El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Tarifa transcurrió con más sosiego que otros. Parecía haber un acuerdo tácito sobre la forma de debatir, incluido el “qué coño” que se le escapó al alcalde cuando le pidieron 10 minutos de receso.
En el mismo y además de los asuntos cotidianos de cada pleno, se conoció la renuncia al cargo de un concejal del grupo socialista y de la cronista oficial, ambos por motivos personales. A ambos se les reconoció su aportación en la vida pública tarifeña. Le deseamos los mejores parabienes.
Sin embargo, en el fondo del debate político, este pleno deja más dudas que certezas en la gestión del equipo de gobierno. En los distintos puntos del orden del día se iban comprobando una y otra vez las incongruencias de un equipo de gobierno que parece aplicar el dicho del “maestro mojiganga: si algo salió bien lo hizo el maestro, si salió mal lo hizo el aprendiz”. De tal manera que cuando algo es positivo, el gobierno del PP y NAT se lo atribuye sin que en ello nadie ni nada haya tenido que ver anteriormente y, sin embargo, cuando algo no es positivo, lo achacan a los anteriores gobernantes y a la herencia recibida.
En el transcurso del pleno, también, se reflejaron las actitudes de algunos de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, que parecen velar más por el interés de sus siglas que por el de la ciudadanía tarifeña y hace surgir dudas sobre la acción política de los mismos. Pongamos algunos ejemplos.
El concejal de sanidad que, además, es médico (y debe saber por su experiencia diaria cómo lo está pasando su colectivo) intenta blanquear la política de desmantelamiento de la sanidad pública que está llevando su partido político (el PP) en toda Andalucía. Y para ello, enumera una serie de datos cuantitativos que para nada reflejan la experiencia diaria de la gente de a pie cuando tienen que acudir al médico. Tanto el Partido Socialista, que había llevado la moción al pleno, como Ganar Tarifa reflexionaron sobre el proceso de privatización acelerado que Moreno Bonilla está llevando a cabo y que está provocando un deterioro de la sanidad pública hasta ahora no conocido (y muchos nos tememos que aún queda lo peor por llegar si esta gente sigue gobernando).
Segundo ejemplo. La concejala de educación asevera sin pudor alguno que la solución de la creación de un equipo orientación de Tarifa ya no es factible. Todo ello sin ruborizarse y cuando hace menos de dos meses se ha reclamado desde el Consejo Escolar Municipal; además, en septiembre su grupo suscribió una moción en esta dirección. Y lo hacía alegando que la delegada de Cádiz se lo ha dicho basándose en no sé sabe qué informe (que no presenta). Dicha concejala acepta y defiende a capa y espada la propuesta de su partido de atender la orientación de los centros de educación infantil y primaria de Tarifa con el desdoble de un equipo de orientación de Algeciras. Una experiencia que, como bien recordó la concejala socialista, ya se ha dado en Tarifa hace décadas y que no sirvió. No sabemos si por desconocimiento o mala intención, la concejala de educación quiso borrar la cantidad de veces que, en los últimos más de 10 años, tanto el Consejo Escolar Municipal como el propio pleno del Ayuntamiento han elaborado y elevado informes a las autoridades competentes. Y muy especialmente en los últimos 5 con el PP en el gobierno de Andalucía.
Y en estos dos temas, sanidad y educación, que inciden básicamente en aspectos esenciales de la vida de los tarifeños y tarifeñas aparece el discurso de Nuevos Aires cuyo portavoz, al que se le ha llenado la boca con la defensa del modelo de gestión empresarial para la administración local (o lo que es lo mismo, de los planteamientos neoliberales de hacer desaparecer los servicios públicos) lee dos discursos en los que se muestra defensor de estos servicios y además acusa a los grandes partidos de utilizarlos políticamente. Todo ello choca de frente cuando en el tema del autobús urbano hace prevalecer criterios empresariales de rentabilidad económica para poner en jaque dicho servicio municipal. Por si algo faltaba, esta persona en uno de los argumentarios perdió el hilo de la lectura que estaba haciendo y se quedó bloqueado durante bastante segundos sin saber que decir.
No menos curioso resultó la respuesta del mismo concejal a la pregunta del concejal de Ganar Tarifa sobre qué procedimiento se ha seguido en la selección de los oficiales al mando de la policía local. El delegado de Seguridad Ciudadana contestó que se había seguido el “reglamento interno del cuerpo” por escalafón y luego cargo de confianza. Al insistir en el tema y preguntar nuevamente el portavoz de Ganar Tarifa sobre si había decretos de Alcaldía para los nombramientos, dicho delegado comentó que “no recordaba bien, que creía que sí, que creía que había decretos”. En ese momento, el secretario accidental no pudo afirmar taxativamente la seguridad jurídica del procedimiento seguido y comentó que “hubo algo” con respecto a escalafón, pero que había que verlo de todas formas en el expediente, lo cual, nuevamente, volvió a dejar más dudas que certezas sobre el tema.
Y es que en este pleno donde se han aprobado modificar el reglamento de Protección Civil para dar respuesta a una petición de los voluntarios en materia de reconocimiento y distinciones, donde se han establecido las fechas locales para el próximo año (concretamente el 16 de julio Día del Carmen y 8 de septiembre Día de la Virgen de la Luz) también se han aprobado otros asuntos que pueden ser de bastante interés como es la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección de los Espacios Públicos, algo que, según el concejal de Seguridad Ciudadana, faltaba y no se había hecho en el Ayuntamiento de Tarifa para poder hacer frente a algunos actos poco cívicos (por no llamarlos vandálicos) que se producen, especialmente, durante los meses de afluencia del turismo de masas. Y aquí otra contradicción, puesto que la concejala del grupo socialista dijo que si no había recursos para sancionar cómo se habían hecho dos expedientes de sanciones que habían sido firmados por el propio alcalde.
Porque el argumento más usado por la bancada popular y sus socios de gobierno fue: “las cosas están mal porque ustedes durante ocho años no habéis hecho nada”. Y eso es lo que se dijo desde el gobierno local cuando fueron preguntados, entre otras cuestiones, por lo sucedido con el tema del cierre de parte de la playa de Atlanterra, el problema de la vivienda, el del autobús urbano o los huertos sociales. En este último asunto, el PSOE interpeló al gobierno del PP para saber si había una fecha concreta de que se pudieran entregar dichos huertos a las personas demandantes, ya que así se lo había preguntado gente en el hogar del pensionista. Nuevamente, aquí volvió a salir el argumento de culpar al anterior equipo de gobierno lo que quedó sin valor cuando el concejal socialista les esgrimió que este tema llevaba más de un año sobre la mesa y que si no lo han hecho es porque su prioridad política no está en los temas sociales y sí en los temas empresariales, como a ellos les gusta presumir.
Lo que enlaza con el último de los asuntos tratados en el turno de ruegos y preguntas y que, nuevamente, desde la bancada socialista puso en entredicho al equipo de gobierno. Según lo hablado, el señor alcalde (como empresario) tiene la concesión de un chiringuito (y no nos referimos a un chiringuito político) y por ello debe hacer frente a unas mejoras que aún no ha cubierto en el año 2024. Ante las insistentes preguntas de la concejala socialista sobre el asunto y sobre si la titularidad suya era compatible, el alcalde argumentó (muy flojito como para el cuello de la camisa) que él no estaba explotando el chiringuito, que él era él adjudicatario pero que lo explotaban los trabajadores que él tenía anteriormente. Y esto arroja aún más incertidumbre sobre el tema, pues siendo una concesión administrativa, ¿se puede pasar su explotación a otra persona o grupo de personas? Seguro que este asunto va a dar mucho que hablar porque fue la guinda a un pleno con más dudas que certezas en torno a la gestión del equipo de gobierno.