El último pleno celebrado en el ayuntamiento de Tarifa fue con carácter extraordinario, aunque el argumento del gobierno local siguió siendo el ordinario de echar la culpa de todo a los gobiernos anteriores. Pero este argumento va perdiendo fuelle a medida que pasan los meses de mandato y se comprueba cómo algunas cuestiones o bien no son atendidas, o bien se hace una pobre gestión de ellas. Sirva de ejemplo de lo que se dice el hecho de que el gobierno haya tenido que modificar a la baja determinados precios del servicio de agua gestionado de forma privada por Aqualia y que se habían subido (en contra del criterio de la oposición) por el gobierno local, atendiendo así a la petición de la empresa. ¿Es a lo que se refieren cuando hablan de gobernar con criterio empresarial?
No menos interesante resultó el debate sobre el convenio con los funcionarios municipales (al que falta el del personal laboral que ha quedado sorpresivamente en el limbo). El PP argumentó que ellos lo habían hecho porque estaba sin hacer. La concejala del PSOE replicó que ellos antes de dejar el gobierno lo tenían en un documento, y entre dimes y diretes lo lamentable fue que la concejala del PP no admitiera que este hecho es un elemento distorsionador de las relaciones con los empleados municipales, pues unos han conseguido sus demandas y otros no. Porque, ¿esto que ha pasado no tendrá que ver con una discriminación entre los trabajadores municipales por su condición de funcionario o personal laboral? Posiblemente, este asunto, dé que hablar. Y en relación con este tema, también se habló de un nuevo modelo de organización del personal de la policía local para los meses de muchos visitantes: un modelo cuestionado por la oposición y que habrá que esperar qué resultados tiene.
Por último, en el transcurrir del pleno, el equipo de gobierno actual de PP y Nuevos Aires han tomado otra decisión que, a simple vista, puede pasar desapercibida pero que por algunas personas puede ser interpretado cómo al gobierno local les importa poco, pero que muy poco, la defensa del patrimonio histórico cultural. En un nuevo juego de contradicciones, ya que hace unos días con la presentación del cartel de feria hablaban de recuperar y defender las tradiciones y en un plis-plas van y se cargan de un plumazo a dos puestos de trabajo que tenían por misión (desde que se crearon con el tripartito): proteger el legado patrimonial histórico artístico de Tarifa. Y así es. En un juego casi de magia, los gobernantes actuales han cambiado a los técnicos de arqueología y de historia del arte por otros quizás más acordes a su visión empresarial de la administración pública. Estos cambios en el organigrama parece que van en la dirección inequívoca de entender al ayuntamiento como una empresa donde se prioriza la tabla de resultados, aunque solamente beneficie a unos pocos.
Resulta, al menos, curioso que esto se haya hecho tan a la ligera y que los grupos de la oposición (con quienes se crearon estos puestos de trabajo) no hayan pedido explicaciones reales del porqué. Es difícil conformarse con lo que dijo la concejala popular de que esas funciones las realizaban en colaboración con la diputación y la universidad, algo que es coyuntural y se aleja de lo que Tarifa necesita para que nuestro patrimonio no sea engullido por los depredadores. Y es que, entre los edificios nuevos (cada uno más feo) y los colores de las fachadas, entre otras muchas barbaridades, Tarifa se está convirtiendo en un híbrido de lo que fue, con lo que nunca debería ser. Aún se está a tiempo, pero para ello se debería empezar a ver el ayuntamiento como un lugar de encuentro donde defender a Tarifa y a los tarifeños y tarifeñas. De no ser así, más pronto que tarde se verán las consecuencias de ello, porque, simplemente, un ayuntamiento sólo puede llevarse con la participación de la sociedad y para nada con criterio empresarial.