La derecha tarifeña no se aclara desde que empezó la democracia. A excepción de los años de gobierno de la UCD, donde todo parece indicar que la derecha estaba más interesada en borrar el rastro de 40 años (recordemos el incendio de las oficinas del sindicato vertical), los distintos gobiernos que han salido de las posiciones de derechas en el municipio no se han aclarado y van de escándalo en escándalo. Los periodos donde ha llegado al poder han estado salpicados por determinados hechos que muestran a todas luces un modus operandi muy particular.
Todo el mundo recuerda aquello de tirarse a la zanja y lo que repercutió en la vida de algunos de sus miembros. No menos rocambolesca resultó la llegada de la derecha al gobierno local, utilizando para ello el método menos ético que se puede emplear en la política, como es el fomento del transfuguismo. Un episodio que dio lugar a titulares como “el alcalde menos votado de la historia” y que terminó con el único alcalde condenado e inhabilitado en Tarifa, que dejó tirado a sus compañeros y compañeras de partido y se fue a negociar con las antípodas ideológicas que él decía defender.
Estos procesos han estado salpicados o aderezados con las secesiones que se han dado dentro de ella cuando algún grupo o sector de los populares tarifeños se ha visto relegado en el poder interno del partido. Recordemos los partidos localistas creados como el TAIP, que terminó como “el rosario de la Aurora” o la Unidad Liberal por Tarifa (ULT). Eso sí, en ambos casos terminaron de nuevo integrándose en el PP, porque no hay mejor pegamento que cubrir los intereses de unos y otros.
Y es que en política cualquier partido puede cometer errores, ya sea en las tareas de gobierno u oposición. Pero, hasta ahora, los escándalos e inhabilitaciones en el escenario político local siempre los ha puesto la derecha.
Y en esas parece volvemos a estar. El último pleno municipal, cuya crónica puede leerse en este telediario digital, llamó mucho la atención de la opinión pública por el controvertido tema del borrador del convenio urbanístico por el cual, prácticamente, se regalaba patrimonio público a una empresa privada. Un tema sobre el que tanto se ha hablado y posiblemente tanto dé que hablar, según se desprende de las declaraciones del concejal de urbanismo, de seguir en su intención de que el desarrollo urbanístico de Tarifa se diseñe desde Marbella u otras sedes empresariales.
El rechazo político y social a dicho planteamiento de desarrollo urbanístico parece haber frenado en primera instancia lo que a todas luces se nos antoja como un regalo del suelo público a la iniciativa privada. Como todo el mundo sabe, tal es el desatino de la propuesta que la propia Junta de Andalucía, a través de la administración educativa, comunicó que iba a presentar alegaciones a dicho borrador. En los mentideros políticos se dice que la reacción de la administración autonómica fue especialmente dura para algunos miembros del equipo de gobierno popular que vieron cómo desde arriba le daban un tirón de orejas, como en tiempos pasados se les daba a los niños que no se portaban bien.
Posiblemente, y diríamos lamentablemente, lo que se ha visto los últimos días en Tarifa no es nada más que la punta de un iceberg que hunde sus raíces en todo el término municipal. El desarrollismo por el ladrillazo parece que no tiene fin. Ya sabemos aquello que dijo el gobierno de Moreno Bonilla de facilitar las actuaciones eliminando trámites administrativos. Y este mensaje quizás ha podido ser interpretado de forma superlativa por algún concejal de pueblo que no para de repetir hasta la saciedad que la administración pública no sirve para nada y que lo que prima es la iniciativa privada, aunque esta se ejecute sobre bienes públicos.
Y es ahí donde nos situamos porque al final del pleno el portavoz del PSOE realizó una batería de preguntas al alcalde relacionadas con una serie de reuniones institucionales del Ayuntamiento de Tarifa, donde, según dijo, un promotor inmobiliario privado aparecía como asesor del concejal de urbanismo. Dicha persona, obviamente no habilitada para ello, había participado en reuniones con la empresa provincial de viviendas y suelo (Provisa), con el ministerio de Defensa, con Aqualia e incluso con una asociación que va a ser trasladada. Una cuestión que para el portavoz socialista es una anomalía democrática y que apuntó que puede ser un tráfico de influencia y de información privilegiada, algo que pidió al alcalde que debía corregir.
Todo queda en el aire, pero parece evidente que los problemas que la primera autoridad está teniendo son derivados de la gestión de un solo concejal. Quizás, ahora con todos estos datos sea momento de preguntarle al alcalde: ¿y ahora qué?