El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido hoy en el transcurso de una rueda de prensa al alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, del PP, que retire del orden del día del próximo Pleno que se celebra este viernes el convenio que daría pie a urbanizar 150.000 metros cuadrados del frente litoral urbano. Sin embargo el secretario provincial, se confunde porque el equipo de gobierno no lleva a pleno el convenio, sino que dentro de la sesión plenaria su grupo, el PSOE de Tarifa, presenta una moción al respecto, en la que solicita la paralización de la firma del referido documento y la revisión con carácter urgente del PGOU.
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Con todo, Juan Carlos Ruiz Boiz señala que “el PSOE exige lo mismo que exigen los vecinos” y advierte que “el presidente provincial, Bruno García y el PP de Cádiz, serán cómplices de esta tropelía que cuenta con el rechazo social de los tarifeños y tarifeñas pues contempla el derribo de tres centros educativos públicos -dos IES y un colegio-, del polideportivo municipal, del depósito de vehículos y pone en riesgo los puestos de trabajo existentes en la Conservera de Tarifa y Almadraba”.
Se teme el dirigente socialista que “al amparo de gobiernos del PP vuelva la cultura del pelotazo” a la provincia de Cádiz. “Ha hecho falta solo un año para que haya quedado al descubierto que el único interés que perseguían el PP y Nuevos Aires de Tarifa eran los intereses urbanísticos, la vuelta al desarrollismo urbanístico brutal de la peor etapa del PP en Tarifa”, ha subrayado.
Por eso, desde el PSOE de Cádiz “exigimos al PP que aclare a los vecinos y vecinos de Tarifa qué hay detrás de este convenio urbanístico, qué hay detrás y quién está detrás de la empresa denominada Gran Capital, una empresa de Marbella que se constituyó hace poco más de dos años, con un capital social mínimo y de la que no se conoce experiencia en el sector urbanístico”. “El PP de Cádiz todavía está a tiempo de parar la aprobación este viernes en el Pleno de Tarifa de este convenio que es todo un pelotazo urbanístico”, ha incidido para apelar también a la Junta de Andalucía, como autoridad competente en materia urbanística en Andalucía para que no le dé el visto bueno al convenio.