser templo. No menos curioso fue el reparto de un sinfín de menciones y reconocimientos (que, paradójicamente, incluyó al concejal de seguridad ciudadana). Y es que está bien reconocer el esfuerzo y el sacrificio de los profesionales, pero, por ejemplo, ningún cirujano cardiovascular va a ser condecorado porque ese día intervenga un corazón y salve una vida.
Mientras esto pasaba, la plataforma “Tarifa no se vende” organizó una jornada con personas con un amplio currículum en materia urbanística, para analizar, entre otras cosas, la necesidad de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para el municipio, donde las actuaciones se hagan de manera planificada y en la dirección de la ciudad que se quiere y no dando puntadas inconexas que solo benefician a unos pocos. Un PGOU participativo y participado. Que tenga un seguimiento de la sociedad civil. También quedó expuesto que las viviendas sociales, como ha pasado en Conil, se pueden afrontar desde la institución municipal si hay voluntad política.