La plataforma exige la puesta en marcha de cuatro medidas para paliar la carencia y carestía de viviendas: modificación de las ordenanzas municipales; limitar las viviendas con fines turísticos, crear una bolsa de viviendas municipal y que la Junta declare a Tarifa zona tensionada.
Bajo el lema “si nos echan de las casas, nos veremos en las calles”, la plataforma ciudadana ‘Tarifa no se vende’ reivindica el derecho a una vivienda asequible y digna en la localidad.
Dos meses después de que estallara una protesta vecinal en cadena que la plataforma entiende fue la causa que “obligó al ayuntamiento a paralizar el convenio urbanístico con la empresa marbellí GranParcela SL” quiere mediante esta concentración convocada para este sábado 9 de noviembre a las 12:00 horas en el Paseo de la Alameda, seguir fiel a uno de los principios y objetivos fundacionales de la plataforma, más allá de la propia petición de paralización del plan de urbanización del frente litoral urbano que el gobierno del PP y Nuevos Aires tenían trazados.
La plataforma ciudadana manifiesta que “las dificultades y los obstáculos para acceder a una vivienda en condiciones dignas son de sobra conocidas en Tarifa, porque no son nuevas. Provocan situaciones realmente dramáticas, con hasta tres generaciones de una misma familia viviendo en un mismo piso. Además, los suelos y las casas que no se destinan a vivir, en su mayoría se destinan a la especulación urbanística e inmobiliaria, que en Tarifa, por sus características, va de la mano de la turistificación masiva e imparable del pueblo cuyas consecuencias negativas ya llevamos tiempo padeciendo una mayoría importante de tarifeños y tarifeñas”.
‘Tarifa no se vende’ quiere remarcar que “por definición no está en contra ni a favor de ningún partido, ni por supuesto su estrategia es la de confundir a la ciudadanía, ni sus herramientas son los bulos y las mentiras. Se trata de un movimiento netamente ciudadano que necesita todo el apoyo de todas las organizaciones políticas. Todas sin distinción y sin fisuras tienen que hacerse cargo de lo que ya es un clamor social: la vivienda es un derecho, la vivienda no es un bien de mercado. Las multitudinarias manifestaciones celebradas en apoyo al derecho a la vivienda por toda la geografía española lo demuestran. Y Tarifa, la segunda ciudad con la vivienda más cara de toda Andalucía, no podía quedarse atrás si de reivindicar la vivienda como derecho se trata”.
En este sentido, con el objeto de plantear medidas concretas, la plataforma exige la puesta en marcha de cuatro medidas que se pueden materializar inmediatamente. En primer lugar, modificar las ordenanzas municipales para que todas las promociones de vivienda privada que se construyan desde ya reserven el 60% para viviendas públicas en régimen de alquiler. En segundo lugar, crear una Bolsa de vivienda de alquiler público y de alquiler asequible, con el Ayuntamiento como garante, que permita ingresar en el mercado de alquiler de larga duración viviendas privadas con seguridad para los propietarios. Por otra parte, limitar las viviendas con fines turísticos para frenar la especulación inmobiliaria y la turistificación masiva del pueblo. Y por último, exigir unánimemente a la Junta de Andalucía que aplique la Ley de Vivienda en toda su extensión para poder declarar a Tarifa zona tensionada y limitar los precios de los alquileres.
La plataforma ha recordado que frente al modelo residencial de lujo y dedicado al turismo, existen otros modelos de gestión de la vivienda más sensibles con las necesidades sociales y que funcionan en favor del derecho a la vivienda. Un derecho equiparable al derecho que tenemos a una sanidad pública y universal, o al derecho que tenemos a una educación pública inclusiva y de calidad. Un derecho reconocido en la Constitución, umbral del resto de derechos, un derecho básico sin el cual es imposible el desarrollo de la vida misma.
Lo veo correcto, pero además creo que el Gobierno de la nación -sea cual sea su ideología- debería promulgar una ley que hiciese obligatoria la construcción de vivienda social para todas las autonomías con fecha y plazo, sería constitucional pues la materia base sería “derecho a una vivienda digna” precepto constitucional que SI podría imponerse a todas las CCAA a pesar de que tengan transferida la competencia de urbanismo que también-por diversas sentencias- debe de ser compartida con el Estado en aspectos básicos como este.