La asociación ecologista denuncia que el gobierno municipal prima intereses urbanísticos privados escondidos tras holdings inmobiliario por encima del interés general y nos lleva hacia un modelo de desarrollo donde la turistificación.
AGADEN-EA pretende dar a conocer a la opinión pública “las prisas del Ayuntamiento en acelerar este tipo de proyectos y el olvido en el que han caído otros temas capitales que cada día preocupan más a una buena parte de la ciudadanía tarifeña. Proyectos que amenazan a nuestro patrimonio natural y territorio al tener fines meramente especulativos y teniendo en cuenta que el término municipal de Tarifa empieza a saturarse ante la llegada de numerosos ‘holdings inmobiliarios’ que están contribuyendo al fenómeno de la turistificación.
“A perro flaco todo se le vuelven pulgas”, y la política de desarrollo urbanístico emprendida por Partido Popular y Nuevos Aires Tarifa parece ser ese perro. Así, tras el revuelo y las voces en contra que ha suscitado la publicidad del Plan de Frente Litoral que han pactado el ayuntamiento y la mercantil ‘Granparcela SL’, hoy conocemos vía el grupo ecologista AGADEN-EA, que el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Algeciras, ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la asociación gaditana contra el Ayuntamiento tarifeño por la tramitación iniciada para desarrollar un campamento turístico en la zona de La Vega. Y que para el grupo ecologista “es un simple proyecto especulativo que en poco contribuirá a solventar los problemas urbanísticos y ambientales más acuciantes que tiene Tarifa”.
A raíz de la aprobación, en el pleno del Ayuntamiento de Tarifa del pasado 22 de marzo, del Proyecto de Actuación para campamento de turismo, con emplazamiento en la zona de La Vega, polígono 22, parcela 34 (paraje “La Peñuela”), promovido por INMOBILIARIA ALEXANDRA VII, y una vez analizada toda la documentación, la asociación asegura “haber advertido irregularidades en el procedimiento. Motivo por el que AGADEN-EA interpuso un Recurso Contencioso Administrativo en el Juzgado Nº 1 de Algeciras, y que según Decreto de fecha 19 de julio ha sido admitido a trámite”.
Con todo, la asociación ecologista ha recordado que a principios de abril de 2024 el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 1 de Algeciras dictó sentencia, aún no firme, por la que condenó “al Ayuntamiento de Tarifa a admitir a trámite la revisión de oficio instada por la recurrente”, la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, y al pago de las costas procesales. La revisión de oficio afectaba a un acuerdo plenario y a otros actos administrativos relacionados con la urbanización de la Dehesa de Las Piñas. Un procedimiento del que cabe matizar que, “no es firme porque en el procedimiento se omitió dar traslado del expediente a la empresa interesada y que no se trata de una urbanización residencial, sino un hotel.
AGADEN-EA pretende dar a conocer a la opinión pública “las prisas del Ayuntamiento en acelerar este tipo de proyectos y el olvido en el que han caído otros temas capitales que cada día preocupan más a una buena parte de la ciudadanía tarifeña. Proyectos que amenazan a nuestro patrimonio natural y territorio al tener fines meramente especulativos y teniendo en cuenta que el término municipal de Tarifa empieza a saturarse ante la llegada de numerosos ‘holdings inmobiliarios’ que están contribuyendo al fenómeno de la turistificación, precisamente en un momento que dicho fenómeno está siendo cuestionado, como hemos visto este mismo verano en las numerosas manifestaciones en Palma de Mallorca, Málaga o Cádiz por su insostenibilidad, por cómo los habitantes de las ciudades están siendo expulsados de los centros de las mismas por el turismo, por el prohibitivo precio de las viviendas y el alto precio de los alquileres, por la masificación y por la pérdida de calidad de vida, entre otros motivos”.
Entre las irregularidades que los ecologistas aseguran haber encontrado: está “el que el campamento de turismo con emplazamiento en la zona de La Vega se desarrollaría sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural (suelo rústico). Para ello el Ayuntamiento lo ha calificado “de utilidad pública o interés social”, cuando se trata de otro negocio especulativo más que apenas repercute en el interés social de la ciudadanía”. Para AGADEN-EA este hecho es “una muestra más del lobby urbanizador y especulador de suelos que principalmente pretende la plusvalía de los mismos tras obtener la cualificación que le permita construir en suelo rústico. Cuando todos sabemos que una vez pasada la vorágine de la temporada estival, muchos cámpines tienen que cerrar como ocurre en la actualidad”.
AGADEN-EA matiza que “de utilidad pública o interés social sería que se regulase la invasión turística que sufre Tarifa en verano, que se gestionasen mejor los recursos para atender a la población y a los visitantes, que se eliminasen los vertidos de aguas fecales sin depurar, que se atendiese a la necesidad de vivienda asequible a los ciudadanos de Tarifa en los que deben revertir una parte de los beneficios de una industria turística que debe ser sostenible y que actualmente va por el camino contrario”.
La asociación ecologista advierte que “estará muy atenta a la tramitación de este proyecto para que se cumpla con la legalidad, porque éste es un proyecto más que va mermando nuestro entorno natural, siendo este el principal valor con el que contamos y que atrae a tantos visitantes”.
Los ecologistas concluyen su nota llamando a la reflexión sobre el modelo de desarrollo urbanístico y turístico que necesita el municipio. “Quizás va siendo el momento de que se plantee públicamente el modelo de ciudad que queremos para el futuro antes de seguir aprobando proyectos parciales que van a saturar la ciudad sin tener garantizados otros servicios básicos. Es hora de revisar el obsoleto PGOU de Tarifa y adaptarlo a un modelo más respetuoso con el medio ambiente, donde se priorice a los ciudadanos tarifeños antes que a las promotoras urbanísticas”.
Este diario ha contactado con el alcalde para conocer la opinión al respecto de esta resolución judicial, y cómo podría afectar al futuro proyecto, sin que hasta el momento el regidor tarifeño haya atendido nuestras demandas.
¿ SILENCIO ADMINISTRATIVO ?.