Los técnicos que se desmarcan de cualquier partido político, se ofrecen de forma desinteresada a participar de un proceso participativo en el que primen las necesidades colectivas de los habitantes de Tarifa y se desmarcan de partidos políticos y de sus estrategias e intereses.
El equipo de gobierno local formado por PP y NAT está viendo como en apenas dos semanas sus “intenciones y deseos urbanísticos” planteados para la transformación de frente urbano tarifeño, están siendo no sólo cuestionadas… sino rechazada de plano por partidos políticos, grupos ecologistas y buena parte de la ciudadanía.
Los intentos de explicar el proyecto (obligado por la demanda de información) no han tenido el efecto esperado y parecen haber sembrado más dudas que aclarar el asunto. A este rechazo y oposición, se le une ahora la aparición de un manifiesto que firmado por seis técnicos cuestionan el interés general y público y, lo señalan como un documento que prima el interés de la empresa privada
En el manifiesto firmado por: José Ramón Rodríguez Álvarez, Doctor arquitecto; Natalia Queiruga Galeote, arquitecta; Jorge Joaquín Jimeno Galván, arquitecto; Jorge Cádiz Reina, arquitecto y Gumersindo Praena Bohórquez, arquitecto; los técnicos apuntan al convenio entre granparcela SL y el Ayuntamiento como “un desmantelamiento arbitrario de equipamientos colectivos en un proceso interesado de facilitación al interés privado” basado dicen en “falso argumento de una inevitable e ineludible situación de deterioro” de equipamientos educativos y deportivos.
Los técnicos se ha demarcado de cualquier formación política y se niegan a valorar la capacidad financiera de la empresa promotora, se ofrecen al gobierno local para “como técnicos habilitados y competentes, y con conocimiento de las carencias y de las oportunidades del espacio de la intervención, para la puesta en marcha y el desarrollo de un proceso participativo de debate público en el que primen, por encima de intereses mercantilistas, las necesidades colectivas de los habitantes de Tarifa”.
Este es el contenido íntegro del manifiesto:
Que la actuación propuesta en el convenio, sustentada en la demolición de la piscina municipal, los dos institutos de enseñanza secundaria, el colegio de infantil y de primaria, y del polideportivo municipal, todos ellos ubicados en la primera línea del litoral, bajo el falso argumento de una inevitable e ineludible situación de deterioro en incremento de los citados edificios públicos, supone un desmantelamiento arbitrario de los equipamientos de utilización colectiva
José Ramón Rodríguez Álvarez, Doctor Arquitecto, colegiado nº579 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Natalia Queiruga Galeote, Arquitecta, colegiada nº20120 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Jorge Joaquín Jimeno Galván, Arquitecto, colegiado nº1069 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Jorge Cádiz Reina, Arquitecto Técnico, colegiado nº3056 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, Gumersindo Praena Bohórquez, Arquitecto, colegiado nº1315 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, y Álvaro García López, Arquitecto, colegiado nº1117 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, todos con domicilio profesional en Tarifa,
Ante el contenido y alcance del convenio urbanístico que pretende suscribir el Ayuntamiento de Tarifa con la entidad privada Granparcela S.L., a instancias de esta para, según el tenor del convenio, “contribuir a la cualificación del frente litoral del núcleo urbano principal de Tarifa, integrándolo efectiva y funcionalmente en la malla urbana, mejorando el acceso al dominio público marítimo terrestre y dotándolo de los servicios adecuados y con la ubicación más eficiente, que mejoren la actividad turística del municipio”, para lo que, también del tenor del convenio, la citada sociedad mercantil “actúe como promotor y, en su caso, financiador, de la iniciativa, al carecer el Ayuntamiento de recursos técnicos y humanos”, en un ámbito con una superficie cercana a los 150 mil metros cuadrados, en el que se incluyen, además de diversos espacios libres públicos, numerosos edificios municipales, tales como el antiguo parque de bomberos, el antiguo matadero, la plaza de toros, la piscina municipal, dos institutos de enseñanza secundaria, un colegio de infantil y primaria, y un polideportivo municipal, previendo el convenio para los cinco últimos, so pretexto de no estar “vinculados al frente marítimo”, la desafectación de su destino público, su demolición, su restitución en otros lugares por concretar, y la construcción en su lugar de edificios residenciales,
Queremos manifestar públicamente lo siguiente:
Que la actuación propuesta en el convenio, sustentada en la demolición de la piscina municipal, los dos institutos de enseñanza secundaria, el colegio de infantil y de primaria, y del polideportivo municipal, todos ellos ubicados en la primera línea del litoral, bajo el falso argumento de una inevitable e ineludible situación de deterioro en incremento de los citados edificios públicos, supone un desmantelamiento arbitrario de los equipamientos de utilización colectiva, de todos, en un proceso interesado de facilitación al interés privado de un lienzo en blanco en el que este pueda confeccionar a su antojo y medida un marco para la máxima generación de plusvalías. Con esto queremos decir que así no. Que es posible y necesaria otra forma de intervenir en la ciudad. Que cualificar, y, por ende, seguir haciendo ciudad, es integrar. Nunca amputar. Ni material ni mentalmente: los equipamientos que el convenio pretende demoler están fuertemente arraigados tanto en el paisaje constructivo de la ciudad como en su imaginario colectivo, son muchas las generaciones de ciudadanos tarifeños que utilizaron y siguen utilizando estos equipamientos con el mar como telón de fondo. Sí que están vinculados al frente marítimo, en contra de lo que interesadamente indica el convenio. Trasplantarlos a otros emplazamientos no es la solución. Cuantitativamente, la matemática de la operación cuadra, cualitativamente, que es en lo que se sustenta el urbanismo, no.
Que, como técnicos habilitados y competentes, y con conocimiento de las carencias y de las oportunidades del espacio de la intervención, nos ofrecemos desinteresadamente al Ayuntamiento de Tarifa para la puesta en marcha y el desarrollo de un proceso participativo de debate público en el que primen, por encima de intereses mercantilistas, las necesidades colectivas de los habitantes de Tarifa, largamente desatendidas en favor del omnipresente fomento de la actividad turística. Un proceso que desemboque en una solución de cualificación urbanística del frente litoral de Tarifa que habrá de contemplar, en todo caso, como constantes de la ecuación de la intervención, el mantenimiento de todos los equipamientos públicos del ámbito, como elementos garantes de centralidad colectiva. Con esto queremos manifestar ante la ciudadanía nuestra actitud propositiva y constructiva frente a la modelación unilateral y a sus espaldas, por parte del interés particular, de un escenario mercantilista de máximo beneficio económico en el ámbito de la actuación.
Esta manifestación se enmarca en el ámbito de las competencias y conocimientos profesionales de cada uno los firmantes, como ciudadanos comprometidos y ante la obligación deontológica de pronunciarnos públicamente ante el escenario de privatización y beneficio particular que el convenio urbanístico prevé en detrimento de la ciudadanía en general.
Por otra parte, los firmantes de este manifiesto queremos trasladar a la ciudadanía que nos desmarcamos departidos políticos y de sus estrategias e intereses. No permitimos que el contenido de este manifiesto sea utilizado para cualquier otro fin que no sea el beneficio colectivo, público y participativo del espacio litoral que se pretende cualificar, lo cual pasa, como se ha indicado, por el mantenimiento de todos los equipamientos del ámbito, y por la articulación en torno a ellos de las operaciones de mejora urbanística.
Finalmente, quisiéramos indicar que esta manifestación no entra a valorar otros aspectos no estrictamente urbanísticos como la capacidad y solvencia técnica de la empresa mercantil promotora del convenio.
Un escrito lleno de ideas. Ideas. Y de una gran belleza lingüistica. Nos da esperanza. Gracias.